La crisis fiscal no es un problema de falta de ingresos, sino de exceso de gastos. En el último año, los ingresos del Gobierno crecieron un 6,1 % mientras que las erogaciones aumentaron un 10,6 % (datos interanuales a noviembre). En este lapso, la economía creció un 2,4 %. Si bien los ingresos suben a un ritmo 2,5 veces superior al crecimiento económico, los gastos están galopando a más de cuatro veces esa velocidad. Así, no hay plata que alcance.
Según el economista Melvin Garita, se requieren recortes de ¢670.000 millones para evitar que la deuda siga creciendo. Eso no se logra, como prometen la mayoría de los candidatos, simplemente combatiendo el despilfarro en viajes y publicidad, o poniéndoles coto a las pensiones de lujo –por más deseables que sean esas medidas–. Se necesitan reformas estructurales importantes. Lamentablemente, a pesar de que la delicada situación fiscal debería ser el gran tema de esta campaña, no hemos escuchado propuestas concretas en esa dirección.
Un buen lugar para empezar sería derogando todas las leyes y los mandatos constitucionales que establecen destinos específicos a los recursos estatales, incluyendo el 8 % del PIB a la educación. Así, eliminaríamos el perenne lloriqueo de las autoridades de que el gasto es “inflexible”.
Luego, hay que entrarle al empleo público: congelar la creación de nuevas plazas –con excepción de Seguridad–, implementar un salario único sensato que estandarice y consolide la remuneración final de los burócratas (eliminando los infames pluses) y decretar que las alzas salariales en el sector público no sean superiores a la inflación. El gobierno también debe rehusar renegociar las convenciones colectivas.
Ante el aumento desorbitante en el monto de las trasferencias a las universidades estatales –un 47,6 % del 2014 al 2018–, es razonable establecer que el crecimiento del FEES en los años venideros tampoco supere la inflación. Igual debe ponerse sobre el tapete el cierre de instituciones como el CNP, IFAM, Fanal, etc.
Implementar una agenda remotamente similar a esta requeriría de un gobierno con enorme capital político. Para ello, el próximo presidente tenía que haberles hablado de frente a los electores sobre la magnitud del problema y las medidas necesarias para evitar una crisis. Además, los votantes tuvieron que haberse convencido. Nada de eso ocurrirá de aquí al 8 de mayo.
Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas.
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