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Si cabía alguna duda sobre la urgente necesidad de reformar radicalmente la Ley Tutelar de Menores, la noticia, publicada por La Nación del primero de noviembre de 1995, en su página 10A, de que se liberó, en acato al Artículo 38 de esa ley, a un presunto corresponsable de la muerte de dos personas en las calles del centro de la capital, ocurrida en la noche del 15 de setiembre, pues el sospechoso había cumplido 18 años unas pocas semanas después de ser arrestado, tal duda queda, a mi juicio, totalmente disipada gracias a este ejemplo escandaloso de impunidad. Solamente ideólogos víctimas de un particular y extremo dogmatismo podrán todavía negar que las cosas han llegado a un punto en que agotan la paciencia de la gente, con todos los peligros para el imperio de la ley que este agotamiento implica.