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Comunicadores consideran que, desde un inicio, era evidente que órdenes sanitarias para cerrar Parque Viva eran una acción para coartar la libertad de expresión y de prensa.

Dos fallos de la Sala Constitucional, emitidos el 9 de agosto, reiteran lo que ya ha sido dicho por ese órgano y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual, en dos opiniones consultivas de 1985, sostiene que el “periodista profesional” es quien ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado.