La corte suprema de Brasil declaró inconstitucional invocar la 'legítima defensa del honor' como argumento para atenuar condenas en casos de feminicidios.
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En defensa de su honor, la presidenta de la República planteó una demanda contra un empresario que, en las redes sociales, le atribuyó la compra de terrenos valorados en millones de dólares en la península de Nicoya, así como participación en el negocio de la generación eléctrica eólica.