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Proyecto declara como ilegales las huelgas en servicios esenciales y permite que se suspenda el pago de salarios a los empleados durante esos movimientos.

La reforma permitiría rebajar los salarios en forma retroactiva a los funcionarios que participen en huelgas ilegales, al tiempo que permitiría disolver sindicatos que bloqueen vías o saboteen servicios.

Los diputados deben dejar las excusas y tramitar con prontitud los proyectos de ley que ponen fin a los abusos, sobre todo, de los funcionarios mediante huelgas.