La Comisión Especial sobre Huelgas comenzó labores este miércoles, en la Asamblea Legislativa, con la aprobación de varias mociones para pedirles criterio a sindicatos, cámaras productivas, ministerios y otras instituciones públicas sobre el proyecto de ley para frenar los abusos de las huelgas.

Ya en su primera sesión, el foro empezó con la ausencia de varios de sus integrantes, pues solo asistieron cinco de los siete miembros. Faltaron a la primera cita Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional (PRN).

Primero, se aprobaron las consultas escritas propuestas por el frenteamplista José María Villalta y por los liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León junto al oficialista Víctor Morales Mora.

Las consultas que pide Villalta se remitirán a unos 80 sindicatos, así como ministerios, Corte Suprema de Justicia y otras organizaciones e instituciones públicas.

La de Benavides, León y Morales incluye pedirles opinión a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), el Sistema Bancario Nacional y las cámaras de industrias, comercio, exportadores, agricultura y la de agroindustria.

Igualmente, se pidió el criterio de las asociaciones de zonas francas, de transportistas unitarios, de infocomunicación, de empresas de comunicación comercial, las de carga y logística, además de las cámaras de productores de piña, de turismo, de pequeñas y medianas empresas, de la construcción, la costarricense americana de comercio, la de transportistas de carga, de transportes y de autobuseros.

La propuesta de Benavides incluye también una cantidad importante de sindicatos y de bloques sindicales.

Choque entre Villalta y Benavides

Aunque esa propuesta de liberacionistas y oficialistas se aprobó, con cuatro votos a favor y uno en contra, el de Villalta, no pasó exenta de polémica.

El párrafo final de la moción generó un desacuerdo entre el presidente de la Comisión sobre Huelgas, Carlos Ricardo Benavides, y el frenteamplista Villalta.

El problema es, según el Villalta, que en la moción se plantea pedirles a los mismos sindicatos, ministerios, instituciones y cámaras empresariales criterio sobre otros tres proyectos de ley que están presentados en el Congreso sobre artículos del Código de Trabajo que regulan el derecho de huelga.

Ese párrafo final de la moción, que Villalta calificó de coletilla antirreglamentaria, dice: "Se le solicitará a los consultados se sirvan colaborar refiriéndose también a los proyectos de ley números 21.097 (de Yorleny León, sobre los servicios públicos esenciales), 21.156 (de Pedro Muñoz, para rebajar salarios a huelguistas desde el primer día, si una huelga es ilegal) y 20.190 (de Floria Segreda, para asegurar el salario a los huelguistas, aun cuando una huelga se declare ilegal).

Esa intención de los liberacionistas molestó a Villalta, quien señaló que eso no está permitido por la moción de vía rápida con que se tramita el proyecto contra los abusos en las huelgas.

No obstante, Benavides finalmente sometió la propuesta a votación y se aprobó.

“Esperamos que haya una discusión lo más franca y abierta posible sobre un tema que le importa tanto a la ciudadanía. Por eso aprobamos no una, sino dos mociones de consultas amplísimas y, en el caso de las audiencias, también. La idea es recoger las impresiones de cada uno de los interesados en este asunto, para tomar las decisiones que correspondan en democracia”, dijo.

Añadió que la comisión especial tiene derecho de pedirles a todas las organizaciones, instituciones y demás "lo que quiera".

“Esta comisión no está obligada a consultar, en exclusiva, el 21.049. Debe y puede hacerlo, pero también puede consultar el criterio de otros expedientes, tanto como esta comisión quiera hacerlo. No es obligatorio para las organizaciones consultadas, que pueden no contestar si quisieran, esas consultas”, enfatizó el liberacionista.

En cuanto a las audiencias, los diputados del foro parlamentario aprobaron recibir en la Comisión sobre Huelgas a la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

También, quieren escuchar ahí mismo a los empleados del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Sintrajap), los del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia), los sindicatos de salud, el colectivo Patria Justa, los del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y los del Poder Judicial.

Además, habrá audiencias para el presidente de la Sala Segunda de la Corte, Orlando Aguirre; el procurador general, Julio Jurado; la contralora general, Marta Acosta; el presidente de la CCSS, Román Macaya; y los ministros de Educación, Edgar Mora; Seguridad, Michael Soto, y Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.

La defensora, Catalina Crespo, y los voceros de la Uccaep, así como de las cámaras de industrias, comercio, exportadores e importadores también deberán acudir al Congreso a exponer sus ideas y opiniones sobre el plan contra los abusos en las huelgas.

¿Qué plantea el proyecto de ley?

El texto de Carlos Ricardo Benavides pretende rebajar los salarios a quienes participen en huelgas que sean declaradas ilegales en forma retroactiva, es decir, calculando el rebajo desde el primer día en que se unieron al movimiento.

Benavides argumenta que el cambio es necesario porque los juzgados han interpretado que la Reforma Procesal Laboral solo permite hacer rebajos si el empleado no regresa a laborar 24 horas después de que una huelga sea declarada ilegal.

Este texto, además, acorta a 24 horas el tiempo para que los tribunales resuelvan la legalidad de una huelga en un servicio esencial, al tiempo que impide la huelga en servicios esenciales como operaciones quirúrgicas, citas médicas, suministro de agua potable, luz, combustible, transporte de personas enfermas, servicios policiales y comedores escolares, entre otros.

En la actualidad existe un debate sobre cuáles son servicios esenciales. Según el Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, el suministro de combustibles no califica como tal.

El proyecto además castiga el bloqueo de calles o sabotaje a instituciones públicas.

Se ordena a los sindicatos tener un correo electrónico para recibir notificaciones.