Juan Fernando Lara Salas. 19 noviembre, 2020
En octubre anterior, bares y restaurantes reabrieron, eso sí con todos los protocolos para evitar la propagación del virus. Fotografía José Cordero
En octubre anterior, bares y restaurantes reabrieron, eso sí con todos los protocolos para evitar la propagación del virus. Fotografía José Cordero

La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) solicitó al Gobierno flexibilizar la restricción vehicular sanitaria para promover mayor consumo de alimentos y bebidas en restaurantes, sodas y bares.

Esa organización empresarial llamó este jueves a modificar el actual horario de restricción vehicular sanitaria para que comience a la medianoche toda la semana y, con ello, ganarse dos horas de operación comercial. Actualmente, se aplica de 10 p.m. a 5 a. m. entre semana, y desde las 9 p. m., los fines de semana.

Cacore asegura que el cambio permitiría la recuperación de puestos de trabajo suspendidos y generación de nuevos; aparte de mayores ingresos para las empresas que en menos de un mes enfrentarán el depósito de aguinaldos, pago de tributos, servicios públicos, y depósitos a proveedores y arrendadores.

Seis meses atrás, Cacore informó de que al menos 7.980 restaurantes debieron cerrar por el impacto de la pandemia, según datos de un sondeo aplicado en abril por Cacore. Esto representa el 42% del sector.

Para mayo, había 121.000 personas sin empleo en 8.550 restaurantes, sodas, cafeterías y franquicias que se vieron obligados a dejar de operar por la caída en las ventas que ocasionó la emergencia sanitaria.

Aunque la restricción vehicular ha ido acortándose con la reactivación de actividades, es cuestionada por sectores, como un grupo de alcaldes que anunció la presentación de una demanda contra el Estado.

Los jerarcas municipales afirman que esa y otras medidas violan “libertades fundamentales” de los ciudadanos. Con ese argumento objetan el decreto de emergencia nacional por covid-19, emitido en marzo, el cual permitió dictar medidas para evitar la propagación del virus.

El proceso legal lo encabezan el alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, con los abogados José Pablo Badilla Quirós y José Pablo Badilla Villanueva.

Los cursantes aclararon que la demanda únicamente tiene fines anulatorios, no compensatorios, por lo que no se cobraría al Estado por supuestos perjuicios.

Como parte de ese proceso impulsado por alcaldes, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó el 6 de noviembre la suspensión de dos decretos que regulaban los horarios de restricción vehicular sanitaria. Según ese fallo, la disposición no es efectiva para prevenir contagios.

El Gobierno lo refutó al afirmar que sí permitió contener la propagación y apeló el fallo. Además, no acató la orden al considerar que el pronunciamiento era sobre decretos de agosto que ya no rigen.

“Esperamos que, por la importancia que estas medidas tienen para la salud pública, se pueda conocer pronto para formar una decisión definitiva sobre esta materia”, informó el ministro de Comunicación, Agustín Castro el 9 de noviembre.

Un análisis del informe del Estado de la Nación, dado a conocer este martes, confirma que la restricción evitó el movimiento de los ciudadanos y así la diseminación del nuevo coronavirus.

Las caídas en la congestión vehicular, de hasta más de un 90%, son más obvias en dos momentos claves durante esta emergencia: en Semana Santa (entre el 6 y 12 de abril), y cuando se realizó el cerco epidemiológico en la Gran Área Metropolitana (GAM), entre el 12 y 19 de julio, tras confirmarse la transmisión activa comunitaria del virus.