Migrantes venezolanos viven crisis humanitaria en Costa Rica

Emmanuel tiene 12 años y hace tres y medio abandonó Venezuela, su país natal. Con su mamá y dos hermanitas, una de ellas recién nacida, huyó primero a Colombia y luego a Ecuador, donde pasaron la mayor parte del tiempo, pero como su situación no mejoró, decidieron lanzarse en la peligrosa aventura de 3.500 kilómetros para llegar a Estados Unidos.

El fin de semana anterior, la familia atravesó caminando la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, para llegar al puesto fronterizo de Paso Canoas, donde recibió asistencia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Como Emmanuel hay cientos... miles de venezolanos que desde hace meses ingresan Costa Rica.

La atención de la crisis de estos seres humanos que llegan con hambre, niños enfermos, heridos, con traumas psicológicos, mucha angustia y sin dinero se ha quedado en manos de organizaciones como Unicef, que asistió a Emmanuel, así como de municipalidades, iglesias, organizaciones no gubernamentales (ONG) y ciudadanos generosos.

Los migrantes venezolanos duermen en los suelos de calles del centro de San José, Ciudad Quesada y Upala. Algunos tienen tiendas de campaña donde se protegen de sol, lluvia o frío y comen de lo que compran en los alrededores o de lo que les regalan samaritanos. Su intención es cruzar la frontera con Nicaragua y de allí seguir hasta México y terminar en Estados Unidos.

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, no afín al régimen de Nicolás Maduro, indicó que, según sus datos, de enero a julio de este año han pasado más de 28.000 migrantes por Costa Rica y que en su país huyen más de 1.700 personas a diario, luego de que se complicara la situación a mediados de 2021. Manifestó que se trata de una crisis humanitaria compleja y multidimensional.

“Siendo conscientes de las limitaciones que enfrenta el Estado costarricense para contener el desplazamiento forzado de los venezolanos, fue necesario invocar la petición de apoyo a empresas privadas, asociaciones civiles, ONG, iglesia Católica, Evangélica, Cristiana, sociedad civil venezolana y costarricense, agencias internacionales, dispuestas a ser solidarias y parte de la solución, minimizando el caos que persiste en las tres zonas más afectadas de Costa Rica: San José, San Carlos y Paso Canoas”, explicó.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de diciembre de 2021 a mayo de 2022 aumentó 270% la llegada de migrantes a Costa Rica. De ellos, el porcentaje de venezolanos subió de 24% a 85%, situándose como la principal nacionalidad que cruza por el país.

“Se trata de un flujo mixto de personas migrantes que, en su mayoría, se encuentran en tránsito con destino hacia los Estados Unidos. De acuerdo con el último informe de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de OIM Costa Rica sobre personas en situación de movilidad por las Américas del mes de mayo de 2022, se estima ingresaron al país 13.248 personas migrantes”, puntualizó la agencia de Naciones Unidas.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó de que a la fecha no se ha dado “un acercamiento” con las autoridades migratorias de otros países y tampoco se ha considerado establecer un corredor humanitario para estos viajeros.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, “la situación fiscal” del país hace que la atención de los migrantes venezolanos sea “un verdadero desafío para el Estado” por lo que solo con cooperación internacional se podría enfrentar, pues la situación representa “un gran peso para la institucionalidad nacional”. Reconoció que no ha buscado nuevos acuerdos diplomáticos para atender este tema ni diseña un plan en caso de que se complique aún más.

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Las municipalidades de Corredores, fronteriza con Panamá, y las de Los Chiles y Upala, limítrofes con Nicaragua, que son los cantones por donde ingresan y salen los migrantes del territorio costarricense, indicaron a La Nación que para dar algún auxilio a los migrantes se han valido de recursos propios, pero son insuficientes.

“Es importante visibilizar que los gobiernos locales no tienen las condiciones económicas y de espacio para hacerle frente a estos flujos migratorios. Upala ha logrado sortear la situación gracias al trabajo articulado y a la alianza con iglesias, ONG y agencias del sistema de Naciones Unidas”, manifestó Alejandro Ubau Hernández, coordinador de la Unidad Socioeducativa de la Municipalidad de Upala.

Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) señaló que fue hasta el viernes 2 de setiembre que se reunió con los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia “para estar preparados” por si la situación se complica más.

Otras instituciones sociales del país alegan no tener competencia para ayudar, como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual señaló que “al tratarse de poblaciones que están de paso por el país, el IMAS no cuenta con las potestades legales para otorgar beneficios, según su normativa. Al no contar estas personas con documentación legal, se carece de posibilidades para otorgar los beneficios”.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recordó que cualquiera de estos migrantes puede ser atendido sin costo en las clínicas y hospitales públicos ante una situación de urgencia o emergencia, y solo necesita algún documento de identificación. Indicó que para la atención de venezolanos “la capacidad de la CCSS de momento es sostenible, pero dependerá del volumen de usuarios y las necesidades emergentes”.

Los principales diagnósticos que han reportado las unidades médicas nacionales a la hora de atender a estos viajeros han sido diarreas, vómitos, deshidratación y casos de covid-19, además de lesiones en la piel y descompensaciones por problemas crónicos como gastritis. La CCSS agregó que todos los menores de edad venezolanos deben ser atendidos sin excepción, porque los cubre el Código de la Niñez.

De hecho, los niños han sido de los más afectados por la crisis, como comentó el sacerdote Sergio Valverde, de la Asociación Obras del Espíritu Santo, que ha tenido que habilitar albergues para responder a la falta de acción institucional. Otro grupo ha sido la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), que convocó a una recolecta de víveres, ropa y medicamentos básicos este 9 de setiembre para solidarizarse con los venezolanos.

Igualmente, ha sido fundamental para los suramericanos la generosidad de la gente común, los peatones que les regalan comida, dinero o les compran los dulces que venden muchos de ellos, sobre todo, en el centro de San José.

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“Continuarán cruzando el país”

La OIM explicó que estas personas salen de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, por lo que se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo, después de la de Siria.

La Embajada de Estados Unidos, país hacia donde se dirigen la mayoría de migrantes venezolanos, recordó que desde marzo Costa Rica anunció una carta de entendimiento para cooperación en materia migratoria, que delinea los compromisos mutuos para trabajar de manera colaborativa. Asimismo, en junio se unió a la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección, para comprometerse a fortalecer los esfuerzos nacionales para crear condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular.

No obstante, el reconocido Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute) respondió a La Nación que hasta el momento la administración del presidente Rodrigo Chaves no ha dado líneas claras de cómo se desarrollará su agenda migratoria y sus escasas menciones al fenómeno migratorio sugieren que priorizará soluciones de corto plazo. “Han expresado su deseo de tener un enfoque humanitario siempre y cuando reciban más fondos de la cooperación internacional”, dijo.

“Hasta que el Gobierno adapte su marco normativo para reflejar las características actuales de los inmigrantes y las dimensiones del fenómeno, seguirá albergando una gran cantidad de inmigrantes irregulares y teniendo un sistema de asilo sobrecargado, debido a la inaccesibilidad de las categorías migratorias (...) El nuevo régimen de visas de Costa Rica solo significa que los venezolanos continuarán cruzando el país para llegar a su destino final, pero lo tendrán que hacer de manera más precaria y asumiendo más peligros”, detalló el Instituto.

Finalmente, la organización explicó que para garantizar que el tránsito de venezolanos sea humano y ordenado, Costa Rica debe priorizar una agenda migratoria con alcance regional y la cooperación bilateral con los países de origen, tránsito y destino, en lugar de depender únicamente de los procesos migratorios nacionales. “Como tal, a pesar de que Costa Rica tiene un marco normativo y legal sólido en el papel, no tiene la capacidad institucional o financiera para responder de manera eficiente y adecuada a los flujos actuales”, concluyó.

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