EscucharSin ninguna duda, la futura ministra de Vivienda, Jéssica Martínez, afirmó que entre sus prioridades a partir del próximo 8 de mayo está revisar la situación de precarios, cuyo número habría crecido por los efectos económicos de la pandemia de covid-19.
Inicialmente, explicó, deberá analizar las condiciones en las que se encuentran esos asentamientos, a fin de valorar si es posible atender a los habitantes de en el mismo sitio donde están, pues está consciente del déficit de suelo para realizar reubicaciones a lugares óptimos.
“Tenemos que revisar la política de suelo, es decir dónde estamos construyendo; la vivienda no se puede construir en las periferias de la ciudad, no se puede construir en zonas donde no hay servicios, ni equipamientos, tiene que construirse en las zonas urbanas donde hay parques, escuelas, colegios , universidades. Es ahí donde debemos estar haciendo los esfuerzos para poder controlar los asentamientos informales”, adelantó la arquitecta urbanista.
La futura jerarca, de 46 años, aseguró que una de las primeras acciones será completar el mapeo que se ha desarrollado desde otras instancias, para identificar dónde se ubican los asentamientos y cómo están las condiciones ambientales de esos sitios.
Además de dirigir el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), Martínez ocupará la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Nuevas estrategias
Martínez reconoció que para lograr los objetivos será necesario buscar mecanismos alternos de financiamiento para la vivienda e innovar en instrumentos de gestión del suelo.
“Hay equipos y esfuerzos importantes que ya se han hecho; sobre esa línea vamos a trabajar muy de la mano con el sector privado, hay que hacer alianzas estratégicas con la academia y fortalecer la institucionalidad. Es un trabajo que iniciamos y esperamos poder comunicar pronto cuáles van a ser esas primeras líneas”, agregó.
De acuerdo con datos de Vivienda, unas 12.000 familias del país están actualmente en riesgo de ser desalojados de estos asentamientos, según advertencias de la actual jerarca, Irene Campos.
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Esa cantidad se estimó con base en consultas a municipalidades. Se derivan, por un lado, de las consecuencias de la crisis económica por pandemia cuando muchas familias quedaron sin ingresos para pagar alquileres; por otro, porque desalojos que estaban pendientes dejaron de realizarse por disposición del Gobierno, en consideración a la misma crisis.
De hecho, en entrevista con La Nación, Campos había dicho que era la principal preocupación que trasmitiría a la persona que la sucediera en el puesto.
Datos del Cuerpo de Bomberos al 2019 identificaban 462 precarios en el país.
Vivienda de clase media
Otro de los pendientes arrastrado por años en la cartera de Vivienda, ha sido la escasa solución para familias de clase media.
Sobre ese tema, Martínez considera que se deben fortalecer las iniciativas que se han impulsado en los últimos años, tomando en consideración las limitaciones de suelo.
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“Estamos expandiendo la ciudad hacia zonas donde no debemos expandir, poniendo en riesgo los recursos naturales, la seguridad alimentaria, tenemos que densificar nuestras ciudades, tenemos que garantizar que realmente haya acceso en los centros de población, replobar las ciudades en el mejor sentido de la palabras”, insistió.
