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El viernes anterior, La Nación publicó que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) perdonó el cobro de bonos Proteger a 34 funcionarios públicos. Horas después, por medio de un comunicado de prensa, la entidad cambió de criterio y ahora afirma que tratará de anular las resoluciones y recuperará las fondos públicos transferidos de manera irregular.
“La institución realizará un procedimiento interno con el fin de determinar la existencia de lesiones al ordenamiento jurídico y a la Hacienda Pública. Este proceso se llevará a cabo de conformidad con las regulaciones establecidas en la Ley General de Administración Pública”, declaró el IMAS. No obstante, no precisaron los detalles de cómo será el procedimiento para declarar la nulidad.
¿Qué sucedió? El IMAS tiene en sus manos 71 procesos de recuperación de bonos Proteger por un total de ¢10,6 millones. De los 71 ya ejecutó 35 y solo uno de ellos concluyó en la devolución de ¢125.000 al Estado. De acuerdo con información entregada por la entidad a solicitud de este diario, perdonaron a 34 porque se trataba de funcionarios públicos en condición de pobreza o con ingresos netos menores al salario mínimo.
El proceder del IMAS es contrario a la orden del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. El 15 de junio, el mandatario dijo que daba un mes para que los 1.309 empleados estatales que cobraron el bono Proteger “en contra de la ley” devolvieran, en total, ¢158 millones.
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La exoneración se basa en el decreto ejecutivo N°43162-MP-MTSS-MDHIS, “Procedimiento Especial de Recuperación de Sumas del Bono Proteger”, publicado en el diario oficial La Gaceta en agosto de 2021. Ese documento estableció que se debe conformar un órgano director para valorar cada caso y considerar la condición socioeconómica del funcionario público beneficiado, la suma adeudada, la tenencia de bienes muebles e inmuebles y el salario.
El 7 de setiembre, durante una entrevista, Yorleny León, presidenta ejecutiva del IMAS, declaró que exigir la devolución del bono Proteger a trabajadores públicos en condición de pobreza o con remuneraciones netas menores a las mínimas de ley no tenía mucho sentido.
“Recuperar esos recursos no tiene mucho sentido bajo esas condiciones socioeconómicas que tienen los funcionarios. Podríamos irnos a la vía civil, pero la recomendación del órgano es que irnos por esa vía, para cada uno de los 71 casos, podría resultar más alto el costo para la entidad que la recuperación del bono”, enfatizó la jerarca.
Pero la posición ahora es otra. En el boletín de prensa divulgado por el Instituto hubo un giro de 180 grados.
“Desde el IMAS lucharemos por la recuperación de los montos dados a personas a las que no les correspondía. El bono Proteger surgió con el objetivo de apoyar a quienes sufrieron afectaciones por la pandemia de la covid-19, que perdieron su trabajo o cuyas jornadas fueron reducidas. Nunca fue la esencia de ese subsidio ser otorgado a personas que no se vieron perjudicadas por estas circunstancias”, señaló León.
Este lunes 19 de setiembre se enviaron consultas, vía mensaje de texto, a la jerarca del IMAS sobre este tema. Entre ellas, cómo se pretende realizar la nulidad, si se derogará el decreto ejecutivo mencionado y por qué cambió de criterio de forma repentina. Al respecto, respondieron que canalizarán las preguntas hasta este martes.
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El bono Proteger fue creado en abril de 2020 como una ayuda económica de hasta ¢125.000 mensuales por un plazo máximo de tres meses. La iniciativa pretendía asistir a miles de personas con contratos suspendidos o jornadas reducidas o sin trabajo debido al cierre de comercios, empresas, hoteles o industrias, por el confinamiento adoptado para reducir el número de contagios y muertes por el coronavirus.
En total, el Estado invirtió ¢296.000 millones para asistir a 612.000 personas.
