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El 15 de junio, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, dedicó un minuto y trece segundos a hablar de los funcionarios públicos que evadieron los controles y lograron obtener el bono Proteger. El mandatario dijo que 1.309 empleados “recibieron el bono Proteger en contra de la ley por un monto sustancial (¢158 millones)”.
“Estamos dándole a esos 1.309 funcionarios públicos un mes para que devuelvan el dinero del bono Proteger”, declaró Chaves. Hasta ahí parecía todo claro y, según lo dicho, en un mes su orden se cumpliría y el Estado tendría de vuelta los ¢158 millones.
No obstante, la realidad es otra. Ante una consulta de La Nación, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) informó, el 31 de agosto, de que realizó 35 procesos administrativos para recuperar bonos Proteger, de los cuales 34 concluyeron en perdón, pues los funcionarios públicos que recibieron los desembolsos están bajo la línea de pobreza o perciben ingresos netos por debajo del salario mínimo. Hay otros 36 casos que esperan el inicio del procedimiento de cobro.
El bono Proteger fue creado en abril de 2020 como una ayuda económica de hasta ¢125.000 mensuales por un plazo máximo de tres meses. La medida pretendía asistir a miles de personas con contratos suspendidos o jornadas reducidas o sin trabajo debido al cierre de comercios, empresas, hoteles o industrias, por el confinamiento adoptado para reducir el número de contagios y muertes por la covid-19.
De acuerdo con el IMAS, sus resoluciones de perdón están respaldadas por el decreto ejecutivo N°43162-MP-MTSS-MDHIS, “Procedimiento Especial de Recuperación de Sumas del Bono Proteger”, publicado en el diario oficial La Gaceta en agosto de 2021. Ese documento estableció que se debe conformar un órgano director para valorar cada caso y considerar la condición socioeconómica del funcionario público beneficiado, la suma adeudada, la tenencia de bienes muebles e inmuebles y el salario.
Entonces, si existe un decreto ejecutivo vigente que fija procesos especiales de cobro y se han perdonado casi todos los casos tramitados por el IMAS ¿Por qué el presidente promete la recuperación en un mes? ¿Sabe que existe el decreto?
“Yo desconozco si el presidente (Chaves) conoce o no ese decreto del que estamos hablando, que habilita esa posibilidad para trabajadores públicos. De verdad, desconozco si el presidente lo conoce o no. Lo que sí le puedo decir es que una vez efectuado el procedimiento y, en este caso, al amparo de lo que la legislación faculta al órgano director, la conclusión que se llega es a esa (perdonar el cobro)”, respondió Yorleny León, presidenta ejecutiva del IMAS.
Según los datos entregados por la entidad, en 25 casos no se exigió el reintegro porque los funcionarios públicos enfrentan la condición de pobreza y en nueve se exoneró el pago porque sus salarios netos son menores al mínimo de ley debido a deducciones por deudas u otros.
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“Recuperar esos recursos no tiene mucho sentido bajo esas condiciones socioeconómicas que tienen los funcionarios. Podríamos irnos a la vía civil, pero la recomendación del órgano es que irnos por esa vía, para cada uno de los 71 casos, podría resultar más alto el costo para la entidad que la recuperación del bono”, agregó la jerarca.
Desde el lunes anterior, se consultó al Gobierno cuál jerarca o funcionario de Casa Presidencial monitorea el proceso de recuperación de bonos Proteger, pero no hubo respuesta.
Los 71 funcionarios públicos que consiguieron el bono Proteger recibieron, en total, ¢10,6 millones
Más de un mes
El decreto ejecutivo mencionado también hace imposible recuperar los ¢158 millones en un mes, pues determinó varios tipos de arreglo de pago. Los plazos para la cancelación se definen de acuerdo a la deuda.
Para sumas iguales o menores a ¢125.000 otorgan hasta seis meses para el pago, entre ¢125.000 y ¢250.000 hasta 12 meses y superiores a ¢250.000 hasta 18 meses.
“Si se determina que la persona obligada ha incurrido en incumplimiento del arreglo de pago, la dependencia encargada del control y seguimiento de pagos deberá realizar una prevención vía correo electrónico de ponerse al día en el plazo de 8 días hábiles. Si la persona interesada hace caso omiso al comunicado, se trasladará el caso al jerarca para que se proceda con la etapa de cobro judicial, según corresponda”, señala el artículo 16 de ese decreto ejecutivo.
Incluso, señala la posibilidad de acudir a cobros judiciales en clase de incumplimientos de pago.
Además de los 71 casos que lleva el IMAS, el Ministerio de Trabajo gestiona más de 1.000 procesos de recuperación de bonos Proteger.
Según cifras oficiales, hasta el pasado 5 de setiembre, se ha logrado el reintegro de 81 bonos por ¢5 millones, es decir 3,16% de la cantidad mencionada por el presidente.
En la lista de funcionarios públicos que se beneficiaron de la ayuda estatal figuran 206 empleados de la CCSS, 45 de la Comisión Nacional de Emergencias, 65 del Poder Judicial, 359 del Ministerio de Educación Pública, 21 del Instituto Nacional de Seguros, 33 del Instituto Nacional de Estadística y Censos y 15 del Ministerio de Seguridad Pública, entre otras entidades.
El Estado invirtió ¢296.000 millones para asistir a 612.000 personas.
