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Entrada del edificio sede del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Sabana Norte (San José) a mitad de diciembre pasado. Fotografía: Alonso Tenorio (alonso tenorio)
El Grupo ICE cerró el año pasado con una pérdida de ¢110.000 millones respecto al final del 2019 por el impacto de la pandemia en sus negocios y el efecto de la devaluación del colón frente al dólar estadounidense en el pago de sus deudas.
El golpe a sus finanzas se intentó contrarrestar con recortes de gastos y de costos operativos por un 10% respecto al año anterior sin los cuales el impacto financiero habría sido mayor.
Así se desprende del informe de rendición de cuentas del Grupo ICE ante el Consejo de Gobierno, entregado este martes, en el cual participaron la jerarca del grupo empresarial público, Irene Cañas Díaz, y su gerenta general, Hazel Cepeda Hodgson.
La baja en el consumo de electricidad y servicios de telecomunicaciones por la crisis sanitaria produjo una caída de ¢80.000 millones en los ingresos, al compararse con el 2019. Esto representa 5,2% menos en un año.
Los ingresos por esas actividades pasaron de ¢1.514.000 millones (¢1,5 billones) en 2019 a ¢1.434.000 millones (¢1,4 billones) al término del 2020.
El desempeño del Grupo sufrió también por la devaluación del colón frente al dólar estadounidense, lo que obligó a gastos adicionales por ¢151.000 millones en sus pagos de deuda contraída en dólares para levantar distintas obras y procesos.
El Grupo ICE lo conforman el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense S.A., la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense, S.A. (CRICSA), y Gestión de Cobro Grupo ICE.
Hasta octubre de 2019, se incluía Cable Visión de Costa Rica que el ICE absorbió en octubre de 2019.
El conglomerado público enfrentó los efectos desfavorables en sus negocios con reducciones que alcanzaron los ¢133.000 millones el año pasado; según informaron las autoridades del ICE al Consejo de Gobierno.
En gastos y costos operativos, el ICE desembolsó ¢1.304.000 millones en el 2019 mientras que en el 2020 fueron ¢1.171.000 millones. Esa diferencia de ¢133.000 millones es una reducción interanual de 10%.
El ahorro resultó del efecto combinado de aplicar planes de movilidad voluntaria, venta de maquinaria y equipo en desuso, renegociación de deudas, baja en gastos y otras medidas de contención, explicó Cañas al grupo de ministros.
Durante su intervención ante los ministros, la jerarca prometió mejorar la salud financiera de la CNFL, luego de señalamientos tanto del Ministerio de Hacienda como del presidente Carlos Alvarado, en torno a las “malas decisiones” en obras de esa subsidiaria del Grupo ICE.
El 4 de mayo, en su tercer informe de labores ante el Congreso, Alvarado calificó de “mal planificados y ruinosos” los desarrollos de la planta hidroeléctrica Balsa Inferior (San Ramón, Alajuela) y el Parque Eólico Valle Central (Santa Ana, San José).
Balsa Inferior pasó de un estimado inicial de $75 millones a un gasto real de $361 millones, mientras que el Parque Eólico de $21 millones a $54 millones. Ese día, Alvarado dijo haber instruido a Cañas a que tomara decisiones para prevenir un riesgo financiero mayor para el Grupo.
Sin mejoría
El informe al Consejo de Gobierno vino un día después de que la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings reafirmara una nota ‘B’ con Perspectiva Negativa para el Grupo ICE.
Esto resulta del riesgo por las eventuales implicaciones políticas y financieras negativas para el Gobierno si el Grupo ICE experimenta alguna dificultad financiera que le impida pagar sus deudas.
La agencia explicó que, si este escenario se presentara, las repercusiones serían “potencialmente significativas” para el fisco tal y como el Ministerio de Hacienda ya lo alertó hace unas semanas.
Esa cartera sostiene que la falta de transparencia sobre la situación real del Grupo ICE configura un riesgo para las finanzas públicas, al indicar que la información sobre sus negocios en telecomunicaciones está protegida por la confidencialidad.
La ausencia de claridad, añade Hacienda, impide conocer cuál es la situación real lo que constituye una amenaza según su reporte Marco Fiscal de Mediano Plazo para el Gobierno Fiscal 2021-2025, del 23 de abril anterior.
La nota de riesgo de Fitch para el Grupo ICE se considera de grado especulativo, es decir, que la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones del deudor es “significativamente alta”, según la metodología de esa agencia estadounidense.
En su análisis, Fitch advierte de una merma en 2021 de las ganancias previstas del Grupo por la rebaja del 16% en las tarifas de electricidad del ICE que aprobó la Autoridad Reguladora de los Servicios (Aresep) y que entró a regir en enero.
Hasta setiembre del 2020, el Grupo ICE acumulaba una deuda por ¢3,9 billones, revelan sus últimos estados financieros consolidados. El resultado anual del año anterior permanece sin divulgarse.
La Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley 8660) fija al ICE un tope a su endeudamiento financiero de 45% sobre el total de sus activos. El ICE admitió que esos ¢3,9 billones representan 41,7%.
