Despidos, inversiones millonarias perdidas y energía limpia que se desperdicia son algunas de las consecuencias que señala Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía (Acope), de la decisión del ICE de no renovar el contrato para adquirir la producción de plantas hídricas y eólicas.
Para él, esto es un contrasentido en un gobierno que busca la descarbonización. Aparte, reclama, esta determinación se orienta más a proteger los intereses de una institución que los del consumidor de electricidad.
El gran problema, además, es que la ley establece que solo le pueden vender al ICE, por lo que si el Instituto no compra energía, los generadores privados quedan maniatados.
— ¿La no renovación de contratos ya generó despidos?
— En la planta PESA, o PESRL (eólica en Guanacaste) la administración de esa empresa aún no ha despedido a ningún trabajador, dando un tiempo prudente para encontrar solución a esta crítica situación. En la planta Poás I y II, sí tuvieron que cesar al personal. En el caso de las plantas Don Pedro y Volcán, no tenemos datos.
— ¿Qué va a pasar con esas plantas? ¿Quedarán en desuso?
— Esas plantas ya están desconectadas, y sería una gran pérdida para el país que queden en desuso, pues están en condiciones normales de operación. Los representantes de las plantas apagadas solicitaron la renegociación de sus condiciones contractuales medio año antes del vencimiento, pues así lo establece el contrato. Y consultaron al ICE reiteradamente por dicha renegociación.
“Con un gobierno impulsando un Plan de Descarbonización basado en el aprovechamiento de la energía renovable, es todo un contrasentido que no exista alguna alternativa para la colocación de esa electricidad limpia que lleva años descarbonizando la matriz energética”.
— ¿Están los generadores haciendo alguna gestión para buscar un cambio en la legislación que les permita vender la energía en el exterior o a grandes consumidores?
— Hemos conversado con el ICE, la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) el Minae (Ministerio de Ambiente y Energía), el Poder Ejecutivo, y algunos diputados sobre el tema. Aunque se indica que no hay ningún interés de afectar la generación privada, el hecho es que ya hay tres plantas ya desconectadas del Sistema Eléctrico. Y documentos oficiales del ICE prevén más desconexiones para el año entrante.
“Le hemos pedido al Ejecutivo que establezcamos las fuerzas de tarea necesarias para desarrollar soluciones que permitan mantener esta actividad en marcha, ya sea colocando la energía en Costa Rica en beneficio de los usuarios finales, o exportándola al mercado regional centroamericano. En la Asamblea ya hay algunas iniciativas de ley que pueden atender algunos de estos temas, y será necesario desarrollar otras.
“Esperamos arrancar con ese trabajo a inicios de enero del 2021, aunque habríamos preferido estar trabajando ya, pues la desconexión de una planta de energía renovable debería ser un último recurso en el Sistema Eléctrico, desconectando primero las plantas que sean más caras, sin importar si su propiedad es pública o privada.
“Lo que debe importar es el costo que representarán para el usuario final de la electricidad. La desconexión debería depender de un proceso de selección competitivo y transparente, en beneficio del cliente eléctrico y la reducción de sus tarifas; y no de una decisión gerencial que favorezca a una institución o sector.
“Además, debe ser consecuente con políticas como la descarbonización, la reactivación económica, y las finanzas de la Hacienda Pública”.
