Juan Diego Córdoba González, Juan Fernando Lara Salas. 15 octubre
Agentes judiciales llegaron a notificar a los integrantes del Movimiento Rescate Nacional, reunidos en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Foto: Juan Diego Córdoba
Agentes judiciales llegaron a notificar a los integrantes del Movimiento Rescate Nacional, reunidos en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Foto: Juan Diego Córdoba

Célimo Guido, Óscar Campos y ocho dirigentes más del Movimiento Rescate Nacional y promotores de los bloqueos que afectan al país, deberán presentarse ante la Fiscalía General de la República.

Todos fueron notificados de la convocatoria este jueves, la mayoría de ellos cuando se encontraban reunidos en el auditorio de la Conferencia Episcopal, en San José, poco antes del mediodía.

La cita se relaciona con la denuncia presentada contra el exdiputado Célimo Guido y otros por el delito de instigación pública, en relación con la promoción de los bloqueos y protestas que han afectado al país desde el 30 de setiembre.

“Quiero decir que son compañeros, todos luchadores sociales, que lo que han hecho, gente que uno la conoce de toda la vida (...) la historia nos dará la oportunidad de saber de qué estamos hechos los costarricenses”, dijo Campos, tras ser notificado en la acera.

El Ministerio Público confirmó que se trata de la causa judicial bajo el expediente 20-000634-0619-PE, contra los exdiputados Célimo Gudio Cruz, José Miguel Corrales Bolaños y Óscar Campos Chavarría.

Corrales, sin embargo, abandonó el grupo tras denunciar la penetración del narcotráfico en los bloqueos.

Contra los tres, informó la Fiscalía, se han presentado cinco denuncias por los delitos de obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos e instigación pública.

(Video) Fiscalía notifica a 10 dirigentes de ‘Rescate Nacional’ de denuncia por instigación pública

Una de estas fue presentada el 7 de octubre por 20 ciudadanos.

"Se han cometido flagrantemente delitos de toda índole en nombre de este mismo movimiento: amenazas con machete y armas de fuego, agresiones a civiles, quema de furgones, un carro particular, una patrulla de tránsito y de maquinaria pesada de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), y otros daños a propiedad privada, además se atentó con un backhoe contra la vida de varios oficiales de la Fuerza Pública, así como el entorpecimiento de servicios públicos.

"Respetuosamente solicitamos se accionen las investigaciones penales que correspondan contra José Miguel Corrales Bolaños, Célimo Guido Cruz y Óscar Campos Chavarría.

“No podemos seguir tolerando el caos, sedición, violencia, atentados contra nuestras autoridades de Fuerza Pública, los daños a la propiedad privada y pública, así como los bloqueos de vías, que todos constituyen por sí mismos, delitos penales”, señala la queja planteada.

Óscar Campos fue convocado para el 23 de octubre, según la notificación que mostró. Foto: Juan Diego Córdoba
Óscar Campos fue convocado para el 23 de octubre, según la notificación que mostró. Foto: Juan Diego Córdoba

Un día antes, el 6 de octubre, se había presentado otra denuncia contra Guido y Corrales por obstrucción de vías. Aquella fue interpuesta por el empresario y abogado Carlos Valenciano Kamer.

La instigación pública está regulada por el artículo 271 del Código Penal, según el cual, será castigado con prisión de seis meses a cuatro años “el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario el hecho que se produzca”.

El artículo 263 castiga con penas de seis meses a dos de cárcel al que “sin crear situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua y aire a los servicios públicos de comunicación o de sustancias energéticas”.

Finalmente, el 263 bis, impone de diez a 30 días de prisión a quien “sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes”.

El Movimiento

Guido y Corrales son fundadores del Movimiento Rescate Nacional, creado en julio pasado. Campos ha sido un miembro activo y vocero.

Inicialmente, llamaron a protestar para exigir la reactivación de actividades económicas limitadas por la pandemia, pero desde el 30 de setiembre ha promovido cierres de carreteras como medida, supuestamente, contra las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar créditos que ayuden a enfrentar la crisis en las finanzas nacionales.

Además, se oponen a la venta de activos y al cierre de instituciones como el Consejo Nacional de Producción (CNP).

Las protestas organizadas han deparado en actos de violencia y ataques contra la Fuerza Pública, que han dejado más de un centenar de policías heridos, y cifras similares de personas detenidas y puestas a las órdenes del Ministerio Público, incluso por tentativa de homicidio.

En marzo pasado, Guido, Corrales también conformaron el llamado Grupo Pro Revocatoria del Mandato, que pretendía buscar apoyo a un proyecto de ley presentado por el segundo para poder destituir a presidentes, diputados y alcaldes si así se determinaba en un referendo. Actualmente, solo se mueven remover los alcaldes mediante plebiscito.

El proyecto, sin embargo, sigue sin avance en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Cuatro meses después, formaron “Rescate Nacional”.

Los dirigentes de 'Rescate Nacional' estaban reunidos en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Foto: Juan Diego Córdoba
Los dirigentes de 'Rescate Nacional' estaban reunidos en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Foto: Juan Diego Córdoba

Guido, quien fue legislador por el Partido Fuerza Democrática entre 1998 y 2002, se convirtió en 2006 en uno de las primeras personas condenadas por el delito de obsbrucción de vías.

Él junto con una educadora de apellido Céspedes fueron sentenciados por el Tribunal Penal de San Ramón por un año de prisión, aunque se les otorgó la ejecución condicional de la pena.

En aquella ocasión, los bloqueos y protestas se realizaron en oposición a la operación de la empresa Riteve, encargada de la revisión técnica de vehículos.