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El decreto del presidente Rodrigo Chaves que excluyó a países como China de proveer redes y soluciones de tecnología 5G en Costa Rica afectará el desarrollo interno de dicha evolución de las telecomunicaciones, dañará la competencia y afectaría la atracción de interesados en una subasta de espectro para impulsar esos servicios.
Además, la norma y su reglamento generan incertidumbre en el sector y atrasaría la provisión de esos servicios de telecomunicaciones superiores. Los costarricenses podrían terminar pagando de más cuando algún día lleguen las mejoras por incrementos en los costos de inversión en los cuales incurrirían las empresas telefónicas.
Esos fueron los señalamientos que hizo el Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sobre el decreto y su reglamento. Integrantes del Consejo así lo detallaron este miércoles a los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa.
El decreto Nº 44196-MSP-MICITT, del 31 de agosto pasado, dispone que solo se podrán adquirir equipos o programas para servicios de 5G de empresas que provengan de países que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001.
La medida excluye a compañías de países como China de donde proviene la multinacional Huawei; uno de los mayores proveedores en telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que le ha otorgado hasta $138 millones en tres años en equipamiento y software, según la Auditoría Interna del ICE.
Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo de la Sutel, indicó que remitieron un informe de sus hallazgos al Poder Ejecutivo por el impacto previsto en el sector y en la subasta de espectro radioeléctrico para lanzar redes 5G que está en proceso.
“Quien gane ese concurso será quien ponga más infraestructura y, por lo tanto, más cobertura. Por eso, en este contexto del concurso, nos importa mucho el impacto en el sector”, explicó Chacón Loaiza.
Cinthya Arias Leitón, integrante del Consejo, enumeró las consecuencias del llamado Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores que deriva del decreto Nº 44196-MSP-MICITT del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Dicha norma, dijo, tiene el potencial de reducir la competencia al limitar la cantidad de participantes en el mercado.
“Se llega a la conclusión de que se limita la competencia por un tema de elevación de costos, de acreditaciones y de sustitución de tecnologías para la red”, agregó.
Arias Leitón añadió que Sutel también notificó al Micitt que el reglamento reduce los incentivos para competir “vigorosamente”.
“La regulación sometida a consulta sí genera una serie de incertidumbres regulatorias porque muchos elementos allí quedan sin definirse respecto a cómo y cada cuánto hay que hacer análisis de riesgos en el mercado”, explicó.
Como parte del análisis, Sutel también consideró la proporcionalidad, eficacia y transparencia del reglamento. La conclusión general es que limitaría el desarrollo del sector.
Sin neutralidad tecnológica
Sobre el principio de neutralidad tecnológica, la Sutel también halló problemas.
Ese principio, se refiere a la libertad que gozan los proveedores de redes y servicios de usar aquellas tecnologías y empresas que juzguen convenientes sin restricción alguna. Suele invocarse al denotar una actitud que se espera en la Administración Pública en relación a quién le compran bienes y servicios informáticos.
“Hicimos nuestros análisis y hay una desconexión entre el reglamento y el principio de neutralidad tecnológica”, declaró Chacón Loaiza en otro punto de la comparecencia.
Manifestó que el decreto y el reglamento generan tantas preocupaciones en el mercado que, por razones de competencia efectiva, ahora la Sutel elabora un estudio en el cual le consultan a los operadores si hay un impacto en sus actividades debido al reglamento.
De ser así, Sutel también procedería a informarlas al Poder Ejecutivo incluidos posibles atrasos en el lanzamiento interno de 5G o costos adicionales, debido a la decisión del Micitt que avaló el presidente con el decreto.
“Ese es un estudio en curso, pero necesitamos insumos de los operadores para ver qué tanta tecnología o no deben sustituir a nivel de infraestructura o si sus inversiones para el concurso de espectro serían destinadas a alguna sustitución de sus equipos o no”, concluyó.
