Como en la novela de Gabriel García Márquez El Coronel no tiene quién le escriba, Eugenio Vargas Leitón lleva más de un año esperando la carta en la que el Ministerio de Hacienda le comunique el traslado de las cuotas que le hacen falta para jubilarse.
El hombre, de 63 años, hubiera podido pensionarse anticipadamente por vejez en el 2021 si las veinte cuotas que aportó en los años 80, cuando trabajó como docente interino, hubieran sido trasladadas por Hacienda al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el cual se quiere pensionar.
La carta que espera no solo debe informar del traslado de las 20 cuotas, sino que se le garantice los fondos correspondientes al aporte estatal, sin los cuales no puede hacer efectivo su retiro.
El caso de Vargas es parte de una presa de 2.766 resoluciones pendientes de trabajadores que, como él, cotizaron para diferentes regímenes y se quieren pensionar. El traslado de sus cuotas desde Hacienda a los sistemas de pensiones del Magisterio o de la CCSS está atascado hace años por falta de fondos y de un sistema ágil que les garantice la portabilidad de sus cotizaciones, o su traslado entre regímenes.
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Los fondos pendientes a trasladar superan los ¢5.520 millones, informó el ministro de Hacienda, Elian Villegas Segura. De ellos, más de ¢4.897 millones son dineros que deben pasar al seguro de pensiones de la CCSS, según el dato de la Contabilidad Nacional a octubre del 2021. Otra cifra, que supera los ¢622 millones, se le debe trasladar a la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema), de acuerdo con datos de la Tesorería Nacional, del 21 de febrero, facilitados por Villegas.
“En mi caso, el requisito es contar con 375 aportaciones al IVM para tener derecho a la pensión anticipada. Ya estaría cubierto de sobra si Hacienda me hubiera trasladado sin tardanza, las aportaciones que hice mientras fui docente del Ministerio de Educación Pública (MEP) en 1982, 1988 y 1989, las cuales siguen ‘atrapadas’ bajo el Régimen Transitorio de Reparto”, relató a La Nación don Eugenio, vecino de San Luis de Monteverde, en Puntarenas.
Los últimos tres años de su vida los ha pasado enviando papeles, gestionando trámites, rastreando cotizaciones. Esto le permitió, al menos, que la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) le trasladara al IVM seis años de su trabajo en aportes.
“Esta es una situación compartida por miles de trabajadores de mi edad, o mayores aun, quienes en circunstancias similares cotizaron como docentes en sus primeros años, pero a quienes sus aportaciones les quedaron en el Régimen Transitorio de Reparto, bajo el Ministerio de Hacienda, debido a los cambios de la legislación de pensiones”, comentó en referencia a quienes empezaron a laborar en Educación antes de 1992. Es un régimen transitorio porque desaparecerá con el tiempo al no admitir nuevos cotizantes.
Algún avance, pero insuficiente
Esta situación no es nueva. Desde el 2017, incluso antes, se conocen los vacíos legales para resolver los problemas operativos para obstruyen el traslado de cuotas de trabajadores que cotizaron en diferentes regímenes.
En el 2019, la representante patronal en la Junta Directiva de la Caja, Marielos Alfaro Murillo, llevó el tema a discusión ante el máximo órgano institucional luego de conocer la historia de José Luis Fernández Valverde, un pensionado de la CCSS que laboró durante ocho años para el MEP y cotizó para el Magisterio. Él decidió pensionarse por la CCSS porque en el régimen del Magisterio no tenía las cuotas suficientes para retirarse a los 65 años. Debía esperar a cumplir 70 para hacerlo.
Alfaro y el director de pensiones de la CCSS, Ubaldo Carrillo, confirmaron, por aparte, que la institución reformó el artículo 46 del Reglamento al IVM para facilitar el traslado de cuotas de otros regímenes a la CCSS y viceversa. Según Carrillo, esta reforma permite no solo el traslado de cotizaciones sino también consolidar el beneficio, para mejorarlo en algunos casos.
“Cuando una persona solicita traslado, nosotros como CCSS no nos damos cuenta de ese trámite hasta que Hacienda emite la resolución. Pero sí nos hemos dado cuenta de que, aunque la resolución salga, hay un problema de índole presupuestario que le impide al Ministerio de Hacienda simultáneamente emanar la resolución y trasladar los recursos a valor presente para no desfinanciar el seguro del IVM.
“Pasa un tiempo desde que esa resolución sale y los recursos son girados a la CCSS. Y la Caja no puede registrar cotizaciones si no entra el dinero. Muchos costarricenses están así: con resolución generada pero Hacienda no tiene presupuesto y debe hacer presupuestos extraordinarios para poder financiar el traslado de cuotas. El año pasado, recibimos cerca de ¢1.500 millones. Quiere decir que sí se está moviendo pero la demanda es mucha y (Hacienda) solo tenía ese presupuesto. Los que no entraron dentro de esa dinámica presupuestaria tienen que esperar”, explicó Carrillo.
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La CCSS ha recibido numerosos recursos de amparo de personas que se sienten indefensas ante los plazos para el traslado de los recursos de Hacienda a la CCSS. Más de un centenar, al menos, desde el año pasado. Según Carrillo, la Sala IV le ha dado la razón a la CCSS siempre.
“La CCSS no puede actuar hasta que Hacienda traslade los recursos, porque si nosotros empezamos a registrar cuotas sin recursos, estaríamos hipotecando y poniendo en riesgo la sostenibilidad del régimen”, dijo el director de Pensiones, quien considera que la reciente reforma al IVM ha motivado a muchos a buscar pensionarse en los dos años que hay antes de que entre a regir los nuevos cambios, el 11 de enero del 2024.
Para Carrillo, lo lógico es que no haya traslado de cuotas y que exista ese “dinero que va y viene”, sino que cada fondo asuma el pasivo actuarial que le toca. Así, dijo, si una persona tiene cuotas en varios regímenes, estas se suman pero cada fondo le da la pensión de las cuotas que esa persona aportó.
Sin solución integral
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), destacó la reforma de la Caja al artículo 46. Con ella coincidió, por aparte, Kattia Rojas Leiva, directora financiera de Jupema. Según dijo Aguilar, la reforma redundará en beneficio de los afiliados al IVM. Sin embargo, aclaró, no existe normativa para obligar a las partes a que acuerden un mecanismo de traslado de cuotas.
“(...) dada la fragmentación del sistema nacional de pensiones, desde hace varios años esta Superintendencia ha venido promoviendo que se le amplíen sus facultades de supervisión en relación con todas las entidades y órganos que participan en los procesos de afiliación de trabajadores, recaudación y control de sus cotizaciones.
“En la corriente legislativa hay algunas iniciativas, entre ellas, el expediente 21.538, sobre el cual la Supén rindió un criterio positivo. Corresponde a la Asamblea Legislativa realizar las modificaciones legales que permitan una mejor supervisión del sistema y que coadyuven con una adecuada gestión de las cotizaciones de los afiliados a todos los regímenes básicos de pensiones”, manifestó Aguilar en respuesta escrita.
La funcionaria considera necesaria la existencia de un instrumento legal que regule la portabilidad de cotizaciones entre regímenes, dijo, en el cual se incluyan disposiciones sobre las condiciones y el plazo en que se debe realizar el traslado de las cotizaciones para proteger los derechos de los afiliados.
“En los últimos años únicamente se han dado algunos ajustes normativos individuales, los cuales, a pesar de que van en la dirección correcta, no ofrecen una solución integral al problema”, advirtió.
Elian Villegas afirma que Hacienda ha incrementado la cantidad de dinero para este fin. Del 2017 al 2021, Hacienda giró más de ¢9.440 millones por concepto de 2.274 resoluciones.
“En el 2020, a pesar de la pandemia, se pagó casi lo mismo que en el 2019 (más de ¢1.837 millones). En el 2021, sí hubo un incremento significativo, cuando pagamos casi ¢500 millones más (¢2.319 millones en total). A pesar de eso, sigue habiendo todavía una cantidad importante. Estamos procurando sacarla lo más rápido que podamos. Pero hay una situación que es real. Conforme mejore la situación fiscal pues se le irán metiendo más recursos”, manifestó el ministro.
Lo girado por Hacienda
FUENTE: Ministerio de Hacienda || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Villegas dijo que a la CCSS se le propuso un acuerdo para sacar todos los casos “a la brevedad”. Aclaró que la propuesta está en estudio por parte de las autoridades de la Caja y que no es un documento en firme.
En esa propuesta de acuerdo, Hacienda se compromete a lo siguiente:
- Emitir las resoluciones de traslado y devolución de cuotas de conformidad al artículo 46 del Reglamento de IVM.
- Pagar a la CCSS, cada tres meses, los montos que se hayan fijado en las resoluciones emitidas y notificadas en ese trimestre.
- Pagar a la CCSS en los 15 días hábiles posteriores al final de cada trimestre.
- Realizar las gestiones necesarias para mantenerse al día.
- Informar a la Caja el monto de cada una de las resoluciones pagadas en cada trimestre.