El 8 de enero de 2015 una médica de 33 años, de apellido Gutiérrez, murió a bordo de un autobús entre Pérez Zeledón, en San José y Golfito, en Puntarenas. Según reportó la prensa en ese año, los pasajeros alertaron que la mujer se veía pálida y estaba fría. Luego del aviso, el chofer condujo hasta un centro médico, pero ya era tarde.
En el bolso de la fallecida había ampollas de morfina y varias pastillas de Diazepam, un fármaco utilizado para controlar la ansiedad y la tensión. Las autoridades judiciales señalaron como posible causa de muerte una sobredosis.
La muerte de la médica dejó a una menor de dos años sin su madre, pero también motivó la apertura de un programa para la atención de adicciones en el Colegio de Médicos de Costa Rica.
Giselle Amador Muñoz, coordinadora del Programa de Atención Integral al Médico (PAIME), explicó que la fallecida tenía antecedentes en el Tribunal de Ética del Colegio de Médicos por elaborar recetas de medicamentos para pacientes inexistentes con el fin, aparente, de consumirlos ella.
“A raíz de eso (la muerte de Gutiérrez) yo le pedí a la Junta del Colegio que, en vez de castigar o, al mismo tiempo que se castiga, se ofrezca un tratamiento porque la dependencia a sustancias es una enfermedad neurológica que hace que las personas necesiten consumir y cuando son opioides con mucha más razón, porque el cerebro queda marcado y las personas necesitan la sustancia. Entonces, en el momento que suspende el consumo, pues definitivamente la persona se va a sentir muy mal”, comentó Amador.
¿Cuántos casos atiende el PAIME al año? El Colegio de Médicos argumenta que no puede dar las cifras por razones de confidencialidad. Sin embargo, reconocen que los profesionales en medicina enfrentan mayores riesgos de caer en adicciones a estupefacientes y otras sustancias porque tienen esos fármacos a la mano, por las largas jornadas en centros médicos y las tensiones propias de su oficio.
En noviembre anterior, La Nación publicó sobre un enfermero del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia que, según una investigación interna, sustrajo durante varios meses del 2016 ampollas de fentanilo. También, en febrero 2018, un enfermero del Hospital México se hizo pasar por médico para ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia para conseguir ampollas de fentanilo.
El fentanilo es un poderoso estupefaciente utilizado para anestesiar y controlar dolores intensos en personas en fase terminal o que han sufrido accidentes graves. Los especialistas advierten que es altamente adictivo y su uso sin supervisión médica puede provocar problemas respiratorios severos, daño cerebral y la muerte.
El problema es tan grave que investigaciones administrativas en el Hospital Calderón Guardia concluyeron que se inventaron más de 20 cirugías en 2016 con el objetivo de justificar recetas de fentanilo.
El PAIME ofrece tratamientos de terapia individual y de forma ambulatoria, es decir, no requiere internamiento del paciente. Los médicos que sufran adicciones pueden escribir al correo electrónico paime@medicos.cr o llamar al número de teléfono: 8823-5208.
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Sin datos
Pese a la severidad de los hechos, el Colegio de Médicos admite que no existen estudios que permitan medir las adicciones a drogas entre profesionales de la salud como médicos, enfermeros, odontólogos, técnicos y otros funcionarios hospitalarios.
“No hay datos, la Caja Costarricense de Seguro Social es la única que podría tener datos y podrían tener datos solo en los que han sancionado”, agregó la vocera del Colegio de Médicos.
Se le pidió, desde el miércoles 1º de diciembre, a la oficina de prensa de la Caja, información sobre problemas de adicción entre sus empleados. Entre los requerimientos estaba indicar cuántos funcionarios fueron remitidos a rehabilitación por abuso de drogas en los últimos cinco años. Sin embargo, el 15 de diciembre contestaron que la unidad a cargo necesitaba “unos tres días más para poder completar una información”. Al 26 de diciembre no habían dado respuesta, el plazo definido por ley para contestar venció desde el 16 de diciembre.
La Caja también es incapaz de precisar cuántos de sus colaboradores han sido sancionados por hurto, robo o consumo irregular de medicamentos en clínicas, oficinas u hospitales, pues hasta julio de 2020 implementó un sistema de información centralizado para contabilizar procesos disciplinarios y clasificar las causas.
Además, como en la entidad se inician investigaciones desde el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) y desde las oficinas legales de clínicas u hospitales no hay certeza sobre la cantidad de casos. Por ejemplo, el CIPA solo registra dos casos entre 2017 y 2021, uno terminó con la absolutoria del investigado y el otro con una sanción, pero si se consulta en cada clínica u hospital podría haber más.
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Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, no ocultó su inquietud por este asunto.
“Sin duda alguna este es un tema de muchísima preocupación tanto como jerarca de la Caja y también como ser humano. No puede haber tolerancia a ningún acto ilícito que esté relacionado al uso de estupefacientes por parte del personal institucional, esto tienen que quedar muy claro. Pero al mismo tiempo hay que ahondar en las causas y ver cómo se apoya a los colaboradores que eventualmente puedan caer en algún tipo de adicción para que puedan rehabilitarse.
“Una persona adicta es una persona desesperada y hay que apoyarla para que salga de esta crisis de salud en la que se siente atrapada. Es un balance entre la cero tolerancia para los hechos ilegales que podrían estar relacionados al consumo de estupefacientes, pero al mismo tiempo procurar la atención a un problema de salud”, declaró el jerarca de la CCSS.
Añadió que ya conversó con el nuevo gerente médico de la CCSS, Randall Álvarez, para atender la problemática de manera integral.
“Como parte de las acciones que se están ejecutando para mejorar el control se encuentra el desarrollo de una integración de sistemas CCSS-Ministerio de Salud para el registro y seguimiento de los movimientos de psicotrópicos y estupefacientes en los Servicios de Farmacia de la Institución.
“También está en curso una investigación por parte de la Auditoría interna que nos permita tener información objetiva que posibilite un abordaje integral del tema. He sido informado de acciones de trazabilidad del uso del fentanilo generadas por la gerencia de logística, así como de acciones de control en los centros médicos, las cuales han sido reforzadas”, concluyó.