Hospital engavetó investigación por robo de poderosa droga

Entre enero y marzo de 2016, médicos residentes, anestesiólogos y otros funcionarios del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, presentaron denuncias administrativas y judiciales por extravíos, hurtos y falsificaciones de recetas de fentanilo, un poderoso y adictivo estupefaciente utilizado para anestesiar y controlar dolores intensos en pacientes en estado grave. En ese periodo, los profesionales también reportaron aparentes consumos de la potente droga en pasillos y baños del centro médico, pues hallaron jeringas usadas y ampollas vacías en basureros y escondidas entre rollos de papel higiénico.

En dos de los reportes, los médicos denunciaron que encontraron solo las cajas en las que mantenían resguardado el fentanilo y otros opioides con las tapas forzadas o los candados rotos. Eso le sucedió a Karla Jiménez Córdoba, médico residente de Anestesiología, el miércoles 10 de febrero de 2016. En un escrito dirigido a la jefatura de Anestesiología, afirma que ese día a las 6:30 a. m. dejó lista y con candado, en una sala de operaciones, una maleta con medicamentos. Se retiró por una hora y al regresar detectó la cerradura cortada.

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Lo mismo le ocurrió el 25 de febrero de ese mismo año a Andrea Ubertini, estudiante del posgrado en Anestesiología y Recuperación de la Universidad de Costa Rica, en un quirófano de ese hospital. Dejó su maleta cerrada a las 6:25 a. m., se retiró a una clase y al regresar a las 7:15 a. m. la halló forzada. Faltaban diez ampollas de fentanilo y dos de morfina.

Pese a la gravedad de las denuncias, Pedro Pereiras, entonces jefe del Servicio de Anestesiología y actual subdirector del Calderón Guardia, pidió una investigación preliminar hasta el 8 de marzo de 2016, luego de seis reportes escritos por irregularidades relacionadas con el uso irregular del potente opioide.

En setiembre de 2016, las pesquisas realizadas por una abogada y dos criminólogos de la institución, señalaron a un auxiliar de enfermería de apellido Jiménez por los hechos denunciados. Llegaron a esa conclusión porque los médicos lo mencionaban en sus acusaciones y él mismo confesó una adicción a los estupefacientes en su declaración ante los investigadores. Sin embargo, según el expediente DG-IP-007-2016, no hubo sanción administrativa contra el funcionario y, en la actualidad, continúa laborando en Anestesiología. Durante los siete meses de pesquisas, Jiménez permaneció suspendido con goce de salario.

Una de las conclusiones de la investigación indica que, ante la “creciente desconfianza y preocupación” de parte del equipo de anestesiólogos hacia Jiménez debería ser separado de manera permanente. La sugerencia fue revalorar el perfil del trabajador y enviarlo a un área en la que no tuviera contacto con drogas dada su manifiesta adicción.

En la vía judicial, el auxiliar de enfermería se sometió a un proceso de conciliación por el delito de uso de documento falso, pues varios médicos denunciaron la falsificación de sus firmas en recetas de fentanilo. El caso se tramitó en el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José bajo el expediente 16-005913-0042.

Además de señalar a Jiménez, la investigación preliminar detectó inconsistencias en las firmas y otros detalles de decenas de recetas de fentanilo, expedientes de pacientes con prescripciones de fentanilo que no correspondían a la realidad y consumos sospechosos de la sustancia en varios departamentos del hospital. Los investigadores precisaron que, solo en febrero de 2016, hubo 29 recetas de fentanilo de origen dudoso o falsas, 12 de Midazolam, un depresor del sistema nervioso central e inductor del sueño y 7 de Sevorane, un anestésico inhalatorio. Solo las 29 recetas de fentanilo corresponden a 302 ampollas.

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No obstante, no existe evidencia de que la Dirección Médica elevara el caso al Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos, a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social o al Organismo de Investigación Judicial.

La Nación intentó obtener una entrevista con Taciano Lemus Pires, director del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, pero dijo que solo respondería consultas por escrito. Las preguntas fueron enviadas el miércoles 10 de noviembre al mediodía. Lemus no contestó de manera directa. En su lugar mandó un documento de 23 páginas en las que hace un recuento del caso.

El director del centro médico confirmó que la investigación preliminar señaló a Jiménez y que en un proceso judicial el hombre aceptó haber falsificado recetas de psicotrópicos y estupefacientes. También aseveró que no ordenaron un procedimiento administrativo, ni impusieron medidas disciplinarias porque las adicciones son una enfermedad y el funcionario involucrado se sometió a tratamiento médico.

La Nación también consultó al auxiliar de enfermería ligado a este asunto, pero dijo que no hablaría del tema.

Lentitud y pasividad

Copiado!

¿Por qué las jefaturas del Hospital tardaron más de dos meses en abrir una investigación preliminar para determinar qué pasaba con el fentanilo? Raúl Valverde Robert, entonces jefe de Sección de Cirugía, fue quien recibió la primera denuncia el 4 de enero de 2016. Ese día Haydee Alfaro Páez, anestesióloga del centro médico, informó que cuatro compañeros habían reportado extravíos de fentanilo en el último mes (diciembre de 2015).

Valverde le contestó a la denunciante el 7 de enero de 2016 por medio del oficio JSC-0014-01-2016. “Le solicito extremar las medidas de seguridad para el adecuado resguardo de los estupefacientes y denunciar cualquier situación sospechosa que se llegara a presentar. Le recuerdo que no es la primera vez que se presenta una situación similar y que se debe sospechar de cualquier funcionario que tenga acceso al área de quirófanos o de donde se colocan los maletines de los anestesiólogos”. Es decir, la desaparición de fentanilo no era algo nuevo en el hospital.

¿Por qué no abrió una investigación de inmediato o acudió a las autoridades judiciales?, preguntó La Nación a Valverde. “Yo me acuerdo del asunto, pero detalles no puedo decir. Yo ya tengo cuatro años de estar pensionado (...) Esa pregunta no la puedo responder ahorita. No recuerdo cómo se dieron los hechos, eso fue hace mucho tiempo. Le repito: yo estoy fuera de la entidad desde hace cuatro años. El doctor Pereiras sigue trabajando ahí, tal vez él pueda recordar más, él era el jefe de Anestesia”.

Este diario consultó a Pereiras. “Yo tenía una jefatura como jefe de anestesiología y esa jefatura era la Sección de Cirugía. Se hizo una investigación preliminar en el Servicio de Anestesia y se pasó a la Sección de Cirugía. Ellos eran los encargados de estudiar la investigación preliminar y estudiar si cabía o no un proceso administrativo. Ellos eran los que decidían”.

El subdirector añadió que no conoció el informe final de la investigación preliminar “porque ya iba saliendo del Servicio de Anestesia”. Reconoció que Jiménez regresó al Servicio de Anestesia este año, pero justificó que está asignado al servicio de preanestesia.

“Él (Jiménez) le presentó a la jefatura una constancia del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia en la que se hace constar que está totalmente sano de esa situación que padeció y también, consultada la Asesoría Legal del Hospital, se nos dijo que con esa constancia no se le podía negar la posibilidad de regresar a su puesto (...) Sin embargo, la jefatura del Servicio de Anestesia, conociendo todos los antecedentes, trató de instalarlo en un lugar en el que no tenga acceso a ningún medicamento. Tengo entendido que lo tienen ubicado en preanestesia. En ese espacio se reciben a los pacientes que van a ser operados de manera ambulatoria, ponerles la vía y vestirlos de verde”, declaró Pereiras.

Precisamente, en el área de preanestesia pasaron varios de los hechos denunciados por los anestesiólogos en 2016. Por ejemplo, el 3 de marzo de 2016, dos anestesiólogas denunciaron, a través del oficio JSA-057-03-16, que encontraron sábanas blancas manchadas de sangre, arrolladas y con agujas en su interior. También descubrieron recetas de estupefacientes en blanco dentro de una jarra para bebidas calientes y más de nueve ampollas de fentanilo dentro de un basurero para artículos punzocortantes.

Lemus confirmó que el auxiliar fue reinstalado en el Servicio de Anestesiología. Aseguró que se somete a controles médicos frecuentes para demostrar que no consume estupefacientes u otras sustancias y garantizó que no tiene acceso a medicamentos en el ejercicio de sus funciones.

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Punta del iceberg

Copiado!

Desde 2019, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) alertó sobre consumo ilegal de fentanilo en un sector muy específico de la población. Sin embargo, declinó dar más detalles.

“Sí, existe un consumo en algunas personas profesionales, pero al día de hoy tenemos una carencia física para poder documentar que la muerte de una persona equis, ha sido ocasionada por una sobredosis con fentanilo”, comentó Guillermo Araya Camacho, director del ICD en esa época.

Datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indican que, entre 1999 y 2019, 500.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de medicamentos opioides como el fentanilo. En los últimos años, medios de comunicación internacionales han reportado del tráfico de fentanilo desde México a Estados Unidos.

El fentanilo es un estupefaciente que se utiliza, en la mayoría de los casos, de manera intravenosa y en parches, pero también existen pastillas masticables y en espray. Esas dos últimas presentaciones no están disponibles en Costa Rica. El uso sin supervisión médica puede provocar problemas respiratorios, daño cerebral y la muerte.

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En la Caja Costarricense de Seguro Social, el consumo de fentanilo creció un 142% en los últimos 14 años. En abril anterior, la entidad informó que el precio de ese medicamento oscilaba entre $0,60 y $1,14. Una investigación de la Auditoría Interna de la Caja reveló que el fentanilo sale de las bodegas sin medidas de control y seguimiento como cajas con marchamos numerados.

En los hospitales Rafael Ángel Calderón Guardia, México y San Juan de Dios, los auditores descubrieron decenas de recetas sin información clave como cantidad de dosis prescritas por paciente, tiempo del tratamiento, sellos de farmacia, inconsistencias en letras y firmas de las recetas y hasta medicamentos en maletines personales de médicos.