La empresa que le entregó casi 700.000 mascarillas de uso no médico a la CCSS, las cuales se repartieron entre clínicas y hospitales de todo el país a principios de julio, se dedica a la limpieza de jardines, charrales y vías públicas.
Esa fue la primera vez que Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. le vendía insumos médicos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o a cualquier otra institución del Estado.
El lote de 699.850 mascarillas no médicas forma parte de una compra de 2.890.000 tapabocas, por un monto de $1,1 millones (unos ¢640 millones), que la CCSS le adjudicó a esa empresa, el 14 de abril anterior.
Con anterioridad, Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT solo ofrecía trabajos de limpieza de vías públicas y de mantenimiento de áreas verdes.
En los últimos 14 años, la empresa jardinera ganó 63 contratos con 10 instituciones públicas distintas y solo a la CCSS –en primera instancia– y a la Municipalidad de San Pablo, en Heredia, les vendió mascarillas; a cada una en una ocasión y hasta abril de este año.
Al resto de entidades, principalmente municipios, les ofreció servicios, por ejemplo, de limpieza de cementerios, poda de árboles, mantenimiento de parques y áreas verdes, e instalación de zacate.
Así lo constató La Nación luego de revisar el portal de compras públicas de la Contraloría General de la República (CGR) y el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
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En esa plataforma también se puede ver cómo la empresa comenzó a ofertar guantes, mascarillas, alcohol en gel y jabón antibacterial hasta el 22 de abril, ocho días después de lograr el millonario contrato con la CCSS.
Vea en este link las adjudicaciones de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A.
Incluso, ante la Dirección General de Tributación aparecía inscrita únicamente como proveedora de servicios de jardinería y paisajismo y, no fue hasta el 1.° de marzo de este año que se apuntó ante esa instancia también como vendedor, al por mayor, de equipo médico y productos farmacéuticos.
Eso ocurrió un mes antes de ofertar los cubrebocas a la Caja y de resultar favorecida con la contratación, la cual se realizó mediante un proceso de compra excepcional, que duró solo 14 días, por la urgencia de contar con ese material médico para proteger al personal de salud ante la pandemia ocasionada por la covid-19.
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Contratación bajo investigación
Ante una consulta de La Nación, el gerente de Logística a. i. de CCSS, Esteban Vega de la O, reveló que actualmente existe una “investigación preliminar para determinar si le asiste responsabilidad a algún funcionario por la ejecución contractual” de esta compra.
Vega detalló que desde el 26 de noviembre se le solicitó a la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios comenzar las pesquisas.
Sin embargo, este medio de comunicación conoce que desde el 8 de setiembre la Gerencia General instruyó la apertura de un procedimiento, el cual se tramita bajo el expediente N.° 20-00217-1105.
En específico, el proceso administrativo es contra seis funcionarios de la CCSS, entre ellos, Luis Fernando Porras Meléndez, quien desde agosto está suspendido como Gerente de Logística, por cuestionamientos relacionados con varias compras durante la pandemia.
Mediante un correo electrónico, Porras Meléndez afirmó que no atendería las consultas sobre este caso porque a raíz de su “condición laboral” no tenía acceso a los documentos necesarios para poder responder con propiedad.
La investigación abierta por la CCSS también incluye al proveedor de estas mascarillas porque de las 699.850 unidades entregas y posteriormente retiradas de los hospitales y clínicas, solo se repusieron 450.347 y quedaron pendientes otras 249.503.
‘Tengo contactos con una empresa en China’
Por su parte, Adrián Herrera, representante de IBT, negó cualquier anomalía en el proceso de contratación, insiste en que sí eran mascarillas de uso médico y que el problema era solo del empaque.
Al mismo tiempo reconoció que la empresa incursionó en la venta de equipo de protección personal hasta este año y que se debe a que él tiene 12 años de mantener contactos comerciales con una empresa en China, por lo que gestionó, debido a la emergencia, la importación de cubrebocas para venderlos al Estado.
“IBT tiene 24 años de experiencia, don Manuel Rodríguez (el dueño de la empresa) me contrata en abril del año pasado y tengo 25 años de trabajar en contratación administrativa, entonces busco y genero oportunidades para participar en el Estado costarricense, tengo contactos con una empresa en China y con ellos vimos que podríamos ser oferentes”, declaró Herrera. (Lea entrevista al final del artículo)
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La entrega del material no apto
El 30 de junio, fue el día en que la Seguridad Social aceptó recibir los cubrebocas no aptos para el personal de salud. Se trató de uno de los cuatro lotes de producto entregados por la compañía hasta completar los 2.890.000 cubrebocas contratados.
Los artículos fueron aceptados por el almacén de la institución a sabiendas de que no se trataba de mascarillas quirúrgicas descartables como se había contratado.
En el expediente de ejecución del contrato N.° 2020CD-000064-5101, consta que el lote de cubrebocas 20200428-001, suministrado por Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A., estaba rotulado como “non-medical use” (no uso médico) y, además, no correspondía con la marca ofrecida durante el proceso de contratación, que era Coned Medical Limited.
Incluso, ese mismo día, la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico emitió un informe donde indicaba que se aprobaba y aceptaba su recepción “por interés público”.
“Se aprueba ya que se encuentra en cero en el Área de Almacenamiento y Distribución (Aldi), siendo este insumo crítico para los equipos de protección personal. Se hace la aclaración que en su momento, por causa de la emergencia del covid-19, se le indica a esta comisión realizar una compra de emergencia bajo el código 2-910-01-150 (mascarilla quirúrgica descartable).
“Sin embargo, en ese momento no se contaba con una ficha técnica que se ajustara al producto ofertado, por lo tanto, se adquiere por la emergencia nacional. Se indica que el producto recomendado que corresponde a este ingreso no corresponde al código”, argumentó ese órgano evaluador.
Inmediatamente, las mascarillas del fabricante Fengyuan Medical Technology se distribuyeron en hospitales y clínicas de todo país hasta que el 6 de julio comenzaron a llegar consultas y reportes de distintos centros médicos sobre la rotulación de “non-medical use” que aparecía en las cajas.
Cuatro días después, la CCSS solicitó la devolución de esos cubrebocas ante el riesgo inminente para el personal de salud y tras alegar que hubo un “error material en la inspección de la rotulación de la caja de empaque”. Así lo consignó Porras Meléndez en un comunicado de prensa enviado el 12 de julio.
Cobro por atrasos
Además de la investigación por la reposición de la totalidad de las mascarillas no médicas entregadas, la empresa jardinera enfrenta “un proceso de cobro de cláusula penal” por atrasos en el suministro de los tapabocas contratados, el cual fue abierto por el Área de Almacenamiento y Distribución, a través del sub-área de Sistemas de Información.
De acuerdo con el contrato, Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. debía entregar las 2.890.000 mascarillas en un solo tracto el 1.° de junio; no obstante, lo hizo en cuatro partes, dio 50.000 antes de fecha pactada y el resto de después.
El 28 de mayo la compañía solicitó una prórroga de 18 días hábiles para cumplir con la entrega, alegando dificultadas para que los tapabocas llegaran al país ante un endurecimiento en las medidas de seguridad interpuestas por el gobierno de China, país de origen de ese insumo médico.
Sin embargo, ese mismo día, el Área de Gestión de Medicamentos determinó que no era “factible” otorgar esa ampliación “por ser una compra en modalidad de urgencia”.
Ante esa coyuntura, la CCSS fijó tres multas por un total de $269.000 (¢164,4 millones al tipo de cambio actual) y retuvo ese monto de los giros de dinero ya hechos a la compañía.
Las multas por el atraso en la entrega oscilan entre un 3% y un 25% del monto adjudicado, que en este caso es de $1,1 millones.
El presentante del IBT, Adrián Herrera, admitió que la Caja solo les pagó un 75% del monto pactado y calificó como desproporcionadas las multas impuestas, pues aseguró es “mucho mayor” al margen de utilidad obtenido con el contrato.
En manos de la Fiscalía
Ante una consulta de este diario, Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, dijo que no se referiría a ningún caso específico de contratación porque algunos están judicializados y otros en investigación interna.
“El país y la Caja tiene normativa para compras. Está la Ley de Contratación Administrativa y está el reglamento interno de adquisición de bienes y servicios. Esa normativa define los procesos que se pueden seguir en diferentes situaciones, si al final hay alguna anomalía, pues se inician los procesos, las investigaciones y las auditorías y en los casos que amerita se envían al Ministerio Público”, aseguró.
El jerarca de la CCSS recalcó que se debe esperar los resultados de las investigaciones en curso: “En nuestra democracia, el Ministerio Público es el ente que puede generar las mayores consecuencias a cualquier persona, entonces no se toma a la ligera que haya procesos en el Ministerio Público”.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción mantiene dos procesos abiertos por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública por dos compras ejecutadas por la CCSS durante la pandemia.
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Adrián Herrera, representante de IBT: ‘Esas 700.000 son de uso médico porque llegan al 95% (de filtración)’
El representante de la empresa jardinera IBT, Adrián Herrera, insiste en que las casi 700.000 mascarillas entregadas y después devueltas por la CCSS son de uso médico, a pesar de que el empaque decía otra cosa. A continuación un extracto de la entrevista telefónica que concedió a La Nación:
-Ustedes están inscritos como proveedores en la CCSS desde 2004, pero nunca le ofrecieron servicios o bienes a esa entidad. ¿Cómo en medio de la pandemia una empresa de jardinería y limpieza de vías se convierte en vendedor de mascarillas de uso médico?
IBT tiene 24 años de experiencia. Don Manuel Rodríguez (el dueño de la empresa) me contrata en abril del año pasado y tengo 25 años de trabajar en contratación administrativa, entonces busco y genero oportunidades para participar en el Estado costarricense. Tengo contactos con una empresa en China y con ellos vimos que podríamos ser oferentes (...). Si usted revisa, somos los únicos que hemos entregado todas las mascarillas en su totalidad y el producto que requería la Caja.
-¿Antes del inicio de la pandemia tuvieron contratos con alguna otra entidad estatal por mascarillas u otros insumos médicos?
No, entramos en eso por una gestión que yo hice ante la Caja por la experiencia que poseo en contratación administrativa (...). Reitero, eso es una gestión particular y personal al ser contratado por don Manuel Rodríguez, que es el propietario de IBT, por mi experiencia tengo contactos en China desde hace 12 años.
“La idea de don Manuel era aprovechar mi experiencia y conocimiento para diversificar la empresa”.
-De acuerdo con la documentación ustedes entregaron 700.000 mascarillas de uso no médico…
Yo le puedo demostrar que esas 700.000 son de uso médico porque llegan al 95% (de filtración). Llevamos a la Caja los análisis, lo único es que, cuando inicia la pandemia, China cierra las fronteras para cualquier empresa que quiera exportar productos y solo podían llevar la descripción de mascarillas médicas las empresas que estaban registradas como exportadoras antes del inicio de la pandemia. De cualquier forma, esas 700.000 unidades fueron retiradas de la Caja y cambiadas por otro producto.
-Esas 700.000 mascarillas formaban parte de una compra de 2,8 millones de mascarillas por $1,1 millones ¿Cuánto les han cancelado?
Nos cancelaron una parte.
-¿Cuánto?
El 75% y nos lo cancelaron varios meses después de la compra del producto mientras que a otros que no cumplen les pagan por adelantado.
-Hay un procedimiento administrativo en desarrollo contra ustedes ¿Ya fueron notificados?
Nos fue notificado, está en proceso; obviamente eso representa un perjuicio para la empresa en un 100%, nos quieren poner una multa ($269.000) que es mucho mayor al margen de utilidad que obtuvimos por ese contrato.
-¿La multa está en firme?
No.