El domingo 12 de julio, a las 3:46 p. m., la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) envió un comunicado de prensa en el que informó que gestionaba el cambio urgente de un lote de 700.000 mascarillas descartables.
La razón era que el producto estaba etiquetado como “non-medical use” (no uso médico).
En ese comunicado, el gerente de Logística, Fernando Porras Meléndez, declaró que desde el 10 de julio se solicitó a hospitales y clínicas la devolución luego de identificar un “error material en la inspección de la rotulación de la caja de empaque”.
El lunes 13 de julio, en conferencia de prensa, Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, alegó el mismo error: “El informe que tenemos de la Gerencia de Logística, no es que se compraron mal. Se compraron, en buena teoría, de acuerdo a las especificaciones. Fue que se entregaron sin ver que tenían una rotulación que decía ‘non-medical’. Ahora, si eso cumple o no con los criterios médicos, es otra cosa“.
De inmediato, anunció una investigación para precisar qué fue lo que pasó con esos insumos, claves para proteger a médicos y enfermeras de contagios con pacientes infectados de covid-19.
No obstante, contrario a la versión oficial, en la Caja se sabía que el lote de casi 700.000 mascarillas ‘non-medical use’ tenía defectos desde que lo recibieron en su almacén central, el 30 de junio.
Documentos públicos revisados por La Nación muestran que el lote de mascarillas 20200428-001, suministrado por la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A., estaba rotulado como de uso no médico y, además, no correspondía con la marca ofrecida durante el proceso de contratación, que era Coned Medical Limited.
Un análisis realizado por la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico, con fecha del 30 de junio, indica que aprobaron y aceptaron ese producto de uso no médico “por interés público”. Sin embargo, en la nota no detallan a qué se refiere con esa expresión.
La inspección valoró 50 unidades del lote mencionado y se limitó a decir que “se verifica ingreso contra muestra” y agregan: “se aprueba su ingreso y distribución; por el interés público”.
La Comisión Técnica está integrada por Shirley Ramírez Moya, Grace Corrales Saborío, Magda Canto Oreamuno, Julieta Fernández Calderón y Ligia Alvarado Sandí.
De esa manera, las mascarillas empezaron a distribuirse en los centros de salud costarricenses pese a los posibles riesgos.
Los problemas empezaron desde el 6 de junio, día en que comenzaron a llegar consultas y reportes sobre las mascarillas cuyo rotulado indicaba que no eran de uso médico.
El primero en presentar una queja fue el Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, Guanacaste.
Un día después, el 7 de julio, ya con los reportes de los hospitales encima, la Comisión Técnica emitió un oficio en el que rechazó otros dos lotes de mascarillas no médicas que llegaron a bodegas centrales para su inspección y subrayó que, el 30 de junio, aceptó el lote 20200428-001 “por el interés público” debido a “la urgencia y el desabastecimiento de este insumo”.
Además, expusieron que los cubrebocas entregados el 30 de junio son del fabricante Fengyuan Medical Technology, el cual difiere de la marca propuesta y aprobada durante la contratación (Coned Medical Limited), la cual ofrecería un filtrado de virus, bacterias y partículas del 98%, entre otros aspectos.
Por último, el 8 de julio, la CCSS le informó al proveedor los problemas, le solicitó acudir a bodegas centrales para retirar el producto que no cumplía y le solicitó reponer las unidades etiquetadas como no médicas.
Adrián Herrera Ramos, representante de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT, afirmó que desconoce el significado de la frase “por el interés público”.
“Desconozco la referencia a la que hace mención”, manifestó vía correo electrónico.
Sin respuesta por estar muy ocupado
Solicitamos, desde el 6 de agosto, una entrevista sobre este tema con Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la CCSS, pero respondió, el viernes 7 de agosto, que no tenía espacio en su agenda y solicitó, por medio de la oficina de prensa, enviar las preguntas por escrito.
Las consultas por escrito fueron remitidas el sábado 8 de agosto en horas de la mañana, pero hasta el cierre de esta información no habían dado respuesta.
Semanas atrás, Porras achacó la distribución de las mascarillas a un “error material”.
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“El error material es que dentro del proceso de control de calidad de todos los insumos, hacemos pruebas de permeabilidad, de cortado (para ver las tres capas), y hacemos pruebas de tensión mecánica y de funcionalidad, y debíamos hacer pruebas de revisión documental y de etiquetado. El error material, al parecer, se da en la revisión del etiquetado. Es parte de la investigación que está en curso a lo interno de la institución”, señaló en esa ocasión.
En el expediente de ejecución revisado por La Nación no hay evidencia de las supuestas pruebas mencionadas por Porras.
Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE), aseveró que ellos solicitaron a la Gerencia Médica de la CCSS, información sobre el lote de mascarillas cuestionado, pero no recibieron respuestas claras.
Compra por $1,1 millones
El lote 20200428-001 con 699.850 mascarillas quirúrgicas descartables forma parte de una compra de 2.890.000 tapabocas por un monto de $1,1 millones a la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A..
Esa adjudicación es la primera que obtiene esa firma con la Caja, reconoció Adrián Herrera, representante de la compañía.
Añadió que cuentan con 24 años de experiencia en exportaciones e importaciones y, en los últimos 10 años, aseguró, se han dedicado a representar, en Costa Rica y Centroamérica, a una empresa china fabricante de implementos médicos e instrumentos musicales. Herrera ofreció contactos para corroborar lo dicho.
Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. tiene sus oficinas en Belén, Heredia y no dispone de página web.
La adquisición por $1,1 millones se gestionó por medio de un proceso excepcional por la urgencia de la CCSS de contar con ese insumo, pues es necesario para proteger al personal del nuevo coronavirus.
Las principales características de las compras excepcionales son que permiten acortar los plazos de contratación y elimina la fase de apelaciones; para llevarlos a cabo debe contarse con una autorización previa de la Contraloría General de la República.
La orden de compra a favor del proveedor mencionado fue emitida el 9 de abril de 2020; el compromiso era entregar la totalidad del producto 45 días naturales contados a partir del 15 de abril.
A pesar de esa disposición, la empresa logró cumplir con la cantidad de mascarillas pactadas hasta el 22 de julio, es decir, más de tres meses después de lo estipulado en el contrato.
De acuerdo con los oficios y correos en el expediente, los retrasos por la entrega de los 2.890.000 mascarillas provocaron tensiones entre la CCSS y el proveedor al punto de advertir la disolución del acuerdo.
Herrera sostuvo que, a pesar de la rotulación, “las mascarillas entregadas cumplían técnicamente”.
Informe de Auditoría Interna
José Luis Loría y Mario Devandas, miembros de la Junta Directiva de la CCSS, indicaron, por separado, que el jueves anterior recibieron un reporte de la Auditoría Interna sobre el lote de 700.000 mascarillas no médicas, pero algunos aspectos no estaban claros, por lo que dieron una semana más a los auditores para aclararlos.
“La Junta Directiva conoció el informe de la Auditoría Interna sobre las mascarillas no médicas y pidió una ampliación del informe para la próxima semana”, aseveró Loría, quien es representante del movimiento cooperativista en la Junta Directiva.
Este caso se une a la polémica por la compra de 12 millones de mascarillas a dos oferentes inexpertos por un total de $4 millones.
La semana anterior, una investigación de La Nación reveló que la CCSS entregó, a finales de mayo, esos dos contratos a un contador público y a MR Comunicaciones Políticas, una empresa de asesorías en comunicación y mercadeo, propiedad de la periodista española, Miren Martínez Ruiz, a pesar no contar con experiencia en el suministro y distribución de equipo médico.
Lo más grave es que de los 12 millones de mascarillas, el seguro social solo ha recibido el 17,5%; en el caso MR Comunicaciones Políticas no entregó ni una mascarilla y la Caja empezó la disolución del contrato.
MR Comunicaciones Políticas ganó, entre abril y junio, tres contratos con la CCSS por $3,5 millones para gorros descartables, mascarillas y respiradores KN95.
Tras la publicación de este diario, el Ministerio Público abrió una investigación para precisar las condiciones en las que se desarrolló la contratación.
En paralelo, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público también iniciaron pesquisas.
Los congresistas convocaron a los adjudicatarios: David Landergren y Miren Martínez Ruiz.
Además, incluyeron en la lista a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS; Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la CCSS, y Hans Vindas Céspedes, asesor legal de esa gerencia quien intervino en el proceso cuando una comisión técnica rechazó la oferta de los dos proveedores inexpertos.
También aparecen los miembros de esa comisión técnica que evaluó las ofertas presentadas por Landergren y MR Comunicaciones Políticas.
Se trata de Soraya Solano Acuña, Nidia Medrano Durán y Esteban Corrales Vega, quienes en un primer informe rechazaron los tapabocas propuestos y en un segundo informe los avalaron sin detallar por qué cambiaron de criterio.
Este diario también dio a conocer que Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística, intercedió por Martínez Ruiz, ante el Ministerio de Salud, para la gestión de una supuesta donación del gobierno chino para combatir la pandemia.
La acción del gerente de Logística ocurrió mientras MR Comunicaciones Políticas concursaba por un contrato de $1,3 millones para suministrar respiradores KN95. Una semana después, esa empresa resultó favorecida con la millonaria contratación.
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“Pareciera que, efectivamente, no es lo más feliz que eso haya sucedido de esa manera. Ahora, hay que valorar los alcances de esa decisión, si la donación se dio, si eso, de alguna u otra manera interfirió en el proceso de adjudicación de alguna compra”, expresó Devandas, quien es representante de los sindicatos en la Junta Directiva.
Por su parte, Loría subrayó que ese tipo actos no parecen correctos.
También se consultó a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, sobre este asunto, pero declaró, por escrito, que no hablará del caso por estar en investigación en varias instancias.
“En este momento están en proceso investigaciones de la Auditoria Interna, la Contraloría General de la República, la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa y del Ministerio Público. Por respeto a estos procesos el presidente ejecutivo no aa a emitir la opinión que usted solicita”.
La intermediación de Porras quedó evidenciada en una cadena de correos electrónicos suministrados por el Ministerio de Salud, tras una consulta de La Nación.
Comunicación detallada
FUENTE: Correos obtenidos a través de la oficina de prensa del Ministerio de Salud || DISEÑO / LA NACIÓN.
La Embajada de China en Costa Rica desmintió, el viernes anterior, que utilice intermediarios para ofrecer donaciones.