Dos de los trabajadores investigados cumplirán dos años suspendidos con goce de salario en agosto próximo. Según la CCSS; se les pagan salarios que oscilan entre ¢1,6 millones y ¢2 millones.
Un año y dos meses después de que 'La Nación' reveló posibles irregularidades en la compra de mascarillas quirúrgicas, Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), renunció al cargo.
Desde agosto de 2020 a este mes, la Caja habría pagado ¢109 millones a esos tres funcionarios. Solo el gerente Luis Fernando Porras habría recibido ¢62,4 millones .
Gerencia General sostiene que funcionario suspendido con goce de salario desde agosto de 2020, debía realizar gestión ante la entidad
La lección de las investigaciones sobre las compras en la CCSS es poner atención a las denuncias e investigar los indicios antes de desplegar energías para desacreditar al denunciante.
Contratos con un contador, una periodista, una chatarrera y una empresa de jardinería por más de $5,1 millones. Explicamos paso a paso las presuntas irregularidades de compras de mascarillas por parte de la CCSS en 2020.
Según el traslado de cargos 20-001-PA-1100, a Porras y Vindas les imputan suprimir etapas en los procesos de compras de emergencia, variar reglas, atribuirse funciones que no les correspondían y eliminar el pago de garantías de cumplimiento por parte de los proveedores, entre otros.
Luis Fernando Porras, gerente de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sus dos asesores, Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera, continuarán suspendidos con goce de salario por cuatro meses más.
En los tres viajes aéreos solo se podían traer los insumos médicos dados por China, según autorización de la CGR. Contratista de mascarillas y empresa de carga revelaron planteamiento de funcionarios de Gerencia de Logística. Correos confirman las gestiones desde siete días antes de que DHL ganara la adjudicación.
Seis funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan una investigación administrativa por recibir cerca de 700.000 mascarillas de uso no médico; ese proceso podría culminar en la amonestación, suspensión o despido de los involucrados.