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La gran cantidad de objeciones que llovió sobre la licitación para contratar 138 Ebáis llegó hasta la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), órgano que revisó el tema a finales del año pasado y confirmó que la primera versión del cartel distaba mucho de las necesidades institucionales para el primer nivel de atención en salud.
Según confirmó a La Nación el representante del sector cooperativo ante la Junta, José Luis Loría, la gran cantidad de objeciones –alrededor de 80– “preocuparon”. “Habían tantas que nos preguntamos qué pasó. Decidimos consultar los términos del cartel para ver si tenía o no problemas. Sí se hicieron importantes observaciones para que este cartel esté acorde a las necesidades de la institución y no se pongan condiciones que encarezcan los servicios”, dijo Loría.
El directivo confirmó que la primera versión del cartel, publicada en octubre en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), exigía obras de infraestructura a las cooperativas que encarecían el contrato, entendiendo que este sería solo por cuatro años. La inversión que había que hacer, dijo Loría, no se descontaba en cuatro años. “Eso fue lo que discutimos”, confirmó.
Loría adelantó que ante estas preocupaciones solicitaron al equipo técnico a cargo del proceso presentar a la Junta la segunda versión del cartel antes de publicarla en el Sicop. Estaba previsto que esto último sucediera el 25 de enero, pero trascendió que la nueva versión salió este lunes, un día antes.
La Junta Directiva de la CCSS está integrada por nueve representantes: tres del Estado, tres de los patronos y tres de los trabajadores. Entre estos últimos, está Loría, que es vocero de los cooperativistas.
Gerentes de las cooperativas de salud que han administrado 114 Ebáis por más de tres décadas, objetaron el cartel y manifestaron su inconformidad por los requisitos planteados en la primera versión. Según ellos, hay intención de la CCSS de institucionalizar los servicios que reciben casi 600.000 personas en comunidades como Pavas, Tibás, Escazú o Desamparados.
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“El cartel plantea un recurso humano mínimo, con disminución. No es lo razonable ante una demanda creciente. Hay puntos que parecieran ser los operativos de la institución. Y cuando lo analizamos a la luz de la contratación de servicios a terceros, no es razonable que se les apliquen”, afirmó el gerente de Coopesaín, Wálter Zúñiga Mora. Esta cooperativa suma 32 años de vender estos servicios a la CCSS.
De las 80 objeciones planteadas en esta primera fase, hay al menos 57 consideradas estratégicas y que la CCSS está obligada a modificar en una nueva versión del cartel porque así se lo ordenó la Contraloría, explicó Alberto Ferrero Aymerich, gerente general de Coopesalud. Esta cooperativa está entre los oferentes que objetaron el cartel, además de Coopesaín, Coopesana y Coopesiba, y Unibe.
Licitación en proceso
La actual licitación es para administrar los servicios de atención primaria en salud en 138 Ebáis de 10 Áreas de Salud. El contrato supera los ¢39.000 millones anuales, durante cuatro años. El plazo es otro de los términos objetados por los oferentes.
Como representante de las cooperativas, José Luis Loría asegura que en el seno de la CCSS se entiende que estas organizaciones han dado un aporte fundamental a la institución porque, dijo, sus servicios han sido de calidad a bajo costo.
“Uno esperaría que la Caja tenga a esas cooperativas como parte de sus proveedores para atender a más de medio millón de personas. Estamos a la espera de que se hagan las correcciones al cartel”, reiteró el directivo, quien reconoció que dentro de la CCSS “hay personas que no entienden la filosofía de las cooperativas y pretenden institucionalizar estos servicios: obligarlas a hacer el trabajo en las mismas condiciones en que se hace en la Caja”.
“Han demostrado que tienen la intención de imponer más burocracia y eso hace que el contrato se encarezca. Nosotros creemos que la Caja debe entender que el modelo es muy eficiente”, manifestó Loría cuando se le consultó las razones por las cuales no se ha discutido de una vez por todas en la Junta la pertinencia o no de dejar los servicios en manos de terceros (en este caso, cooperativas) para contratar la atención primaria.
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Según reconoció el directivo, la institución tiene tercerizados muchos servicios. Citó como ejemplo las clínicas de sueño, el suministro de oxígeno a domicilio, entre otros.
“Pero cuando se trata de las clínicas (Ebáis) hay un gran temor porque son servicios directos de atención médica, son más sensibles. Efectivamente, la inviabilidad debería quitarse y entender que a la institución, por un tema de costo beneficio y por otro de conciencia institucional, le sirve más contratar a un tercero que lo hace mejor. A la institución lo que le debería importar es que los servicios se presten”, agregó.
Las cuatro cooperativas de salud que actualmente administran Ebáis en contrato con la CCSS son Coopesiba (Barva y San Pablo de Heredia), Coopesana (San Francisco de Dos Ríos y San Antonio de Desamparados, Santa Ana y Escazú), Coopoesaín (Tibás), y Coopesalud (Pavas y Desamparados).
Lo hacen desde hace más de tres décadas, y en los últimos años se ha entrado en un pulso que ha escalado hasta la Junta Directiva de la CCSS. En este escenario de tercerización de servicios han entrado a jugar la Universidad de Costa Rica (UCR) y la de Iberoamérica (Unibe) las cuales, en diferentes momentos, administraron los Ebáis del Este: Curridabat, Carmen Montes de Oca y San Juan-San Diego-Concepción.
La CCSS retomó esos servicios en febrero del 2020, pese a que la Auditoría Interna, en un documento del 2017, le advirtió que hacerlo significaría un incremento en los costos de 49,5%.
