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El desabastecimiento de medicinas fue una de las alertas activadas en el 2018 que dieron pie a la intervención. En la foto, el área de despacho de medicinas de la farmacia del Hospital México. Foto: Albert Marín (albert marin)
Tal fue el descalabro encontrado en la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja, que la institución ha requerido casi dos años para resolver el cúmulo de anomalías que ponían en riesgo un presupuesto anual superior a los $320 millones.
Esa dirección, considerada el ‘cerebro’ de la cadena de abastecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue intervenida el 16 de mayo del 2018. El proceso finalizaría el 16 de noviembre, informó la oficina de prensa de la Caja ante consultas de La Nación.
“Los interventores deberán presentar un informe de los resultados ante la Junta Directiva. De momento, lo que se puede decir es que se han recuperado cerca de $2,3 millones”, informó la institución.
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El detonante de esta intervención fue un incremento de hasta un 40% en el desabastecimiento de productos; entre ellos, medicinas, materiales para hacer pruebas de laboratorio y reactivos, todos necesarios para la operación de los servicios hospitalarios.
En el peor momento de la crisis se registró un déficit en 72 productos. La mayor proporción (un 47%) fueron medicinas, seguidos por reactivos (27%).
La intervención fue ordenada por la entonces gerenta de Logística interina, Gabriela Murillo Jenkins, quien al escarbar en las causas de esos faltantes encontró expedientes para sancionar proveedores que pasaron hasta siete años sin avances en los reclamos.
Esa dirección es clave dentro del engranaje institucional. Maneja cerca de ¢180.000 millones anuales (unos $320 millones) para la compra de todo lo que requieren los enfermos para su atención en los centros de salud.
Entre los hallazgos que han sido revelados durante el proceso de intervención está la falta de un protocolo para sancionar a los proveedores que no cumplen con las fechas de entrega o con la calidad del producto, así como la ausencia total de un registro de casos que permita dar seguimiento a cada caaso de incumplimiento.
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La gravedad de los hechos motivó que se formara una comisión legislativa para investigar lo sucedido en esa dirección.
En agosto del 2018, en su comparecencia ante los diputados de ese foro, el entonces director de la intervención, David Valverde Méndez, reconoció: “Sancionar una empresa en la CCSS es muy difícil con los procedimientos que hay ahora”.
El funcionario se refería a uno de los descubrimientos más importantes hasta ese momento: la Caja tiene proveedores que atrasan tanto las compras ordinarias que obligan a los hospitales a realizar adquisiciones urgentes, muchas veces más caras para la institución.
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Cadena de abastecimiento CCSS
Durante este tiempo, cinco personas fueron separadas de sus labores temporalmente. Tenían cargos de jefatura en esa dirección y ahora realizan tareas diferentes.
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En su momento, la CCSS informó de que se trataba de:
- El director de aprovisionamiento, Manrique Cascante Naranjo, quien había sido separado con una medida cautelar producto de una investigación preliminar de la entonces gerente, Dinorah Garro, por supuestos problemas de clima organizacional.
- El jefe del área de Gestión de Medicamentos, Pablo Cordero Méndez.
- El jefe del área de Adquisiciones, Maynor Barrantes Castro.
- El jefe del Área de Almacenamiento y Distribución (Aldi), Eduardo Serrano.
- La jefa de subárea de Garantías y Contratos, Olga Rooper.
En el Ministerio Público también se tramita la causa 18-000073-1218-PE por el presunto delito de peculado debido a la supuesta distracción o sustracción de fondos dados a un funcionario para su administración en razón del cargo.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó de que esa causa está todavía en investigación.
“(...) se desarrolla contra ignorado; es decir, no existen por el momento personas individualizadas como imputadas (os), y se encuentra en la fase preparatoria de la investigación, que consiste en la recolección y análisis de pruebas y es privada para terceras personas, según el artículo 295 del Código Procesal Penal”, informó la oficina de prensa de la Fiscalía.
