La Caja tiene proveedores que atrasan tanto las compras ordinarias que obligan a los hospitales a realizar adquisiciones urgentes, muchas veces más caras para la institución.
Estos proveedores se valen de triquiñuelas legales para vender el producto por otras vías. Así lo hacen una y otra vez sin que les pase nada.
Esa es la sensación de impunidad que describió en su comparecencia a los diputados la noche de este lunes, David Valverde Méndez, director del equipo interventor de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Valverde es el primer funcionario de la CCSS en ser convocado por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos.
Esa comisión también convocó al presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, y a la gerenta interina de Logística, Gabriela Murillo Jenkins, quienes tendrán que comparecer el lunes 20 de agosto, después de la sesión de plenario.
La Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios fue intervenida el 16 de mayo, tras detectarse el incremento de hasta un 40% en el desabastecimiento de productos como medicinas y otros insumos vitales para la operación de los servicios hospitalarios; entre ellos, materiales para pruebas de laboratorios y reactivos.
La intervención fue ordenada por la gerenta de Logística interina, Gabriela Murillo Jenkins, quien también encontró expedientes con procesos de sanción a proveedores que pasaron hasta siete años sin seguir el debido proceso para proceder con los reclamos.
Valverde confirmó que, tres meses después de la intervención, se han hallado más de 400 expedientes relacionados a procesos de sanción a proveedores que quedaron varados en el camino.
Hasta hace unas semanas, se habían encontrado más de 400 expedientes en esas condiciones. En muchos de esos procesos, la CCSS estima haber perdido unos $300.000 en trámites de sanción que no concluyeron. Pero, la noche de este lunes, Valverde confirmó que el monto ya subió hasta los $660.000 en un grupo de 38 expedientes de sanciones que quedaron pendientes. “Sancionar una empresa en la CCSS es muy difícil con los procedimientos que hay ahora”, puntualizó el funcionario.
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La Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja maneja cerca de ¢180.000 millones anuales (unos $320 millones) para la compra de todo lo que requieren los enfermos para su atención en los centros de salud.
Entre los hallazgos revelados hasta ahora, también se incluye la falta de un protocolo para sancionar a los proveedores que no cumplen con las fechas de entrega o con la calidad del producto, y la ausencia total de un registro de casos que permita dar seguimiento a cada proceso de sanción.
Un primer informe sobre este caso ya fue conocido por la actual Junta Directiva de la Caja, el 5 de julio. Entre las decisiones tomadas por el máximo órgano de la CCSS está la de enviar la denuncia a la Fiscalía.
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En el Ministerio Público, se tramita la causa 18-000073-1218-PE por el presunto delito de peculado. Este delito consiste en la distracción o sustracción de fondos dados a un funcionario para su administración en razón del cargo.
La institución ha logrado reducir a la mitad el desabastecimiento en reactivos para laboratorios, pero se mantienen los faltantes en medicamentos, calculados en unos 34 según un corte realizado al 30 de junio.
En total, el faltante asciende a 72 productos diferentes. La mayor proporción (un 47%) son medicinas, seguidos por reactivos (27%), informó la Gerencia de Logística.
