Las pérdidas patrimoniales atribuidas al desorden en la compra de medicinas y otros insumos médicos para hospitales públicos superan los $2 millones.
Ese es el dinero que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estima que se perdió al recurrir, entre otras medidas, a las compras de urgencia para garantizar el abastecimiento de fármacos cuya compra ordinaria presentó problemas.
El monto fue revelado por Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la Caja, durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, de la Asamblea Legislativa.
Este foro legislativo abrió el expediente 19.826 para investigar el desorden detectado en la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS, pocas semanas después de que esta institución decidiera intervenir y separar a cuatro jefaturas de esa dependencia.
La CCSS intervino la Dirección de Aprovisionamiento el 16 de mayo, luego de detectar que la falta de medicinas aumentó un 40% en diez meses, situación que obligó a hospitales a realizar compras de emergencia, que resultan más caras para la institución.
Actualmente, hay 13 medicamentos en ‘cero’ en los hospitales de la Caja, y cinco productos industriales, entre ellos varios sueros, que la CCSS ha tenido que comprar a mayores precios en el extranjero. En mayo, esa cantidad ascendía a 28 medicinas y 38 insumos médicos.
Esta situación podría complicarse tras la huelga recién concluida en la institución, pues las dos plantas institucionales que producían suero fueron afectadas con la huelga.
“Se tuvieron que comprar sueros. Se dejaron de producir 390.000 sueros de diferentes tipos y presentaciones. Cada bolsa anda en $1. Es un producto que no se consigue fácil en la región, hay que trasladarlo por barco. Sí nos pueden generar huecos en el abastecimiento”, comentó Gabriela Murillo Jenkins, gerente de Logística a. i. que acompañó a Macaya en la comparecencia.
La Dirección de Aprovisionamiento es el “cerebro” de la cadena de abastecimiento institucional y responsable de comprar absolutamente todo lo que necesitan hospitales, Ebáis y Áreas de Salud para la atención de los pacientes.
Según Macaya, desde que se inició la intervención se han detectado 404 expedientes con procesos sancionatorios inconclusos, muchos de los cuales llevaban varios años engavetados en espera de ser resueltos.
En cuatro meses de intervención, se han logrado activar 215 de esos 404 expedientes y recuperar cerca de $183.000. Todavía está en proceso de cobro judicial la recuperación de más de $82.000 del resto de documentos (189 expedientes), informó Macaya.
“Hay otros 189 expedientes que están por activarse. Esos se van a trasladar al CIPA (Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos) para que ellos les asignen abogados y comiencen a procesarlos y activarlos para ver qué es recuperable”, explicó Macaya.
Gabriela Murillo informó de que una de las acciones en camino tiene relación con los cambios reglamentarios para fortalecer la capacidad de control en el cumplimiento de los proveedores.
Con ese objetivo, dijo, es importante tener un historial de cumplimiento. Además, se ha reforzado todo el equipo de abogados a cargo
Por este caso, la CCSS separó de sus puestos a cinco funcionarios y los trasladó a otras áreas:
- El director de Aprovisionamiento, Manrique Cascante Naranjo, quien había sido separado con una medida cautelar producto de la investigación preliminar que pidió la entonces gerenta, Dinorah Garro, por supuestos problemas de clima organizacional.
- El jefe del área de Gestión de Medicamentos, Pablo Cordero Méndez.
- El jefe del área de Adquisiciones, Maynor Barrantes Castro.
- El jefe del Área de Almacenamiento y Distribución (Aldi), Eduardo Serrano.
- La jefa de subárea de Garantías y Contratos, Olga Rooper.
La entidad también presentó dos denuncias ante el Ministerio Público, que se tramitan bajo el expediente 18-000073-1218-PE por el presunto delito de peculado. El caso está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
"La implementación de mejores prácticas, que incluyen compras digitales con el Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas) establecerá una plataforma transparente y permitirá fichas técnicas (para la compra de productos) que sean totalmente neutras en cuanto a su diseño. Hacia eso vamos.
“Ya estamos comenzando a usar el Sicop en cinco categorías de producto en un plan piloto con Racsa, y estamos en las fases finales de una negociación para la implementación en la totalidad de las compras de la Caja”, explicó Macaya como parte de su informe a los legisladores sobre las acciones emprendidas por la institución desde el momento en que descubrieron las anomalías.
El presidente ejecutivo aclaró que hasta ahora no han encontrado evidencia de malversación de fondos. La Dirección de Aprovisionamiento es la responsable de administrar un presupuesto anual superior a los $180.000.
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“Lo que es evidente es que no hubo el seguimiento que uno esperaría en sancionar a los proveedores por las razones que fueran. Esto genera costos para la institución, que se ve obligada a realizar compras urgentes”, agregó.
El primer funcionario en ser llamado a dar cuentas ante la Asamblea Legislativa fue David Valverde Méndez, director del equipo interventor, en agosto pasado.
Valverde reveló la existencia de proveedores que se valen de mecanismos legales para terminar vendiéndole productos más caros a los hospitales.
Eso lo hacen una y otra vez sin que les pase nada, dijo Valverde en aquella oportunidad cuando reveló la existencia de un sistema que permite la impunidad para situaciones de ese tipo.
Macaya se comprometió ante los legisladores a sentar responsabilidades. “La Caja es demasiado importante para que no haya disciplina y consecuencias”, manifestó.
Los diputados que integran esta comisión reconocieron a la Caja por las medidas que se han venido ejecutando para frenar la crisis de aprovisionamiento institucional y recordaron, al mismo tiempo, la importancia de la Caja para la seguridad social del país.