Salud

CCSS redujo base de cobros en pandemia sin revisar situación de cotizantes

Institución no estableció metodología o sistema para conocer si los cotizantes a los que se les aplicó el beneficio lo requerían y si realmente tenían alguna afectación económica. Dejó de percibir ¢10.600 millones.

Durante el primer año de pandemia, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) redujo la base de cobro de las cuotas que aplica a todas las personas que cotizan tanto para el Seguro de Salud como para el régimen de Invalidez y Muerte (IVM) sin evaluar primero si los beneficiarios requerían o no esa ayuda.

El mecanismo utilizado fue el rebajo de la Base Mínima Contributiva (BMC), la cual constituye el salario mínimo que se toma en cuenta para calcular cuánto se debe pagar para tener esos seguros.

De marzo a mayo de 2020, la BMC se redujo en un 75% para todos los contribuyentes, sin ninguna distinción. Luego, de junio a agosto, se mantuvo un 75% de disminución para las planillas patronales y un 25% para los asegurados independientes y voluntarios afiliados individual y colectivamente.

El monto más bajo sobre el cual se calcularon las cargas sociales fue de ¢74.000 en vez de los ¢294.619 fijados en el BMC, para el Seguro de Enfermedad y Maternidad. En el caso del régimen de pensiones del IVM, el monto fue de ¢69.000 en vez de ¢275.759.

La CCSS dijo a La Nación que esta propuesta fue planteada por la administración de Carlos Alvarado y recibió el respaldo de la Junta Directiva de la institución. Además, reconoció que no estableció alguna metodología o sistema para conocer si los cotizantes a los que se les aplicó el rebajo tenían alguna afectación económica o si requerían o no el beneficio. La medida se extendió por seis meses.

“En su momento, la Junta Directiva de la institución, consideró pertinente que la reducción de la Base Mínima Contributiva se aplicara de manera oficiosa para la totalidad de trabajadores asalariados, trabajadores independientes o asegurados voluntarios.

“El propósito era tener un efecto positivo en un corto plazo, y no existían ni las condiciones ni las reglas necesarias para llevar a cabo un estudio individual para aceptar o rechazar las peticiones de cada uno de los interesados. Entonces, la decisión se enfocó en una medida de carácter universal para todos los cotizantes, sin distinción de ningún tipo”, respondió la Caja.

La institución detalló que por este rebajo contributivo dejó de percibir ¢10.621 millones y que a pesar de que hubo casos de personas que solicitaron que no se les hiciera la disminución porque no la necesitaban o podían seguir cotizando con su porcentaje convencional, no se lograron hacer los ajustes.

Uno de esos casos fue el del exdiputado y excandidato presidencial Ottón Solís, quien dijo a La Nación que intentó hacer todos los trámites posibles para que no le hicieran la disminución, pero las autoridades de la CCSS le indicaron que no podían hacer nada y nunca concretaron la modificación.

“En efecto, hubo unos pocos casos en los que los cotizantes gestionaron que se les cobraran sus contribuciones sociales con base en el nivel de ingresos reportados antes de la reducción de la Base Mínima Contributiva”, reconoció la Caja, sin precisar el número de casos.

La Gerencia Financiera explicó que el propósito de la medida era contribuir para que los trabajadores asegurados conservaran sus puestos de trabajo y con ello tener un menor impacto en las finanzas del Seguro de Salud y de Pensiones.

También “atenuar en los trabajadores independientes y asegurados voluntarios, el impacto que tenía la reducción de sus fuentes de ingresos, incrementando la probabilidad de que estos se mantuvieran cotizando para la seguridad social”.

El otro fin era mantener la cobertura de servicios de salud y prestaciones económicas a todos los asegurados y “coadyuvar con la protección financiera” de sus hogares.

Asimismo, destacó que se hizo bajo el acuerdo de que el Ejecutivo inyectaría recursos extra a la institución.

“La decisión de disminuir la BMC se toma cuando inician los efectos de la pandemia en el país, decisión que fue acompañada además por el compromiso del Poder Ejecutivo en brindar recursos extra a la Institución. Existía una elevada incertidumbre y escasez de información, respecto a sus efectos en los servicios de salud, mercado de trabajo, finanzas públicas, crecimiento económico y condiciones socioeconómicas”, detalló la Gerencia.

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