José Andrés Céspedes. 25 agosto
El acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS viene a continuar el tomado el 23 de julio anterior sobre acuerdos de cobros. Foto: Rafael Pacheco
El acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS viene a continuar el tomado el 23 de julio anterior sobre acuerdos de cobros. Foto: Rafael Pacheco

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantendrá reducida la base mínima para calcular las cargas sociales durante setiembre, con las mismas condiciones que se aplicaron en agosto.

El objetivo es “contribuir con la economía nacional” durante la emergencia que vive el país por la covid-19.

Luis Diego Calderón Villalobos, gerente financiero de la CCSS, dijo que la medida acordada este martes es una extensión de las que el máximo órgano institucional tomó el 19 de marzo, el 23 de junio y el 23 de julio pasados.

Calderón detalló que la decisión, que beneficia a patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios, incluye lo siguiente:

  • Para las planillas patronales, la base mínima contributiva se mantendrá reducida a un 25 % respecto al monto de febrero 2020.
  • Para los asegurados voluntarios y trabajadores independientes (individuales y colectivos) de la categoría 1 y 2 (que tenían ingresos de referencia menores a ¢633.930), la base se mantendrá reducida a un 75 % respecto al monto de febrero 2020; es decir, un 25 % menos.
  • Para los asegurados voluntarios y trabajadores independientes (individuales y colectivos) para las categorías 3, 4 y 5 (que antes de la pandemia tenían ingresos de referencia con montos superiores a ¢633.930), la base mínima contributiva se mantendrá al 100 % del monto de febrero de 2020.

Las medidas adoptadas por la Junta Directiva de la CCSS desde marzo han permitido amortiguar el impacto de la crisis económica del país en los seguros de salud y pensiones, ya que entre enero y junio de 2020, la reducción de asegurados registró una disminución del 3.4 %, es decir, 62.867 trabajadores en total.

Calderón mencionó que, adicional a la atención de la población con los servicios de salud, se está gestionando “para darle un respiro a todos los costarricenses que han sufrido una reducción parcial o total en sus ingresos económicos”.

De acuerdo con datos de la Gerencia Financiera de la CCSS, de enero a junio de 2020, se registró una disminución de 76.223 trabajadores asalariados, en el seguro de salud y de pensiones; ya que para enero estaban registrados 1.014.343 trabajadores asalariados asegurados y en junio se redujo a 938.120.

En el caso de los asegurados voluntarios y trabajadores independientes (afiliados individual y colectivamente) hubo un aumento, ya que pasaron de 459.074 a 468.571, durante el mismo periodo.

En términos de ingresos efectivos, el seguro de salud ha dejado de percibir ¢75.972 millones y el seguro de pensiones ¢63.594 millones durante el período de abril a julio. Estos datos incluyen las transferencias del Estado, así como los ingresos por recaudación.

Acuerdos de cobros

El 23 de junio anterior, la Junta Directiva de la CCSS dispuso lo siguiente en cuanto a los acuerdos de cobros:

-Prorrogar hasta el 31 de diciembre del año 2020, las ocho medidas transitorias al Reglamento que regula la formalización de acuerdos de pago por deudas de patronos y trabajadores independientes con la CCSS, aprobadas 19 de julio del 2019.

-Disminución de la tasa de interés (Tasa básica pasiva más un punto porcentual).

-Ampliación de los plazos máximos de formalización.

-Disminución de los pagos iniciales para convenios de pago con trabajadores independientes.

-Ampliación del plazo de finalización de los convenios de pago.

-Inclusión de los gastos de formalización en acuerdos de pago (deudas menores a ¢1 millón).

-Ampliación en convenios de pago, modalidad pago único de intereses.

-Disminución del requisito del monto a amortizar para readecuar convenios de pago.

-Disminución del porcentaje de cobertura en garantía fiduciaria.

-Prorrogar hasta el 30 de setiembre del 2020 la suspensión de las gestiones de cobro, únicamente por deudas que se originen durante los meses de febrero a setiembre del 2020.

Las gestiones de cobro a suspender son las relacionadas con el inicio y ejecución material de cierres de negocios por morosidad y la presentación de demandas civiles y denuncias por retención indebida.