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Funcionarios de la Dirección de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habrían sacado licitaciones públicas por varios millones de dólares con condiciones que supuestamente favorecían a empresas distribuidoras de equipos de la marca Cisco, según la hipótesis de la Auditoría Interna contenidas en el informe AS-ATIC-2116-2020.
La pesquisa data de agosto de 2020, cuando la Junta Directiva de la Caja frenó una licitación (2020LN-00004-1150) por $9,8 millones para soluciones de redes y equipos de comunicación por un presunto favorecimiento a proveedores de la marca Cisco. En enero de 2021, la Auditoría Interna solicitó que se interviniera ese departamento y en ese mismo mes fue separado de su puesto Robert Picado Mora, subgerente de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, mientras avanzaba una pesquisa en su contra.
Como parte de ese proceso, la entidad amplió la investigación al subdirector de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, de apellido Chacón y al jefe del Área de Comunicación y Redes Informáticas, de apellido Porras. Ambos funcionarios también fueron trasladados a otros cargos de manera temporal.
La Gerencia General de la CCSS confirmó, el 17 de diciembre anterior, la existencia de los procedimientos disciplinarios y las medidas cautelares, pero no ofreció detalles por impedimentos legales.
De acuerdo con la Auditoría Interna, la Dirección de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones incluyó en los requisitos de varias contrataciones, la adquisición de componentes con “compatibilidad total” con la marca Cisco, sin que exista un análisis técnico que justifique esa condición. Los auditores expresaron que ese elemento impide la libre competencia. Solo entre 2019 y 2020 la institución destinó $2,6 millones para la compra de equipos de telecomunicaciones, de esa cifra el 42% (1,1 millones) desembocó en adquisiciones de la marca mencionada.
En el caso de la licitación por $9,8 millones, la intención era adquirir equipos para modernizar los sistemas de redes y comunicación en las áreas de salud, clínicas, hospitales, unidades médicas especializadas, Ebáis, direcciones regionales y sucursales. Sin embargo, tras los cuestionamientos de la Auditoría Interna y advertencias de la Contraloría General de la República, el concurso fue reiniciado.
El año anterior, la Contraloría declaró parcialmente con lugar objeciones presentadas por varias de las compañías interesadas en el contrato, al considerar que las especificaciones técnicas del cartel eran imprecisas y poco claras.
“Puede generar problemas al momento del estudio de las ofertas ya que la cláusula tal y como está redactada permite cierta subjetividad al momento de determinar cuándo una oferta cumple o no cumple”, declaró la CGR en la resolución 00863-2020.
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Además, un grupo de informáticos de otras áreas de la CCSS recalcaron que en esa licitación no existieron estudios de factibilidad para verificar alternativas de dos o más marcas y tampoco existió un estudio técnico para precisar las necesidades tecnológicas.
Los tres funcionarios investigados se exponen a amonestaciones, suspensiones sin goce de salario y hasta el despido.
