En menos de dos meses, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) concretó una licitación por ¢400 millones a favor de la empresa GBM Costa Rica para licencias informáticas del centro de llamadas que la entidad decidió asumir meses atrás.
De acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el concurso se lanzó por medio de una licitación abreviada el 11 de marzo y fue adjudicada el 29 de abril de 2021.
En el proceso solo GBM Costa Rica presentó una oferta. Otras dos compañías solicitaron extender el plazo para la entrega de propuestas, pero la respuesta de la Caja fue negativa.
La licitación, según los documentos publicados en Sicop, fue publicada a pesar de que la Caja no había finalizado el plan piloto que le permitiría decidir si institucionalizaba o no el call center.
Además, la empresa adjudicada es dueña de las licencias que la CCSS utilizó en el plan piloto. Esa condición se mantuvo en secreto hasta que La Nación consultó al respecto.
Esa información fue confirmada por Cristhian Chacón, subdirector de Tecnologías de Información de la CCSS.
Todos esos elementos provocaron que la Auditoría Interna presentara, el 3 de agosto de 2021, una denuncia penal en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que se investigue si los involucrados en este caso incurrieron en algún tipo de delito.
Además, pidieron a Roberto Blanco Topping, director de Tecnologías de Información y Comunicación de la CCSS, abrir procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
¿Qué ocurrió?
Entre diciembre de 2020 y abril de 2021, la Caja realizó un plan piloto para medir, entre otras cosas, cuál programa informático se ajustaba a las necesidades del call center.
No obstante, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de la CCSS reconoció que solo probó el sistema de GBM Costa Rica y luego le adjudicó el contrato mencionado.
Chacón dijo que las licencias informáticas fueron conseguidas a través del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Contrario a lo que establece la normativa, el préstamo de las licencias informáticas se dio mediante un acuerdo verbal, sin documentos que dejaran claras las condiciones de la relación, las obligaciones de cada una de las partes, el periodo y el manejo de datos.
Otros interesados en obtener el negocio, como el ICE y Corporación Font, solicitaron a la Caja ampliar el plazo para recepción de ofertas, pero la fecha de cierre se mantuvo para el 5 de abril. Esas peticiones constan en oficios intercambiados entre esas firmas y la CCSS.
El ICE confirmó la colaboración con la CCSS, pero manifestó que no se trató de un préstamo.
“Es importante aclarar que el ICE no ha realizado un préstamo de licencias como se afirma. A solicitud de la CCSS se implementó una prueba de concepto para comprobar las funcionalidades técnicas de una solución tecnológica para un Centro de Contactos Multicanal”, señaló el ICE ante una consulta de La Nación.
El ICE agregó que la Caja sabía que las licencias provenían de GBM Costa Rica y, al mismo tiempo, la compañía estaba enterada de la colaboración.
“Al contarse con aportes de la empresa GBM en la contratación directa del servicio de Comunicaciones Unificadas, dicha empresa fue informada y se efectuaron las coordinaciones previas para realizar la prueba”, expresó el Instituto a través de su oficina de prensa.
Por su parte, GBM Costa Rica rechazó el vínculo.
“Definitivamente no. GBM de Costa Rica no ha prestado ni ofrecido licencias de su propiedad para desarrollar un plan piloto para un Centro de llamadas en la CCSS”, alegó la empresa.
Costo elevado
Un estudio de mercado previo al lanzamiento de la licitación valoró cinco cotizaciones. La del ICE era la más barata y la de GBM Costa Rica la más costosa.
Chacón rechazó que existieran irregularidades en el proceso, que se le haya dado ventajas indebidas a GBM Costa Rica en este concurso o que los términos de referencia del cartel se diseñaran a la medida del contratista.
Para el funcionario, la colaboración del proveedor en el plan piloto no representa una ventaja para GBM Costa Rica.
“Yo supervisé los términos de referencia de ese cartel de licitación. Fueron totalmente abiertos para cualquier marca, no iban sesgados para una marca en específico, podía participar cualquier fabricante.
“Pienso que no hay una ventaja para GBM Costa Rica porque la licitación fue un acto público realizado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas”, declaró Chacón.
A pesar de lo expuesto por el subdirector, en ningún apartado del cartel de licitación se advierte que GBM Costa Rica tuvo participación directa o indirecta en el plan piloto desarrollado por la Gerencia Médica.
Por último, reconoció que no informó al gerente general de la Caja, Roberto Cervantes Barrantes, sobre el uso de equipos de GBM Costa Rica en los ensayos antes de que se firmara la adjudicación.
Cervantes dijo: “Un antecedente como el que se menciona (préstamo de licencias para desarrollar un plan piloto) es un tema que no era ni es de mi conocimiento, se procederá con las averiguaciones correspondientes para luego informar lo que se estime necesario al respecto.
“Le reitero que no era, ni es de mi conocimiento a la fecha, la situación descrita (...) El señor Christian Chacón no me informó sobre este tema”.
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“No obstante lo anterior, este despacho estará realizando un análisis integral del tema en coordinación con otras instancias, que permita conocer en detalle de lo actuado y tomar las correspondientes acciones con ajuste de marco legal vigente que rige la materia”, concluyó el gerente general.
Respuestas confusas
El 28 de junio, en una entrevista con La Nación, Roberto Blanco Topping, director de Tecnologías de Información de la CCSS, dijo que no sabía de dónde habían salido las licencias prestadas para el plan piloto porque ese trámite lo había hecho la Gerencia Médica.
En esa cita se comprometió a revisar el tema y dar una respuesta precisa.
El 13 de julio, por medio de la oficina de prensa, la Dirección de Tecnologías de Información informó de que las licencias fueron prestadas por el ICE, pero no presentó documentos que respaldaran esa versión.
El martes 27 de julio, en una segunda entrevista, la institución reconoció que los sistemas utilizados para las pruebas le pertenecían a GBM Costa Rica y fueron prestados a través del ICE.
“Yo no sabía (que las licencias eran de GBM), pero con todo lo mediático que ha sido este asunto es que fueron saliendo cosas y es ahí donde me doy cuenta”, afirmó Chacón.
El 26 de julio, Daniel Berrocal Zúñiga y Alonso Soto Vega, funcionarios de esa Dirección, reconocieron por escrito que no existen documentos que demuestren el préstamo de las licencias y que todo fue verbal.
Investigación
Blanco Topping confirmó que pidió colaboración a la Auditoría Interna de la CCSS para precisar si se cometieron irregularidades en la solicitud de licencias para el plan piloto y en la adjudicación a GBM Costa Rica.
El director de Tecnologías de Información agregó que, a partir de los criterios emitidos por la Auditoría, decidirá si corresponde la apertura de procedimientos disciplinarios contra los encargados.
Añadió que el proceso para desarrollar planes pilotos establece que debe quedar constancia por escrito de lo que se requiera para pruebas de sistemas u otras herramientas.
“Tiene que haber una solicitud formal de la Caja hacia el proveedor para que apoye el plan piloto, obviamente en ese momento no hay una transacción que lleve costos para la entidad, deben haber oficios que respalden el proceso, se firman acuerdos de confidencialidad para proteger los datos del plan piloto y tiene que haber una justificación interna”, recalcó.
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