El gerente de Logística de la CCSS, Luis Fernando Porras Meléndez, enfrenta otro procedimiento disciplinario por haber salido del país sin tramitar vacaciones ni permisos, pues él se encuentra suspendido con goce de salario desde agosto de 2020.

La Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) abrió la nueva investigación luego de verificar que el funcionario viajó al exterior del 9 al 12 de diciembre, sin comunicarlo a la institución.

Porras es cuestionado además por presuntas irregularidades en la compra de millones de mascarillas durante la pandemia.

Sobre el viaje de Porras, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó a La Nación las salida y retorno del funcionario.

La Gerencia General, además, reclama que convocó a Porras el 26 de febrero para una reunión de trabajo, pero no se presentó.

Por esas razones, Roberto Cervantes, gerente general de la Caja, ordenó, este lunes 15 de marzo, la apertura de un nuevo proceso por presunto incumplimiento de deberes y ausencias injustificadas.

“Sí, estamos instruyendo un procedimiento administrativo, hicimos las consultas a Migración y en efecto hay varios días en los que se ausentó del país y nosotros tenemos una relación laboral, él tiene una medida cautelar, pero está recibiendo salario de parte de la Caja.

“Entonces, estamos procediendo a hacer un procedimiento administrativo para verificar esa información y demás detalles de su salida”, comentó Cervantes.

La Contraloría General de la República (CGR) señaló desde 2008, que los funcionarios suspendidos con goce de salario tienen los mismos deberes y obligaciones que aquellos que se encuentren laborando de manera ordinaria, incluida la responsabilidad de gestionar vacaciones o permisos para situaciones personales.

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Ese criterio fue ratificado por el órgano contralor en enero del 2018, por medio del oficio DJ-1204.

Porras recibe, según datos suministrados por la CCSS, ¢4,8 millones de salario por mes.

Este diario llamó al funcionario este lunes por la mañana para consultarle sobre el caso, pero indicó que no se iba a referir.

Se le preguntó sobre el motivo y destino de la salida, pero enfatizó que no daría información al respecto.

“Debo indicarle, que los funcionarios públicos en el ejercicio de nuestros cargos y competencias, tenemos eximentes de responsabilidad y causas de justificación en nuestras actuaciones, como lo son el caso fortuito y la fuerza mayor, los cuales se rigen por los principios laborales de indubio pro operario, de aplicación de la norma más beneficiosa y de aplicación de la condición más beneficiosa, y a ellos siempre me he apegado como norte en el cada una de mis actuaciones y funciones”, manifestó el gerente, horas después, por medio de un correo electrónico.

Con esta causa, Porras acumula cinco investigaciones administrativas por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas a proveedores inexpertos, aparentes pagos por adelantado a contratistas y pérdida objetiva de confianza, entre otros.

“Estamos instruyendo un órgano director fuera del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), son dos abogadas con amplia experiencia en esto (...) Esperamos que este procedimiento sea muy célere y ágil”, declaró Cervantes.

También la Fiscalía y una comisión legislativa investigan las presuntas irregularidades en las compras de mascarillas para atender la pandemia.

Antecedentes

Luis Fernando Porras llegó a la Gerencia de Logística de la CCSS en setiembre de 2019, proveniente de una multinacional que vende medicamentos a la Seguridad Social.

La primera investigación contra Porras fue abierta en agosto de 2020 tras una publicación de La Nación la cual reveló la contratación de 12 millones de mascarillas por $4 millones, a favor de una periodista española y un contador costarricense sin experiencia en el suministro de equipo de protección personal.

Ambas personas se inscribieron a última hora como proveedores de la Caja e incumplieron de forma parcial y total con la entrega de los productos, lo cual comprometió el abastecimiento de cubrebocas en clínicas y hospitales.

Luego de esa publicación, la Caja procedió a suspender a Porras y otros funcionarios relacionados con esa adquisición e iniciar las pesquisas administrativas.

En agosto del año anterior, la CCSS también le abrió un procedimiento por la recepción de 700.000 mascarillas de uso no médico.

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También figura en pesquisas por el presunto pago por adelantado de $1,3 millones a la periodista española Miren Martínez Ruiz por 570.000 respiradores filtrantes de partículas KN95.

En enero, la Gerencia General decidió abrir otro proceso por “pérdida objetiva de confianza”.