La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invirtió $1,1 millones en 2,8 millones de mascarillas protectoras para el personal encargado de atender pacientes de covid-19, pero el primer lote, de 700.000, no cumple los requisitos especificados en la contratación. Las mascarillas no son para uso médico y llevan, de fábrica, una advertencia al respecto. No obstante, fueron distribuidas entre los hospitales y el personal utilizó un número no especificado de ellas.
La noticia es alarmante por el evidente riesgo sanitario, pero las explicaciones ofrecidas por la institución despiertan preocupaciones adicionales. Las mascarillas pasaron pruebas de control de calidad puestas en práctica por la CCSS, incluidos exámenes de permeabilidad, funcionalidad, tensión mecánica y corte, para asegurar la presencia de tres capas protectoras.
Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística, describe lo sucedido como un “error material”, evita calificar su gravedad y limita la falla a la falta de lectura de la rotulación del empaque. Eso no explica cómo una mascarilla claramente rotulada “non medical” por su fabricante pasa los controles de calidad establecidos por la CCSS para certificar su idoneidad en labores médicas.
El problema no es el “error material” cometido al omitir las “pruebas de revisión documental y de etiquetado”, según la explicación del gerente, sino la ejecución del resto de exámenes, incapaces de detectar la falta de idoneidad del material del cual depende la seguridad del personal médico.
Según el comunicado de la gerencia de Logística, “la compra fue correcta” y “el producto cumplió el requerimiento de seguridad y protección”. En ese caso, los requerimientos establecidos por la CCSS no alcanzan el nivel exigido por el fabricante de las mascarillas para considerarlas de uso médico. También queda tácitamente admitida la insuficiencia de los análisis practicados por la CCSS para certificar la idoneidad del equipo, por lo menos en relación con los criterios más exigentes del fabricante.
No hay otra forma de conciliar la rotulación con la aprobación de las pruebas de calidad, salvo la remota posibilidad de un error de empaque. Si el fabricante colocó cientos de miles, y quizá millones, de máscaras de uso médico en cajas rotuladas “non medical”, tendría sentido la atribución del incidente a un error de etiquetado y la idoneidad de los análisis de la CCSS estaría a salvo. Un error tan grueso y costoso parece improbable. Las máscaras de uso médico son más elaboradas y caras. Con tanto en juego, es difícil creer que el fabricante sea tan poco observador de su etiquetado como demostró serlo la institución compradora.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, también insiste en que las mascarillas fueron bien compradas. “Se compraron, en buena teoría, de acuerdo con las especificaciones. Fue que se entregaron sin ver que tenían una rotulación que decía ‘non medical'”. En otras palabras, la CCSS compró el material adecuado a sus necesidades, pero el fabricante entregó otra cosa y la institución la recibió conforme. Los análisis de calidad certificaron la idoneidad de los materiales hasta que a alguien, en algún hospital, se le ocurrió leer la etiqueta.
En ese caso, la distribución y uso de las mascarillas sí puso en peligro al personal médico, porque no se trataría de los equipos idóneos adquiridos por la Caja “de acuerdo con las especificaciones”, sino de otros, claramente rotulados para fines distintos, pero aceptados, aprobados y distribuidos por la institución. En juego está la salud de quienes velan por preservar la de los demás. Quedamos pendientes de mejores explicaciones y, sobre todo, del establecimiento de responsabilidades.
