EscucharUn criterio legal emitido por la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) refutó el principal argumento del Gobierno para suspender temporalmente a cinco integrantes de la Junta Directiva de esa entidad.
En una conferencia de prensa, realizada el 7 de diciembre, Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, y Marta Esquivel Rodríguez, jerarca de la CCSS, señalaron presuntas irregularidades en las que los funcionarios habrían incurrido con la aprobación de un aumento salarial retroactivo.
Según Chaves y Esquivel, para esos cinco miembros de Junta había un conflicto de interés porque tienen hijos, hermanos y otros familiares entre los 63.000 trabajadores que se beneficiaron con el alza.
No obstante, un pronunciamiento firmado por Olger Sánchez Carrillo, auditor de la Caja, concluyó que, al votar a favor del incremento en las remuneraciones, los directivos no cayeron en un conflicto de interés, pues la decisión era un “acto administrativo de alcance general” y no específicamente para favorecer a los parientes.
El criterio de la Auditoría se dio en respuesta a la solicitud que planteó semanas atrás la presidenta ejecutiva de la CCSS; fue entregado este lunes 9 de enero.
En su exposición, la Auditoría Interna indica que es “imposible pensar que alguna persona no posea un interés” en decisiones de carácter general. “En este sentido, el interés personal, al ser un acto que afecta a una generalidad, no se concreta, sino que se difumina”, manifestó Sánchez en su escrito.
Para el auditor, al aprobar el aumento salarial, la Junta Directiva atendió al Decreto Ejecutivo número 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, firmado por Chaves cuando fungía como ministro de Hacienda, el cual disponía el ajuste salarial para los empleados públicos. No obstante, este quedó congelado por dos años debido a la pandemia.
También manifestó que “el acto administrativo que decreta el aumento salarial dispone de firmeza y eficacia” y solo se podría anular a través de un proceso de lesividad.
Por último, de acuerdo con el órgano auditor, “el señalamiento de un conflicto de intereses no conlleva la constatación de un acto concreto indebido de favorecimiento”.
La Nación intentó conocer la posición de Esquivel sobre el criterio de la Auditoría Interna, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular. Tampoco contestó los mensajes.
En una entrevista, publicada por este diario el 16 de diciembre, la jerarca dijo que no consideró necesario esperar el criterio antes de señalar a los cinco directivos. Vea la entrevista en el video:
¿Qué dicen los directivos?
José Loría, representante de las cooperativas en la Junta Directiva de la CCSS, dijo que el criterio de la Auditoría Interna ratifica que no existió un conflicto de interés a la hora de aprobar la mejora en las remuneraciones de los trabajadores de centros médicos y oficinas administrativas.
“El resultado de este informe deja muy claro algo que ya sabíamos, hay muchos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República en el sentido de que, cuando un directivo toma decisiones aplicables a la generalidad, no lo alcanza el conflicto de intereses”, comentó Loría.
Agregó que los directivos de la CCSS suspendidos no ven este tema como “algo personal”, sino que lo encaran como “un atropello a la institucionalidad y la autonomía constitucional de la Caja”.
Loría, incluso, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo, la aprobación de una medida cautelar provisional para ser reinstalado en la Junta Directiva.
“El criterio derrumba una mentira más del Gobierno, que hace acusaciones que son infundadas”, añadió.
Por su parte, Martha Rodríguez, representante de los sindicatos en la Junta Directiva, aseguró que la presidenta ejecutiva de la CCSS “casi los llamó delincuentes” sin tener razones.
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“El criterio de la Auditoría Interna viene a ratificar lo que ya habíamos dicho, que no hay un conflicto de interés”, enfatizó la líder sindicalista.
También informó que, en las próximas horas, presentará una solicitud de medida cautelar provisional para recuperar su posición en el máximo órgano de la CCSS.
Los directivos suspendidos por el Consejo de Gobierno, además de Loría y Rodríguez, son Maritza Jiménez Aguilar, representante de las asociaciones solidaristas, Carlos Salazar Vargas, representante del Gobierno, y Jorge Arturo Hernández Castañeda, representante de los patronos.
En la actualidad, la Junta Directiva de la CCSS no puede sesionar debido a la falta de cuórum, eso impide la toma de decisiones claves en la entidad, algunas de ellas relacionadas con compras de medicamentos, insumos, materiales médicos y nombramientos.
