EscucharA pesar de tener hijos, hermanos y sobrinos que laboran en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuatro integrantes de la Junta Directiva de esa institución no se abstuvieron, el 8 de setiembre, de discutir y aprobar el aumento salarial retroactivo a los periodos 2020, 2021 y 2022. Ese incremento tendrá un costo para los contribuyentes de ¢29.000 millones.
Los directivos son Martha Rodríguez, representante de los sindicatos; José Luis Loría, del movimiento cooperativista; Jorge Arturo Hernández, de los patronos, y Carlos Salazar, del Poder Ejecutivo.
El 13 de octubre, La Nación consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) si los miembros de Junta Directiva de una entidad pública deben abstenerse de votar un aumento salarial en caso de que tengan familiares hasta el tercer grado de consanguinidad en la planilla institucional. La respuesta fue que todo “funcionario está obligado a abstenerse cuando exista un conflicto de interés”.
El asesor jurídico del Estado recordó que el artículo 230 de la Ley General de Administración Pública establece esa obligación, mientras que el artículo 12 del Código Procesal Civil detalla los casos en los que se presenta un conflicto de interés. Ese segundo artículo, en el inciso segundo, señala que una de las causales es “ser una de las partes cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, o segundo de afinidad del juez”.
¿Por qué no se abstuvieron de votar los cuatro directivos si tenían familiares hasta el tercer grado de consanguinidad que trabajan para la Caja? Esa pregunta se les envió el 18 de octubre, vía correo electrónico. El jueves 20 de octubre se insistió ante la oficina de prensa de la CCSS, pero no hubo respuesta al cierre de esta información.
El miembro de Junta Directiva con más familiares dentro de la entidad es José Luis Loría, representante de las cooperativas, con cinco parientes. Entre ellos están su hija y cuatro sobrinos.
Detrás de Loría aparece Martha Rodríguez, representante de los sindicatos, con cuatro: un hijo, dos hermanas y un hermano.
Luego están Jorge Arturo Hernández, representante de los patronos y exauditor interno de la CCSS, con dos sobrinos, y Carlos Salazar, representante del Poder Ejecutivo, con una hermana.
Además del presunto conflicto de interés, los cuatro directores ignoraron, a la hora de aprobar el aumento salarial retroactivo, un informe de la Dirección Actuarial que señaló que autorizar el incremento salarial general desde enero de 2020 hasta ahora “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”.
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Debía informarse
Para Marta Esquivel, quien hasta mayo era jueza laboral en el Poder Judicial y desde el 17 de setiembre es presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, los directores debieron, “al menos”, informar de que tenían familiares de hasta tercer grado de consanguinidad entre los funcionarios que se beneficiarían del aumento salarial retroactivo. Eso porque existen elementos para considerar un conflicto de interés.
“Usted lo primero que ve, y a mí esto me lo enseñaron cuando estuve en la Sala Constitucional (como magistrada suplente), es revisar si usted tiene algún interés. Incluso, a veces ni siquiera tienen que ser lazos familiares, es la regla de oro”, declaró Esquivel al ser consultada sobre este tema.
La jerarca de la Caja aseguró que antes de la consulta de La Nación desconocía los vínculos familiares entre integrantes de la Junta Directiva y funcionarios que recibirían el aumento salarial retroactivo de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales a la base salarial.
Añadió que al conocer el asunto llevará el tema a una sesión de la Junta Directiva y solicitará criterios jurídicos para determinar si los directores debían abstenerse y si existe un conflicto de intereses.
La aprobación del ajuste salarial causó la molestia de Casa Presidencial al punto que provocó, el 17 de setiembre, la destitución de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la CCSS. Horas después de esa salida, Guillermo Hernández, representante del Poder Ejecutivo, presentó su renuncia en “solidaridad” con Ramos.
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Además, el 20 de setiembre, la tensión por la aplicación del aumento desembocó en acusaciones de tres directores de la CCSS por supuesta injerencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en las decisiones de la CCSS. Ese día, José Luis Loría, Martha Rodríguez y Maritza Jiménez le recordaron al mandatario, durante una conferencia de prensa, que la Caja “posee autonomía constitucional”
Sin suplentes
Aunque otros órganos colegiados de entidades públicas tienen la figura de miembros suplentes para actuar cuando los titulares se abstengan de discutir o votar un tema, en la Caja no existe esa figura.
El 8 de setiembre, cuando se aprobó el incremento. estuvieron en la sesión ocho de los nueve integrantes de la Junta Directiva; siete votaron a favor y uno en contra (Marielos Alfaro Murillo, representante de los patronos).
La presidenta ejecutiva de la CCSS expresó que la figura de suplentes sería valiosa para la Junta Directiva, pues, en la actualidad, si hay inhibitorias que dejan una sesión sin cuórum se traslada el tema al Consejo de Gobierno, lo cual atrasa la toma de decisiones.
Hasta este momento, la Caja no ha publicado el acta de Junta Directiva del 8 de setiembre, fecha en la que se discutió y avaló el aumento salarial retroactivo para los 63.000 trabajadores de la institución. De hecho, la entidad no publica las actas de Junta Directiva desde el 31 de enero del presente año.
