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Un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ratificó los problemas de la institución con las compras de alimentos que realizan los hospitales al Consejo Nacional de Producción (CNP), entre los cuales destacan los sobreprecios de hasta 170%.
Semejantes diferencias de costo ocurre en el caso de las frutas y verduras, según el documento emitido el 9 de mayo.
Por las carnes y embutidos, entretanto, la Caja paga al Consejo 10,5% más en comparación con los precios que cancelaba a otros proveedores tiempo atrás. En algunos de los casos expuestos por los auditores cuestionaron que el CNP termina subcontratando a viejos proveedores de hospitales, pero cobrando precios mayores. Por ejemplo, los productos provenientes de una compañía llamada Tres Jotas resultaron 10,5% más caros luego de la entrada del Consejo Nacional de Producción.
También se reseñan constantes incumplimentos en el suministro de carnes, frutas y verduras, los que, según el órgano fiscalizador, provocan inconvenientes en “la programación y elaboración de las dietas para los pacientes hospitalizados”.
En algunas ocasiones, los centros médicos se han visto en la obligación de sustituir las carnes de res y cerdo por pollo o huevos en vista de los retrasos del Consejo. Por ejemplo, en diciembre del año anterior, La Nación informó sobre la escasez de carnes debido a aumentos de hasta un 73% en los precios de algunos cortes.
El artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP establece que “los entes públicos están obligados” a abastecerse de los productos que ofrece el Consejo “a los precios establecidos”. Con base en ese mandato legal, la Caja mantiene un contrato directo con el Consejo para adquirir 19 tipos de carne de res, cerdo, embutidos, frutas y verduras.
Según cifras oficiales, entre 2018 y 2021, la Seguridad Social canceló ¢9.556 millones al Consejo por ese tipo de productos.
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600 días de retraso
A los costos mayores se suman otros problemas como retrasos superiores a 600 días en la entrega de facturas, lo cual afecta la planificación institucional, despacho de carnes en mal estado y pedidos incompletos, entre otros.
De 488 órdenes de compra revisadas por la Auditoría Interna correspondientes a 2021, hallaron incumplimientos en 20%, la mayoría de ellos relacionados con demoras en los tiempos de entrega. Las infracciones contractuales provocaron multas contra el CNP por ¢61 millones.
“Ese elevado porcentaje de faltas al objeto contractual, evidencian una aparente falta de capacidad administrativa para suplir a satisfacción los requerimientos institucionales”, declaró la Auditoría en su análisis.
El reporte también detalla quejas de los centros médicos por los servicios del CNP. El 23 de diciembre de 2020, el Hospital Nacional de Niños expresó su molestia por el mal olor por la carne entregada en sus bodegas. También reclamaron, en agosto de 2021, que el proveedor no entregó 57 kilos de carne de res molida, seis kilos de solomo en trozos, 75 kilos de carne de res en fajitas y 15 kilos de carne de cerdo.
Igualmente, en abril de 2021, el Hospital de Golfito informó de que quien entregaba el producto era un proveedor no autorizado, mientras que el Hospital de San Vito reclamó por la entrega de carne con “textura dura”.
Semanas atrás, la Junta Directiva de la Caja autorizó a la presidencia ejecutiva de la entidad a presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, la norma que los obliga a comprarles carnes, verduras y frutas.
Los directivos argumentaron que esa regla es contraria a la autonomía institucional. “Esta obligación no permite que la Caja Costarricense de Seguro Social ejerza su autonomía de gobierno establecida constitucionalmente al no poder tomar acciones que permitan, dentro del marco de juridicidad, crear oportunidades de ahorro en la adquisición de productos, pagando sobreprecios”, según el oficio SJD-0555-2022, del cual este medio de comunicación tiene copia.
Gilberth Alfaro, director jurídico de la CCSS, dijo a este diario que aún no se presenta la gestión ante los magistrados porque falta la firma del nuevo jerarca, Álvaro Ramos.
La Nación consultó a Ramos sobre este tema, pero no respondió los mensajes enviados a su teléfono celular.
