Tras un extenso y acalorado debate, el Concejo Municipal de Heredia frenó la tarde del 25 de noviembre la prórroga por un año para un contrato que el Ayuntamiento tenía con la empresa constructora MECO para el suministro, acarreo, colocación y acabado final de mezcla asfáltica. El acuerdo fue firmado en octubre de 2020 y representó una erogación final de ¢1.536 millones, por obras realizadas hasta el mes pasado.
Se discutieron dos dictámenes emitidos por los regidores: uno de mayoría que recomendaba no extender el contrato por la afectación al interés público, debido al reciente involucramiento de la empresa en los casos de corrupción Cochinilla y Diamante; el de minoría abogaba por prorrogarlo en atención a la cláusula de cumplimiento.
Al final, no se aprobó ningún dictamen porque no consiguieron el número de votos requeridos y el contrato quedó finalizado porque, precisamente, ese día de la sesión se vencía el plazo para autorizar o no la prórroga. De acuerdo con los regidores, es la primera vez que esto sucede en ese Concejo Municipal.
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Sin embargo, lo que sí decidieron por unanimidad fue solicitar una auditoría especial para revisar y emitir un criterio sobre la forma en cómo se han dado los reajustes de precios en las obras públicas del cantón, principalmente por los cuestionamientos que hubo sobre el anterior contrato que tuvo MECO con la Municipalidad, el cual se extendió de 2015 a 2019 por una importante inversión que superó los ¢4.900 millones.
Esta última licitación (2015-000001-01) fue señalada en el informe de auditoría AI-011-2019, al cual tuvo acceso La Nación y en el que se identificaron presuntas irregularidades por un aumento de ¢98,1 millones en el costo de las obras, ya que al parecer se hizo sin mediar razones técnicas que lo justificaran.
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“Sobre esta factura de reajuste de precios, se determinó que ni la Dirección de Inversión Pública ni la Unidad Técnica de Gestión Vial emitieron criterio técnico sobre la razonabilidad de la solicitud del contratista para el pago de dicho reajuste, siendo que el reajuste solicitado, ante la ausencia de un procedimiento para tal efecto, fue revisado y aprobado por la Proveeduría Institucional sin que mediara criterio técnico que avalara la solicitud del contratista para el reajuste respectivo.
“Esta situación genera un riesgo potencial a la institución al existir la posibilidad de que ante ausencia de criterio técnico, se proceda a cancelar reajustes que no corresponden a la realidad contractual y que solo los responsables de las obras tienen la competencia técnica de avalar o rechazar por el conocimiento que poseen del proyecto”, dice el documento, al destacar que la factura que emitió MECO (también en poder de este diario) ni siquiera se encontraba dentro del expediente de la contratación.
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El ‘negocio’
Los regidores señalaron que la cifra de dicho reajuste de precio, realizado a finales de 2019, calza con un presunto negocio que habría realizado la constructora con el alcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño, cuando faltaban apenas dos meses para las elecciones municipales de febrero del 2020, en las que pretendía reelegirse por cuarto periodo consecutivo, según se indica en el expediente del Caso Cochinilla.
Ese supuesto negocio es el tema de una de las conversaciones incluidas en el legajo judicial. Según este, el diálogo se registró el 27 de noviembre de ese año, entre el gerente de operaciones de MECO, Abel González, y Luis Fernando Gutiérrez, gerente de la Unidad de Asfaltos de esa misma empresa; ahí se habla de que el “negocio” era por ¢98 millones, de los cuales, ¢60 millones eran de la empresa, ¢30 millones del alcalde y ¢8 millones restantes “del carajo que hizo todo el menaje (sic) del reajuste”.
Precisamente, por estas y otras razones, regidores de los partidos Frente Amplio, Acción Ciudadana y Sentir Heredia solicitaron desde hace semanas que la prórroga del contrato de 2020 con MECO no se aprobara por afectación al interés público, pero los concejales de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Nueva República se mostraron en contra y abogaron por dar continuidad a la licitación, lo que al final no consiguieron.
De hecho, este medio tuvo acceso a dicho contrato y en la cláusula tercera se indica que la Municipalidad puede rescindir “por motivo de interés público, fuerza mayor o caso fortuito, previo cumplimiento del principio constitucional del debido proceso”. En este caso, toma relevancia por la posibilidad de que se fijen medidas cautelares que afecten la capacidad de ejecución de la constructora, por ejemplo.
Sin embargo, los regidores alegaron que no se pudo dar ese “debido proceso” por inacción de la Alcaldía. Incluso David León, del partido cantonal Sentir Heredia, afirmó que se trató de una estrategia de Ulate. “Una estrategia de acorralamiento en dos flancos, por un lado, con la inacción, encaminar al Concejo Municipal a un escenario en el que la única opción sea prorrogar el contrato, y por otro lado, la amenaza de que si no se prorroga se expone el municipio a una demanda de indemnización”, dijo.
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El concejal también aseguró que, aunque la propia auditoría cuestionó la calidad de los trabajos de MECO en Heredia, la Alcaldía defendió la prórroga del nuevo contrato con pruebas de laboratorio de asfalto realizadas por la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), que de acuerdo con el expediente de Cochinilla, pertenece a un sobrino del dueño de MECO, Carlos Cerdas, y es utilizada para ocultar fallos e irregularidades de las obras.
Los regidores no fueron los únicos en cuestionar las contrataciones del gobierno local, pues la noche del pasado 22 de noviembre también hubo una manifestación de ciudadanos que proyectaron imágenes en el edificio municipal, como protesta contra las adjudicaciones a la empresa MECO y la gestión de Ulate Avendaño, para quien solicitaron una revocatoria del mandato (ha pasado 15 años en el puesto).
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Informes ‘positivos’
La Nación solicitó la versión del alcalde respecto a estos cuestionamientos, pero dijo no poder atender las consultas. En su lugar, las respondió el director financiero administrativo Adrián Arguedas, quien alegó que la Municipalidad nunca defendió la prórroga del contrato con MECO, sino que solo remitió los informes pertinentes para que los regidores tomaran una decisión.
Asimismo, afirmó que, a pesar de los cuestionamientos de la auditoría, los concejales y la vinculación de la constructora con los casos de corrupción, nada de eso fue suficiente para que se considerara rescindir la licitación. Destacó que los informes dados por ITP siempre fueron positivos y que por eso no tuvieron ninguna duda de la calidad de las obras, sin importar la relación de esta otra empresa con el Caso Cochinilla.
Por último, Arguedas cuestionó los hallazgos de la auditoría sobre las irregularidades de MECO por no haber sentado responsabilidades y solo quedarse en una advertencia, así como la investigación hecha por las autoridades judiciales, ya que para la Alcaldía prima la presunción de inocencia de la constructora sobre las numerosas denuncias en su contra.