Procuraduría reclama ¢10 millones en causa contra alcalde de Heredia y abogada por supuesto tráfico de influencias

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se conformó en querellante este viernes 5 de marzo en la causa contra el alcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño, y una abogada, de apellidos Alfaro Chacón, a quienes se les persigue penalmente por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

Además, presentó una acción civil resarcitoria, la cual estimó en ¢5 millones para cada uno; es decir, ¢10 millones en total.

En el expediente 16-3551-369-PE de la Fiscalía Adjunta de Heredia, se le achaca al funcionario público la influencia supuestamente ejercida a policías municipales para que dejaran en libertad al hermano de Alfaro y cancelaran así el procedimiento en su contra en flagrancia, indicó la PEP en un comunicado.

Agregó que la teoría del ente acusador es que, antes de que el alcalde cometiera ese presunto ilícito, la abogada lo llamó para pedirle el favor.

“El proceso que continúa es realizar las comunicaciones de las piezas interpuestas por la Procuraduría General de la República, lo cual se realizará en la Fiscalía Adjunta de Heredia, para luego remitir el expediente al Juzgado Penal de Hacienda para la realización de la audiencia preliminar y decidir en ese momento si la causa penal se eleva a juicio o no”, apuntó el comunicado de prensa enviado por la entidad.

Se intentó obtener más detalle por parte del Ministerio Público, pero no se obtuvo respuesta al correo enviado. Entre otros datos, se intentó conocer, cuándo y cómo ocurrieron los hechos.

Por su parte, el alcalde indicó a este medio que aún no ha sido notificado y que se enteró por la prensa; no obstante, dijo que es algo que lo toma “por sorpresa” pues en junio del 2019 se había pedido una desestimación de la causa.

“Yo fui en aquel momento, en el 2016, al Ministerio Público, declaramos que nunca di la orden de que liberaran a alguien que estaba en Flagrancia. Tengo entendido que había una solicitud de desestimación, así está en el expediente, pero presumo que una autoridad superior no la aceptó.

“Ahora se sale que hay una acción civil en contra mía y de la abogada, lo cual me tomó por sorpresa porque es un absurdo. Pero tenemos que esperar y nos vamos a defender como se debe”, apuntó el funcionario.