El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sospecha que la constructora MECO es dueña de una firma que contrató en múltiples ocasiones como ente externo y, en teoría imparcial, para supervisar la calidad de las obras que construye por encargo del Estado.
Según lo consignó en el expediente del Caso Cochinilla, el OIJ considera que la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP) “prácticamente es otro departamento dentro de la estructura de MECO”.
Así lo señaló luego de analizar una serie de conversaciones telefónicas que fueron intervenidas como parte de una investigación sobre presuntos actos de corrupción en contratos públicos de proyectos viales.
La Policía Judicial concluyó que esa compañía fue creada por los socios de MECO, quienes habrían visto en el laboratorio de control y verificación de calidad “una estrategia comercial formidable para tener siempre el control del proceso de la verificación”.
Al tener el dominio del ente de verificación, de acuerdo con el OIJ, dicha constructora habría podido “maquillar, esconder, engañar, o adulterar los trabajos deficientes que hacen de obra pública”.
A Óscar Martínez Martínez, presidente de ITP, las autoridades policiales lo describen como “un gestionador del fraude”, quien se valdría de amistades “que, en su mayoría, carecen de moral y ética”.
Desde el pasado jueves, La Nación envió por correo electrónico una serie de consultas a MECO sobre este tema, pero al cierre de la presente publicación no se había recibido respuesta.
En las llamadas intervenidas por el OIJ, Martínez habló con otros colaboradores de MECO e ITP sobre cómo hizo “cosas que sabía que no debió hacer” para salvar a la constructora, la cual, según reconoció, era el cliente principal del laboratorio.
ITP era, a la vez, la opción número uno a la que acudía la constructora, cuando ganaba alguna licitación para construir obra pública.
Por ejemplo, fue el laboratorio que supervisó la edificación del nuevo viaducto de la rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote, a cargo de MECO.
A Ingeniería Técnica de Proyectos le correspondía velar por que la mezcla asfáltica y su colocación cumplieran con los parámetros fijados en el cartel de licitación elaborado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Sin embargo, un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) detectó graves deficiencias en la obra, las cuales tendrían repercusiones en la seguridad y confiabilidad de la estructura en los próximos años.
MECO e ITP sabrían de esos problemas y decidieron encubrirlos, según las pesquisas el OIJ contenidas en la causa judicial 19-000025-1218.
Solo en el primer semestre del 2021, MECO ganó 28 concursos de instituciones del Estado, de los cuales 18 aparecen detallados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En 16 de esas adjudicaciones, es decir, en un 89% de los casos, la constructora incluyó a ITP como su subcontratista encargado del control de calidad.
Por ejemplo, el 14 de abril pasado, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) le adjudicó a MECO un concurso por ¢906 millones para darle mantenimiento vial a la terminal de Moín, en Limón.
Según consta en el Sicop, al presentar su propuesta, la constructora indicó que su laboratorio de control de calidad sería ITP.
Los otros 15 proyectos ganados por MECO este año, en los que se designó a ITP como su laboratorio de verificación, los sacaron a concurso el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Dirección General de Aviación Civil y las municipalidades de Tarrazú, Puriscal, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Pococí y Hojancha.
Dichos proyectos suman un gasto estatal de ¢2.314 millones, de acuerdo con los registros del Sicop y la Contraloría General de la República.
‘Somos hermanitos, MECO e ITP’
El OIJ identificó una serie de vínculos entre MECO e ITP. Por ejemplo, estableció que el secretario de la sociedad a la que pertenece ITP es Sergio Fernández Cerdas, sobrino de Carlos Cerdas, dueño de MECO y uno de los investigados por el Caso Cochinilla.
Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía Judicial, entre finales del 2019 y mediados del 2020, indican que aunque Ingeniería Técnica de Proyectos tiene jefaturas y estructura propia, al final, se trata de un brazo de MECO.
Así se lo dijo José Alfredo Sánchez Zumbado, presidente de la constructora, a Óscar Martínez, presidente de ITP, en un intercambio que sostuvieron el 24 de abril del 2020.
Martínez llamó a Sánchez para darle “la buena noticia” de que una empresa chilena había ganado el concurso para verificar la calidad de las obras del paso a desnivel en Taras y la Lima, en Cartago, y que posiblemente los subcontratarían a ellos para la supervisión.
“Yo quiero que ITP se luzca, o sea, acordate, que aunque somos hermanitos MECO e ITP, al final MECO va a cuidar sus intereses”, le dijo el presidente de la constructora a Martínez, después de felicitarlo.
En otra llamada, del 25 de mayo del 2020, Martínez aseguró que cuando MECO subcontrata a ITP para algún trabajo, lo que hace realmente, es “pasarse de una bolsa a otra” el dinero.
Con esas palabras le describió la relación entre ambas empresas a Jheiner Campos Carranza, exempleado de ITP, a quien le contó que el socio mayorista del laboratorio es Carlos Cerdas.
Óscar Martínez, ‘peón’ de MECO
Cuatro días antes, en una conversación con Marco Salamanca, ingeniero de MECO, Óscar Martínez afirmó que ITP “depende de MECO para subsistir”, pues quien paga su salario, en realidad, es la constructora.
“Si bien es cierto que a mí me paga ITP, en el trasfondo es que a mí el que me paga es MECO. No hay que ser idiota para sacar esa conclusión; entonces siempre cuido los intereses de MECO y me he expuesto tanto profesionalmente a hacer cosas que yo sé que no son procedentes”, se quejó Martínez, por teléfono.
Para el OIJ, queda “plenamente demostrado” que aunque en el papel Óscar Martínez es el presidente de ITP, él es un simple “peón de MECO”.
La Policía judicial también concluye que Martínez no tiene el poder de decisión sobre el laboratorio “ya que la persona que es en última instancia la que toma las decisiones de esa empresa es el propio Carlos Cerdas”.
Así quedó evidenciado en conversaciones en las que el primero dejó ver que su puesto y su salario estaban a disposición del segundo.
Por citar otro caso, la mañana del 24 de marzo del 2020, Alberto Jara, gerente general regional de ITP, le dijo a Martínez que ellos dos, como socios de la empresa, debían rebajarse el salario, como posiblemente ocurriría también con los empleados de la firma, a causa de la pandemia de la covid-19.
Al respecto, Martínez le respondió que no estaba de acuerdo, por “injusticias” que, según él, se habían cometido en su contra en el pasado.
“Le contó que él se había aumentado el salario, y pensó que MECO lo sabía, que cuando se dieron cuenta, tuvo que devolver un dinero y le quitaron todos sus ahorros”, señala el expediente judicial.
Después, el 5 de mayo de ese mismo año, Óscar Martínez dialogó con Saúl Zamora, también investigado en el Caso Cochinilla, y le dijo que estaba pensando en devolver el vehículo marca Lexus, por el que estaba pagando $2.500 mensuales.
“Sí mae, lo que pasa es que, diay, ahorita, ahí en confianza te cuento, a los gerentes de las empresas de grupo MECO y presidentes, como se quiera llamarles, nos van a recortar el salario al 50% por tres o cuatro meses”, manifestó Martínez a su interlocutor.
‘Las varas que he tenido que hacer para salvar a MECO’
Como parte de su rol de “peón de MECO”, el informe del OIJ señala que Óscar Martínez ejecutaba “triquiñuelas” que le permitían a la constructora lucrar a costa de la Hacienda Pública.
Según los agentes judiciales, el presidente de ITP habría desplegado acciones irregulares como maquillaje de informes, manipulación de pruebas, gestión de sobornos e inflación de precios.
De hecho, Martínez refirió, en varias de sus conversaciones telefónicas, que en distintas ocasiones había tenido que ejecutar acciones incorrectas para salvar a MECO, en proyectos en los que se detectaron errores o deficiencias.
Se lo dijo así a Alberto Jara, el gerente regional de ITP.
“Mirá, si vos conocieras, si es que vos supieras las historias Alberto, de las varas que yo he tenido que hacer para sostener a ITP y salvarle el culo a MECO. Salir con $60.000 de la oficina de Carlos Cerdas para ir a salvar 800 toneladas de mezcla, mae, y poner mi carrera en... casi en... ¿cómo se llama?... ¿me entiende?”, le comentó a su colega, el 22 de junio del año pasado.
A Salamanca, ingeniero de MECO, el jerarca de Ingeniería Técnica de Proyectos le mencionó que a él le tocaba siempre andar en carreras, cuando empieza a salir “lo bueno, lo malo y lo feo” en las construcciones.
“Hay que hablar aquí, hay que hablar allá, reuniones por aquí, cafecitos por allá, una platica por aquí, una platica por allá y resolviendo las cosas”, añadió Martínez.
Con base en esas conversaciones, el OIJ determinó que el presidente de ITP y el propio laboratorio se encontraban “totalmente a merced de las determinaciones” que tomaran los dirigentes de MECO.
“Hasta el grado de que Óscar Martínez ha llegado a convertirse, por medio de la realización de prácticas corruptas, en un intermediario que ayuda a cumplir los intereses de la constructora MECO”, señala el informe del Caso Cochinilla.