El expediente judicial del Caso Cochinilla, sobre presunta corrupción en obras viales, expone cómo tres empresas habrían encubierto la colocación de una mezcla asfáltica defectuosa en el nuevo paso a desnivel de Garantías Sociales, en Zapote, la cual no cumplía con los requerimientos de calidad y confortabilidad exigidos.
A mediados del 2018, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) le adjudicó la construcción del paso a la compañía Meco por $17,6 millones. La firma desarrolló la obra entre el 2019 y el 2020.
La verificación de la calidad estuvo a cargo de la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP) y la supervisión vial fue realizada por la Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería (Cacisa).
El Conavi, a su vez, administró este proyecto en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Al respecto, el expediente judicial relata que, “a sabiendas de que la mezcla asfáltica colocada no cumplía con las especificaciones solicitadas”, personeros de estas tres empresas “indujeron a error a la Administración por medio de la ocultación de los defectos constructivos, calidad y composición de la mezcla asfáltica, así como la simulación de óptimas condiciones, con el ánimo de obtener un beneficio patrimonial antijurídico para Meco e ITP, consistente en el pago de la obra y evasión de multas”.
El informe menciona que, para lograr ese cometido, personeros de MECO e ITP incluso pagaron dádivas a funcionarios del laboratorio de la empresa Cacisa.
“Mediante la entrega de dádivas y promesas de retribución, obtuvieron la manipulación de pruebas de laboratorio e inserción de información falsa en los informes de verificación de calidad. Realizaron mediciones en el proyecto dirigidas y planificadas para generar resultados favorables para MECO.
“Además, por sí o por interpósita persona, modificaron y consensuaron los datos de los informes finales sobre el tema del IRI (índice de regularidad superficial del pavimento) y elaboraron un documento de descargo para contrariar el criterio del Lanamme”, señala el documento.
Según el expediente judicial, Luis Fernando Gutiérrez Vargas, gerente industrial de la planta de asfalto de Meco, dirigió y controló la elaboración del diseño y composición de la mezcla asfáltica para el paso a desnivel de Garantías Sociales, la cual resultó “deficiente y defectuosa”.
Luego, dice el informe, Marco Salamanca Flores y Saúl Zamora Zamora, ingeniero y gerente de Calidad de MECO, respectivamente, dirigieron y avalaron la colocación de esta mezcla “a sabiendas de que no cumplía la calidad requerida”.
Óscar Martínez Martínez, personero a cargo del laboratorio de calidad de la empresa ITP, “ocultó los defectos constructivos, así como la calidad y composición defectuosa y deficiente de la mezcla”, añade el expediente.
“Además, promovió la simulación de hechos falsos para hacer creer que el proyecto fue construido con apego total a las exigencias cartelarias.
“Martínez, en asocio con Marco Salamanca y Saúl Zamora (ambos de MECO), entregaron dádivas y promesas de retribución económica a los técnicos del laboratorio de Cacisa (aún no identificados), a cambio de que manipularan las muestras y ensayos e insertaran información falsa y favorable para MECO en los informes de supervisión, que además coincidieran con los resultados de verificación de calidad de ITP”, cita el documento judicial.
Según la tesis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía, los técnicos de Cacisa accedieron a la solicitud de los funcionarios de ITP y Meco, a fin de probar, ante la Administración, que la obra estaba siendo ejecutada a satisfacción.
Alejandro Bolaños Salazar y Abel González Carballo, de la constructora MECO, autorizaron el pago de dádivas o promesas de retribución a los técnicos de laboratorio, dice el documento judicial.
El expediente agrega que Óscar Martínez (de ITP), Marco Salamanca (de Meco) y Abel González Carballo (de MECO) “indujeron a error a la Administración, para lo cual ocultaron las deficiencias en el proceso constructivo de la estructura del pavimento y simularon mediciones favorables en el sitio.
“Además, contrataron a Jheiner Campos Carranza, exempleado de ITP y actual dueño de VIALAB, quien procedió a realizar la deflectometría en zonas y frecuencias acordadas a conveniencia para las empresas, con lo cual generó un informe favorable que desacreditaba los cuestionamientos de la Unidad Ejecutora de Conavi”, señala el texto.
El expediente cita que, a fin de que el Conavi pagara ese estudio de deflectometría por $4.700, Óscar Martínez (ITP), Marco Salamanca (MECO) y Jheiner Campos (VIALAB) elaboraron una factura a nombre de una empresa denominada GYPSA y la introdujeron en la ejecución del contrato de MECO en Garantías Sociales.
“Por otra parte, a fin de ocultar deficiencias en el índice de regularidad superficial del pavimento (IRI), Max Sittenfeld, de MECO, y Rodolfo de León Rivas, dueño de Cacisa, convinieron en la modificación del informe de supervisión de calidad en beneficio de MECO en lo relativo al IRI”, lo cual fue materializado por Carlos Solís Molina, de Cacisa; Óscar Martínez, de ITP; Marco Salamanca, de MECO; y Jheiner Campos, de VIALAB.
“Consensuaron los datos del IRI de Cacisa con los de la empresa ITP y, de esta manera, por sí o por interpósita persona, insertaron información falsa en el informe de Cacisa, con el fin de probar que la obra cumplía con la exigencia de la regularidad del asfalto”.
El documento judicial añade que, en mayo del 2020, Carlos Jiménez González, funcionario del Conavi, previno al ingeniero de MECO, Marco Salamanca Flores, acerca de un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica, que evidenciaba defectos en la mezcla asfáltica en el paso a desnivel en Garantías Sociales.
Agrega que el funcionario le facilitó el informe y le advirtió de que debía elaborar un documento de descargo para evitar un proceso legal contra MECO.
Según el expediente, entonces, Óscar Martínez, Marco Salamanca y Abel González contrataron por $2.500 a Luis Guillermo Loría, funcionario suspendido del Lanamme, a fin de que elaborara el descargo y desvirtuara el criterio técnico de Lanamme.
La idea era evitar cuestionamientos de Conavi y de Unops.
Así, finalmente, señala el informe, el grupo “logró el objetivo de inducir a error a la administración obteniendo un pago inicial de $17,6 millones sin tomar en cuenta los reajustes de precio y modificaciones de contrato”.
En consecuencia, el Estado recibió una obra defectuosa con repercusiones en la seguridad y confiabilidad de tránsito, así como la durabilidad, advierte el informe judicial.