Vilma Ibarra: Confidencialidad de auditoría buscaba sostener ‘mentira’ del presidente

Según Ibarra, ambos jerarcas le achacaron, en conferencia de prensa, haber recibido $732.000 en el proyecto de ampliación de la ruta 32, por hacer propaganda para esa obra.

“El Conavi no quería soltar la auditoría, se le caería la mentira al presidente Rodrigo Chaves y al ministro de Obras públicas y Transportes”, manifestó Ibarra.

Las declaraciones de la periodista se produjeron la mañana de este jueves 2 de noviembre, en su programa, luego de que se conociera la sentencia de la Sala IV que ordenó a Mauricio Batalla, director del Conavi, entregar la auditoría externa sobre la utilización de fondos de la partida de servicios eventuales del proyecto ruta nacional 32.

El informe, de 400 páginas, no menciona el nombre de la periodista ni de su programa, Hablando Claro.

Dentro del documento únicamente aparece, en dos páginas, una referencia a órdenes de servicios de comunicación, que suman $732.000, en las que se señala como proveedores a las firmas Interamericana de Comunicación e Intraca, pero no se detalla más sobre los contratos con estas.

Solo se dice que se adjuntaron 15 facturas por un total de $175.154, pero no especifica cuánto se le pagó a cada una de esas firmas, ni por cuáles servicios.

De acuerdo con sus páginas web, Intraca es “una empresa de consultoría especializada en la ingeniería de tránsito, transportes y movilidad sostenible”, mientras que Interamericana es una agencia de comunicación.

“Hay dos páginas o página y media que habla sobre el tema de comunicación. Ahí es bastante ambiguo y general el planteamiento, no se sabe, hay dos empresas contratadas. No se sabe cuánto le pagaron a cada una de las empresas, por qué periodo de tiempo, no dice nada más, no tiene una no conformidad mayor”, expresó Ibarra.

El 7 de junio de 2023, el presidente Chaves y el ministro Amador dijeron en conferencia de prensa que el Conavi había realizado una auditoría externa sobre la contratación de servicios de comunicación relacionados con la ampliación de la ruta 32.

En esa conferencia, Chaves y Amador afirmaron que la auditoría encontró irregularidades en el manejo $732.000 para servicios de comunicación, que se le habrían pagado a una conocida periodista de radio, sin indicar el nombre, para hacerle propaganda a la obra de la Ruta 32, pero hicieron referencia a que, en el Gobierno, sí estaban “hablando claro”.

De inmediato, troles y páginas afines al presidente empezaron a difundir que la alusión era hacia Vilma Ibarra.

En las dos páginas donde se habla del tema de comunicación, solo se indican cinco limitaciones de información:

1. No encontraron las cotizaciones de los proveedores que participaron como oferentes de esos servicios.

2. No se obtuvo acceso a la totalidad de las facturas emitidas por la empresas o las personas subcontratadas.

3. Falta de transparencia en el pago a empresas o personas contratadas para el servicio.

4. No se presentaron entregables del servicio contratado.

5. No se aportó ningún documento que de manera clara sustente la decisión de aceptar la oferta seleccionada como ganadora.

VEA EN ESTE ENLACE EL INFORME COMPLETO DE LA AUDITORÍA EXTERNA.

Entrega inmediata

Ante la negativa del Conavi de entregarle la auditoría financiada con fondos públicos, la periodista acudió ante los magistrados constitucionales.

El 20 de octubre, la Sala IV ordenó la entrega inmediata del documento al no existir bases para considerar que su contenido fuera confidencial. La noticia fue dada a conocer este 1.° de noviembre.

En su programa, la periodista catalogó la negativa del Conavi como “ardid” de la institución, pues terceros sí lograron acceder al informe, como sucedió con el exdiputado Otto Guevara, quien publicó en sus redes sociales extractos del documento.

“Yo puedo decir hoy con todas las palabras que la declaratoria de confidencialidad fue un ardid del Conavi, porque se la suministró a un periodista de su ecosistema que publicó esas dos páginas y se le suministró al exdiputado Otto Guevara, que en este momento no ha dicho nada y que me gustaría que tuviera el coraje y la decencia de disculparse con esta servidora”, agregó la comunicadora.

Al respecto, el fallo de la Sala estimó contradictorio que el Conavi caracterizara el procedimiento como “interno” para no compartirlo a Ibarra, mientras que a un tercero privado ajeno a la Administración sí se le dio acceso a la información.

Durante el programa, Ibarra catalogó las acciones del gobierno como medidas de amedrentamiento contra los medios de comunicación.

“El punto es que hay tácticas de amedrentamiento, que se convierten en tácticas efectivas de autocensura y autolimitación de la libertad de expresión. Se afecta la independencia del ejercicio periodístico”, expresó Ibarra.