EscucharLa exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, confirmó la existencia de una orden girada a los jerarcas del Gobierno para suspender “toda publicidad” estatal en cuatro medios de comunicación: La Nación, Canal 7, CRHoy.com y el programa radial Nuestra Voz, de la periodista Amelia Rueda.
La instrucción fue emitida el 8 de julio del 2022, justo dos meses después de iniciado este gobierno. Allí, también instaba a “no participar en entrevistas” tanto en el programa de Amelia Rueda, en radio Monumental, como en Hablando Claro, de Vilma Ibarra, el cual se transmite por radio Columbia.
Navarro, periodista de 64 años, reconoció que ella giró la directriz mediante un mensaje que envió a un grupo de WhatsApp donde estaban los ministros y presidentes ejecutivos que entonces conformaban el gabinete de Rodrigo Chaves.
Sin embargo, ella sostiene que remitió el texto por orden de Jorge Rodríguez Vives, quien entonces era jefe de despacho de Chaves y desde el 3 de mayo pasado se desempeña como ministro de Comunicación.
“Sí, se envió desde mi número de celular. Este mensaje, con esta directriz, me quita la paz. No puedo ocultar, no puedo mentir. Esas fueron parte de las presiones que recibimos los periodistas y yo en el Ministerio de Comunicación”, declaró la exjerarca, quien laboró en la Casa Presidencial desde el 8 de mayo del 2022 hasta su destitución, el 2 de setiembre de ese año.
El año pasado, cuando trascendió la existencia de la orden, Casa Presidencial se negó a confirmar o rechazar la veracidad del mensaje.
La captura de pantalla de mensaje circuló en redes sociales y desde un principio se dijo que la autora era la entonces ministra Patricia Navarro.
Textualmente el mensaje decía: “Otro asunto igual de urgente es la suspensión de TODA publicidad en: La Nación, Canal 7, CRHoy y Amelia Rueda. Sus presupuestos de publicidad se redirigirán a medios regionales y alternativos, con el fin de que los mensajes lleguen más directamente a grupos poblacionales en zonas rurales y personas que se informen a través de medios regionales impresos y digitales. Les insto, con carácter de urgencia, a no participar en entrevistas en Hablando Claro y Amelia Rueda”.
El 27 de julio del 2022, en un correo electrónico enviado a Vilma Ibarra, la oficina de Prensa de la Casa Presidencial alegó que no se iba a referir a informaciones enviadas por WhatsApp, por tratarse de conversaciones privadas. Asimismo, adjuntó, como “muestra de buena fe”, una lista de los funcionarios que habían participado recientemente en Hablando Claro.
Mensaje previo de Jorge Rodríguez
Patricia Navarro mostró una captura de pantalla de una conversación que tuvo con Jorge Rodríguez Vives, por WhatsApp, el 26 de junio del 2022, 12 días antes de que ella enviara la directriz a los jerarcas de gobierno.
Ese día, a las 9:49 a. m., el entonces jefe de despacho del mandatario, escribió: “Hay que armarlo en estrategia. No más entrevistas de gabinete a Vilma. No visitas a Amelia, etcétera”.
Navarro aseguró a este diario que el actual ministro de Comunicación se refería a las periodistas Vilma Ibarra y Amelia Rueda. Detalló, además, que él emitió esa orden porque consideraba que algunos ministros intervinieron en esos programas radiales y sus declaraciones no fueron atinadas.
“Jorge se molestó porque yo no le estaba dando seguimiento a las entrevistas. Dijo que no más entrevistas porque creía que los jerarcas estaban diciendo cosas inadecuadas. Y era cierto, había que darles taller de vocería, etcétera. Alguna gente nunca había tenido ese tipo de puestos”, contó Navarro.
En la conversación del 26 de junio del 2022, Rodríguez también redactó: “Si no, va a seguir pidiendo más acción. Cuándo puedes presentarle lo de la pauta a ver si deja de molestar”.
De acuerdo Navarro, él hacía referencia al presidente Rodrigo Chaves, quien insistía en obtener reportes de las instituciones autónomas sobre sus presupuestos de publicidad y cómo los distribuían.
El lunes 23 de octubre pasado, ante los diputados de la comisión que investiga las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), la exministra explicó que ella, por instrucción de Chaves, pidió a ministros y presidentes ejecutivos enviar un reporte de la asignación de recursos para publicidad de sus entidades.
Según dijo, la intención del Gobierno era usar la publicidad estatal para torcer brazos a periodistas y pagar a medios para que hablaran bien del presidente Chaves. Ese es el concepto de “democratización de la pauta” de esta administración, dijo.
“Nunca fue la intención torcerle el brazo ni exigir a nadie, aunque el presidente lo que quería era eso”, explicó. Como ejemplo de esas presiones, relató que en una ocasión el mandatario dijo que si la presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, no enviaba la información de la pauta publicitaria, sería necesario buscar a otra persona para ese cargo.
“De hecho, cuando habló conmigo me dice: ‘¿Esmeralda no le mandó lo que yo le pedí?’. Yo le dije que no, y me respondió: ‘Es que ella no está haciendo lo que yo le dije’.
Jorge Rodríguez sostiene que se apega a la ley
En un comunicado de prensa emitido el martes 24 de octubre, Jorge Rodríguez Vives dijo que siempre ha actuado “en apego a la ley, la ética y la moral”, tanto como jefe de despacho de Chaves como en el cargo de ministro.
“Lamento profundamente que se dé crédito a una persona que sin pruebas mintió bajo juramento, que se le crea solo por el juego político de algunos”. Esa versión la repitió este miércoles 25, en conferencia de prensa.
Este diario le consultó por qué giró esa orden de no dar más entrevistas y de suspender la pauta. Se enviaron correos el 25 de octubre y la tarde de este martes 31. A la hora de publicación no se había recibido una respuesta.
Recurso de amparo de Vilma Ibarra
A raíz de la directriz girada el 8 de julio a los ministros y presidentes ejecutivos, Vilma Ibarra presentó un recurso de amparo contra Navarro y contra Armando Gómez, quien entonces era director de Comunicación de Casa Presidencial. Él firmó la respuesta enviada a la directora de Hablando Claro, el 5 de agosto del 2022.
Dos meses después, el 4 de octubre de ese año, la Sala IV declaró parcialmente con lugar el amparo, al no poder comprobar que Navarro, Gómez o cualquier otro funcionario de la Presidencia “giraran alguna orden o directriz en los términos indicados por la amparada”.
Cuando la Sala Constitucional le preguntó a Navarro sobre esa directriz, ella argumentó por escrito que no se había emitido “ningún acto administrativo formal con carácter de directriz, orden o instrucción dirigido a los jerarcas del Gobierno de la República, con contenido restrictivo o discriminatorio, ni en relación al programa Hablando Claro, ni a ningún otro programa o medio de comunicación”.
Ante esa imposibilidad, en la resolución N.º 23107-2022, los magistrados rechazaron el reclamo de Ibarra, quien había alegado que la directriz era una actuación ilegítima de las autoridades del Ministerio de Comunicación que afectaba y amenazaba gravemente los derechos fundamentales de acceso a la información pública, derecho de petición y respuestas, así como la libertad de expresión y la libertad de prensa.
No obstante, la Sala le recordó a la Casa Presidencial la importancia de la libertad de información. Le señaló las consecuencias de realizar cualquier tipo de práctica que obstaculice ese derecho o que impida el libre ejercicio del periodismo y la posibilidad de que la población esté enterada sobre el quehacer del Gobierno.
“Las prácticas que obstaculizan el acceso a la información”, dijeron los magistrados, incluyen “impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa, limitarles la publicidad, impedir el acceso a insumos necesarios para la divulgación, entre otras variables relacionadas con la censura directa o indirecta”.
“En aras de garantizar la libertad de prensa y de libre expresión que tienen tanto los periodistas o los medios de comunicación colectiva, como la población de manera general, es que las autoridades recurridas deben velar porque cualquier directriz, orden, acto o instrucción que se gire desde el Gobierno Central se apegue siempre a la protección de estas libertades y de cualquier derecho fundamental de los que se goza en un país democrático”.
— Sentencia de la Sala IV, caso Vilma Ibarra
