Patricia Navarro, ministra de Comunicación, alegó a 'La Nación' que no ha recibido ninguna notificación de la Sala IV sobre el recurso de Vilma Ibarra. Foto: (Jose Cordero)
La periodista Vilma Ibarra Mata, directora del programa radiofónico de análisis político Hablando Claro, presentó un recurso de amparo contra la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, por una presunta directriz emitida a jerarcas del gobierno para negarle a ella entrevistas y, además, suspender cualquier tipo de publicidad estatal en varios medios de comunicación.
En su gestión ante la Sala Constitucional, la periodista detalla que cinco personas funcionarias, “con puestos de jerarquía dentro del Gobierno de la República o en oficinas de comunicación de ministerios e instituciones descentralizadas”, le advirtieron de un comunicado que Patricia Navarro, en condición de ministra de Comunicación, remitió a todos los ministros y presidentes ejecutivos.
En la presunta nota enviada a esos jerarcas vía Whatsapp, Navarro les habría instruido a suspender toda publicidad estatal en los medios AmeliaRueda.com, La Nación, Crhoy.com y en Teletica. También, Ibarra aseguró que esa instrucción de la ministra de Comunicación les instaba “con carácter de urgencia a no participar en entrevistas con Hablando Claro y Amelia Rueda”.
Ibarra explicó en el recurso de amparo presentado que la directriz de Navarro se habría emitido el viernes 8 de julio de este año y relató que, cuando ella misma consultó a la ministra de Comunicación sobre la existencia de esa directriz, nunca la negó, sino que más bien le respondió con evasivas y le advirtió que no podría usar de forma pública la conversación que estaban teniendo al respecto, en Whatsapp.
“La señora Navarro nunca desmintió haber enviado esas instrucciones, evitó a toda costa responder si lo había hecho e intentó que yo violara mis deberes éticos y legales, y le revelara mis fuentes, para fines que no especificó, pero que sin duda presumo. Además, la colega Navarro me advirtió expresamente que yo no podía utilizar nuestra conversación ni dar a conocer en ningún sentido nuestra conversación por instrucción expresa suya”, refirió Ibarra en su gestión.
Consultada por La Nación este viernes, la ministra Navarro aseguró que no tiene información respecto a la gestión de Ibarra en la Sala Constitucional; “por lo que no me referiré al asunto”, añadió.
Cuando la directora de Hablando Claro hizo la consulta oficial, a través de las vías institucionales de la Casa Presidencial para gestionar información, tampoco negaron la existencia de la directriz.
En cambio, primero le respondieron de forma impersonal, sin definir un vocero, que la consulta se basaba en “la captura de pantalla de una supuesta conversación privada de Whatsapp” y añadieron que no le podían hacer referencia a esa consulta por la protección de las comunicaciones privadas.
“En concordancia, la protección de las comunicaciones privadas es un derecho que se encuentra garantizado y tutelado en nuestra Carta Magna en su artículo número 24, por lo que no sería prudente de mi parte referirme al respecto, en detrimento de mis garantías constitucionales”, responde el documento.
Al solicitar Ibarra que se le especificara quién había respondido su consulta, recibió un correo con la misma respuesta firmado por Armando Gómez, director de Prensa de la Casa Presidencial. De hecho, la periodista incluyó a Gómez en su recurso de amparo.
Este funcionario, además, le aseguró que varios de los ministros y ministras del Gobierno ya habían participado en el programa de Ibarra y en el de Amelia Rueda, llamado Nuestra Voz.
Sin embargo, la directora de Hablando Claro dijo que dichas entrevistas fueron concedidas, todas ellas, antes de la presunta directriz de Patricia Navarro, emitida el 8 de julio.
La comunicadora también explicó que, a la fecha en que planteó el recurso, ni Patricia Navarro ni Armando Gómez han negado la instrucción enviada a los ministros y presidentes ejecutivos para que adoptaran “las acciones mencionadas en detrimento del derecho a la libre expresión”.
En su reclamo, Vilma Ibarra enfatiza que la presunta directriz es una actuación ilegítima de las autoridades del Ministerio de Comunicación que afecta y amenaza gravemente los derechos fundamentales de acceso a la información pública, derecho de petición y respuestas, así como la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Precisamente, la periodista explicó que parte de su labor consiste en entrevistar expertos en diferentes campos o funcionarios encargados de decidir y ejecutar políticas públicas determinantes, por lo cual la directriz afecta su labor y su derecho.
En su petición, Ibarra solicitó a la Sala Constitucional que deje sin efecto las “acciones contrarias a la libertad de prensa”, específicamente los mecanismos utilizados para “presionar, premiar o castigar a periodistas y medios de comunicación y evitar que cumplan su trascendental función en defensa de la transparencia y la legalidad de las actuaciones públicas”.
Además de la vulneración y amenaza a la libre expresión y libertad de prensa, Ibarra señaló que se busca restringir el acceso a pauta estatal de manera arbitraria y discriminatoria, hacia determinados medios de comunicación.
En sus pretensiones, Vilma Ibarra solicitó a la Sala Constitucional que se acoja su recurso y que se ordene a Patricia Navarro informar si emitieron la directriz de suspender toda pauta a ciertos medios y negar entrevistas a otros, además de que dejen sin efecto l orden emitida por la ministra de Comunicación.
Ibarra también solicitó “que ordenen a los recurridos abstenerse de realizar cualesquiera otras conductas que tengan o puedan tener efectos similares a los que son objeto de este recurso, en detrimento de los derechos fundamentales a la libre expresión y a la libertad de prensa”.
Vilma Ibarra solicitó a la Sala Constitucional que deje sin efecto las “acciones contrarias a la libertad de prensa”, específicamente los mecanismos utilizados para “presionar, premiar o castigar a periodistas y medios de comunicación y evitar que cumplan su trascendental función en defensa de la transparencia y la legalidad de las actuaciones públicas”. (Garrett Britton)
