La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) contradijo al excandidato presidencial y líder del Frente Amplio (FA), José María Villalta, quien justificó que el jefe de su fracción legislativa, Gerardo Vargas Varela, tuviese 56.000 m² en Turrialba valorados en solo ¢800.
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Villalta argumentó el martes que el diputado no cometió ninguna irregularidad, porque todavía está dentro del plazo máximo de cinco años que estable la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles para actualizar el monto, debido a que inscribió los ocho terrenos en mayo del 2011.
Sin embargo, el asesor jurídico de la UNGL, Randall Marín, aclaró que cuando se trata de propiedades que nunca han sido declaradas ante la municipalidad —como en este caso—, los propietarios tienen la responsabilidad de registrar el valor real de sus tierras apenas las reciben.
“El ciudadano tiene que ir a la municipalidad a informar que es el nuevo propietario, para que la municipalidad haga el cambio en su registro y se le informe si esa propiedad que está adquiriendo fue declarada por el anterior dueño (...). Si es una propiedad que nunca fue declarada, está en la obligación de declarar. Al no haber declaración, el plazo de cinco años no está corriendo”, explicó Marín.
Agregó que no hay justificación para que una persona incumpla con ese deber: “No es admisible, en absoluto, que existan propiedades con valores de ¢100, porque no pagarían prácticamente nada a la municipalidad. Esto lo que evidencia es que el ciudadano no está cumpliendo con ese deber de declarar”.
En mayo del 2011, un hermano mayor de Vargas partió una finca en ocho partes y se las donó al actual diputado. En el momento de hacer la escritura, el frenteamplista fijó un valor fiscal de ¢100 por cada finca.
Villalta fundamenta la defensa de Vargas en el artículo 16 de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles, que establece que “los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la municipalidad donde se ubican”. Sin embargo, la UNGL tiene una interpretación distinta.
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“Son una herencia del padre a los hijos. Están puestas a nombre de don Gerardo porque él es el hijo menor, pero pertenecen a su familia desde hace 60 años. Cuando muere el padre, deja la herencia y se ponen a nombre de él desde el 2011. Las propiedades hay que actualizarlas en las municipalidades cada cinco años, según la ley de bienes inmuebles. Si él fue ahora en enero a hacer la declaración voluntariamente, sin que la Municipalidad le cobrara, yo no veo cuál es la irregularidad; está yendo dentro del plazo establecido por ley y es la Municipalidad la que le dice que no puede”, declaró Villalta en una entrevista a La Nación.
Por esos terrenos valorados en ¢800 ante el Registro Público, la Municipalidad de Turrialba solo podría cobrar a Gerardo Vargas ¢2 anuales (el 0,25% del precio) de impuesto de bienes inmuebles, aunque él mismo reportó a la Contraloría General de la República este año que el precio real de las fincas es de ¢84 millones.
Si el tributo se calculara sobre los ¢84 millones, el impuesto sería de ¢210.000 anuales.