Con base en 11 documentos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) validó el contrato que el actual presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó con el PAC para las elecciones del 2010.
Se trata de cinco facturas timbradas, un cheque, cuatro transferencias bancarias y un contrato por servicios profesionales en el que se detallan las labores que el partido le asignó al actual mandatario durante cuatro meses y medio.
En consecuencia, el TSE le reembolsó a Acción Ciudadana (PAC) poco menos de ¢3,4 milones por este gasto dentro de la liquidación de la deuda política, la cual ascendió a ¢3.099 millones.
El Tribunal añadió que contrato no forma parte de los que constituyeron la estafa del PAC contra el TSE. La partida cuestionada fue la de servicios especiales, no la de servicios profesionales.
Lo firmado
El 5 de octubre del 2009, Alvarado firmó un contrato para brindarle servicios como periodista y politólogo al PAC en la campaña previa a las elecciones nacionales de febrero del 2010, en las que el candidato Ottón Solís perdió la contienda frente a Laura Chinchilla.
Por parte del partido, firmó la entonces secretaria general del partido, Margarita Bolaños.
Alvarado suscribió el contrato para suplir las siguientes funciones:
-Coordinar información y preparación de actividades para el candidato presidencial del PAC tales como debates, foros y visitas con las organizaciones encargadas de dichas actividades
-Preparación de documentos para el candidato y el partido como artículos de opinión, discursos, cuestionarios para la prensa
-Asesorar al candidato y a las gerencias de campaña en temas de comunicación y política
El monto
El contrato establecía pagos de ¢750.000 mensuales durante cuatro meses y medio, entre el 1.° de octubre del 2009 y el 15 de febrero del 2010.
Después de la campaña, el PAC incluyó este contrato dentro de la liquidación de gastos cobrada al TSE.
Aportó las facturas timbradas de Alvarado de los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.
A ello, el partido agregó un cheque de ¢750.000 correspondiente a octubre y cuatro transferencias bancarias correspondientes a los meses comprendidos entre noviembre y febrero por un total de ¢2.625.000 (el último pago fue de ¢375.000 por tratarse de medio mes).
Por último, se incluyó la copia del contrato.
Lo que el PAC no entregó al TSE fue el informe de labores, aunque el contrato establecía que este debía ser entregado por el contratista al partido.
La revisión del TSE
El TSE confirmó que, en aquella época, su departamento de Financiamiento de Partidos Políticos revisó la documentación sobre este contrato antes de decidir si se lo reembolsaba al PAC.
Según Guiselle Valverde, jefa a. i. del departamento, el Tribunal reconoció el gasto al considerar que este cumplía con los requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia electorales.
Citó que el gasto incluía el contrato de servicios profesionales, las facturas y los comprobantes de pago.
En cuanto a la ausencia del informe de labores, el TSE confirmó que este es necesario según los requisitos establecidos en el artículo 58 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos en el caso de los servicios profesionales.
Sin embargo, alegó la institución, la jurisprudencia del TSE establece, desde 1998, que un gasto puede ser aprobado si tiene certeza de que existió a la luz de los elementos de juicio obtenidos, aunque se carezca de algún documento.
Por su parte, en marzo del 2017, el entonces aspirante presidencial, Carlos Alvarado, reportó haber trabajado para la campaña de Ottón Solís en un currículum subido a una página web. Él repitió esa información en una conferencia de prensa ofrecida el jueves 9 de mayo en Casa Presidencial.
El TSE apuntó, adicionalmente, que este contrato no forma parte de los que se investigó dentro de la estafa del PAC al Estado.
“No se omite aclarar que el gasto se liquidó en la cuenta de honorarios profesionales y no en la de servicios especiales que fue objeto de investigación y denuncia por parte de esta instancia ante el Ministerio Público”, dijo Valverde.
Los contratos de servicios especiales son, precisamente, los que no califican como labores profesionales.
En diciembre del 2016, el Tribunal Penal de San José condenó al PAC y a dos de sus partidarios por estafar al TSE, a la hora de cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.
Los jueces le impusieron seis años de cárcel al extesorero Maynor Sterling y tres al colaborador Manuel Antonio Bolaños por cobrarle contratos de servicios especiales con dirigentes y militantes que, en realidad, ofrecieron su trabajo de forma gratuita, que brindaron un servicio distinto o que, del todo, no participaron.
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En abril pasado, los magistrados de la Sala III ratificaron las condenas contra los expersoneros del partido por un total de 263 contratos falsos, al tiempo que aceptaron estudiar por el fondo la apelación presentada por el PAC, la cual busca librar a la agrupación de pagarle al Estado más de ¢800 millones por la estafa.
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El monto de la condena es de ¢516 millones por los contratos falsos más unos ¢300 millones por intereses y costas