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El Tribunal Penal de San José condenó al Partido Acción Ciudadana (PAC) y a dos de sus partidarios por cometer una estafa de casi ¢353 millones en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a la hora de cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.
Los jueces le impusieron seis años de cárcel al extesorero Maynor Sterling y tres al colaborador Manuel Antonio Bolaños, mientras que al PAC lo sentenciaron a retribuir unos ¢600 millones al Estado por el daño ocasionado, junto con los dos militantes.
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Según los jueces, Sterling y Bolaños cometieron un delito de estafa mayor, al tiempo que la estructura del PAC fue "negligente".
El extesorero, expuso la sentencia, ideó la forma en que el Partido le cobró al TSE contratos de servicios especiales con dirigentes y militantes que, en realidad, ofrecieron su trabajo de forma gratuita, que brindaron un servicio distinto o que, del todo, no participaron. A él se le declaró coautor del delito de estafa en perjuicio del Estado.
"Don Maynor fue uno de los ideólogos de acciones diversas que culminaron con la defraudación que sufrió el Estado costarricense por ¢352,7 millones, que ha logrado comprobar este Tribunal. Don Maynor era una de las cabezas del PAC, de forma tal que tiene mayor reproche, desde el punto de vista jurídico, que en el caso de don Manuel Antonio", dijo el juez Raúl Madrigal.
Por la misma causa, el Tribunal condenó al otro imputado, Manuel Antonio Bolaños Murillo. A él le impusieron tres años de cárcel, aunque se le concedió el beneficio de libertad condicional de la pena por cinco años.
"En el caso suyo, don Manuel Antonio, no hay necesidad de que vaya a la cárcel, al fin y al cabo, este Tribunal no es ajeno a la realidad y a razón de los padecimientos y enfermedades que usted presenta, entiende que el sistema penitenciario no es lo ideal para que usted cumpla esa pena que se le ha impuesto", aseguró el juez Madrigal.
La jueza Maribel Bustillo agregó: "El Tribunal tiene absolutamente claro que dos de los autores principales de este hecho delictivo fueron Maynor Sterling y Manuel Antonio Bolaños. En el caso de don Maynor, era el tesorero del PAC y, en el caso de don Manuel Antonio, el Tribunal considera que usted fue el brazo ejecutor".
El PAC, por su parte, como responsable solidario junto a Sterling y a Bolaños, fue condenado al pago de casi ¢353 millones por concepto de daño patrimonial, más ¢40 millones de costas personales y procesales, monto al que se le deberán sumar intereses y otros rubros. La Procuraduría General de la República calculó que los intereses ascienden a ¢205 millones.
Los jueces rechazaron un indemnización por daño social, que la Procuraduría había estimado en ¢60 millones.
"Se está condenando al PAC por responsabilidad civil extracontractual indirecta, ya que tanto don Manuel como don Maynor han actuando a nombre del partido y, en aplicación del artículo 1.048 del Código Civil, el PAC fue negligente al momento de elegir o fiscalizar las labores que ambos estaban realizando, de manera tal que deben de responder con su nombre propio y su patrimonio", declaró Madrigal.
Mientras se resuelven las eventuales apelaciones al fallo, al extesorero se le dictó impedimento para salir del país, por lo cual deberá entregar su pasaporte en las próximas 48 horas. Además, deberá presentarse a firmar una vez al mes ante un juzgado.
El Tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva en contra de Sterling, al concluir que no hay razones para creer que este se fugue antes de que la sentencia quede en firme, pues acudió a todas las audiencias del juicio, tiene arraigo domiciliar y familiar en Costa Rica y una pensión de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La sentencia integral consta de más de 2.000 página y se dará a conocer el 16 de enero del 2017, a las 4:30 p. m.
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El caso. La Fiscalía acusó al PAC de incluir 263 contratos por servicios especiales “falsos”, dentro de la liquidación de gastos que el TSE le reembolsó, una vez concluido el proceso electoral del 2010.
Al final, los jueces determinaron la falsedad de 179 de esos contratos, los cuales ascidenden a casi ¢353 millones. En el resto, dijeron, no se logró demostrar la falsedad, mientras que otros convenios no fueron incluidos dentro de la imputación.
Por esos polémicos contratos, el PAC recibió ¢516 millones. El Ministerio Público aseguraba que la estafa fue de ¢364 millones, pues no en todos los casos se pudo comprobar algún delito.
En la contienda de hace seis años, la contribución estatal superó los ¢17.000 millones. Con los votos obtenidos, el PAC podía reclamar ¢3.741 millones. Al final, el partido político reportó gastos de campaña por ¢4.238 millones, de los cuales poco más de ¢1.100 millones —una cuarta parte— fueron incluidos en esta polémica partida de servicios especiales.
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Posición del PAC. Mediante un comunicado de prensa, el PAC informó de que respeta la decisión del Tribunal y que esperará la sentencia completa para decidir si presenta una apelación en nombre de la agrupación.
El grupo agregó que cuenta con una reserva de dinero para hacer frente al eventual pago que dicta la sentencia.
En cuanto a los sentenciados, el PAC sostuvo que aplicará la sanción establecida en el estatuto si la condena adquiere firmeza, es decir, la expulsión del partido. La reincorporación solo la podría aprobar la Asamblea Nacional partidaria.
Añadió que se fortalecerán los controles internos. “El PAC nació para hacer política diferente, y eso implica una mejora continua de los controles sobre el uso de los recursos públicos”, dijo el actual tesorero, Anthony Cascante.
El abogado de Sterling, Miltón Castro, dijo a La Nación, que por ahora no se referirá a la decisión del Tribunal, pues primero quiere analizarla con su defendido. Ronny Guevara, defensor del PAC y de Bolaños, dijo que el único vocero autorizado para referirse al fallo es el tesorero Cascante.
Satisfechos. Por su parte, el fiscal del caso, Alxánder Valverde, se mostró satisfecho y descartó apelar las medidas cautelares dictadas al extesorero.
"Habíamos indicado al principio del proceso que trajimos prueba solida, contundente. Las pretensiones del Ministerio Público prácticamente en su totalidad quedan acogidas por el Tribunal. En cuanto a las medidas cautelares, ya es una decisión del Tribunal, nosotros hicimos nuestro ejercicio de responsabilidad solicitando la prisión preventiva y el Tribunal está haciendo también su ejercicio y considera que con las que otorgó es suficiente", manifestó Valverde.
El procurador Randall Aguirre también aplaudió la decisión del Tribunal, pero anunció que analiza apelarla para volver a solicitar una indemnización por daño social.
"Hay que esperar la parte integral del fallo para estudiar cuáles son los motivos que llevaron al Tribunal a no otorgar el daño social y en caso de que encontremos mérito vamos a plantear una apelación (...). Hay satisfacción completa con relación a que sí se determinó la existencia de un daño y se otorgó una indemnización", afirmó Aguirre.
El PAC es el segundo partido político que es condenado por un delito electoral. En octubre del año pasado, el Tribunal Penal de San José impuso una pena de ocho años de prisión al vicepresidente del partido Movimiento Libertario, el exdiputado Ronaldo Alfaro, también por un delito de estafa contra el TSE.
En esa oportunidad también se le impuso arresto domiciliario, con monitoreo electrónico, al excontador de la agrupación, Róger Segura, quien ya falleció.
