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El Ministerio Público informó de que la Sala III ratificó la condena penal contra el extesorero del PAC, Maynor Sterling, y el excolaborador, Manuel Antonio Bolaños, por estafar al Estado mediante el cobro de contratos falsos al TSE tras las elecciones del 2010.
A la vez, los magistrados aceptaron estudiar por el fondo la apelación presentada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), la cual busca librar a la agrupación de pagarle al Estado más de ¢800 millones por la estafa.
Según la Fiscalía, la Sala III emitió este jueves una resolución con la que quedan en firme las condenas de seis y tres años de prisión contra Bolaños y Sterling, respectivamente.
“La Fiscalía acreditó que ambos imputados llevaron a cabo un plan delictivo mediante el cual generaron contratos falsos por el rubro de servicios especiales, los cuales procedieron a liquidar dentro de los gastos de campaña, con lo que consiguieron un cobro mayor de la contribución estatal”, informó el Ministerio Público.
La sentencia inicial de este caso fue dictada en diciembre del 2016 por el Tribunal Penal de San José, el cual impuso una multa de ¢353 millones al Partido Acción Ciudadana (PAC) como condenado civil. La cifra subía a ¢600 millones con intereses y costas personales y procesales.
Los jueces dieron por cierto que Sterling y Bolaños cometieron un delito de estafa mayor, al tiempo que la estructura del PAC fue “negligente”, porque le cobraron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contratos de servicios especiales con dirigentes y militantes que, en realidad, ofrecieron su trabajo de forma gratuita, que brindaron un servicio distinto o que, del todo, no participaron.
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Posteriormente, ante una apelación de la Procuraduría General de la República (PRG), el Tribunal de Apelación del I Circuito Judicial de San José elevó la sanción económica a ¢516 millones al incluir 84 contratos falsos que fueron excluidos en la primera condena. El monto subió a ¢819 millones sumando intereses y costas.
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Con motivaciones distintas, Sterling, el PAC y la Procuraduría apelaron la resolución ante la Sala III, el máximo tribunal penal del país.
Este jueves, los magistrados rechazaron las apelaciones del extesorero y de la PGR. Únicamente acogieron, para estudio, el recurso presentado por el partido como condenado civil, el cual versa sobre el monto que debe pagar el partido para resarcir los daños causados, según la Fiscalía.
Erick Gatgens, abogado del PAC, explicó que la agrupación impugna la decisión del Tribunal de Apelación de aumentar el monto por pagar.
“Lo que estimamos es que esa modificación deja en una situación de indefensión al partido, porque no tuvo oportunidad de defenderse ni de argumentar contra esa modificación”, argumentó Gatgens.
Milton Castro, abogado del extesorero del PAC, alegó que la condena contra su cliente todavía no está en firme porque, si bien la Sala III no admitió su gestión, el recurso del Partido puede anular totalmente o en parte la sentencia penal.
“Ese recurso del PAC es contra toda la sentencia, de manera que quedaría en firme hasta que se resuelva ese otro recurso”, afirmó.
Añadió que, de hecho, la Sala convocó a una vista a todas las partes el 2 de mayo.
No obstante, la PGR informó que el rechazo de la Sala III al recurso de Sterling implica que la pena de prisión de seis años adquiere firmeza, pero con la variación que le hizo el Tribunal de Apelación en cuanto a que no la cumpla en un centro penitenciario, sino que con monitoreo electrónico.
Según la Procuraduría, lo que el PAC cuestionó en la Sala de Casación Penal fue el aumento del monto de la condena civil por parte del Tribunal de Apelaciones.
Añadió que su recurso fue rechazado por admisibilidad sin que aún conozca los motivos. La Procuraduría apeló la decisión del Tribunal de Juicio de rechazar el daño social, el cual había estimado en ¢60 millones.
La Procuraduría cuestionó la decisión del Tribunal de Apelación de que el daño social debe ser acreditado mediante pruebas técnicas, estadísticas o sociológicas.
La PGR alegó que el daño social es equivalente a un daño moral y puede ser estimado "bajo el principio de libertad probatoria por parte del Tribunal". Argumentó, además, que en la estafa del Movimiento Libertario contra el TSE, sí se reconoció daño moral.
La Procuraduría y el abogado de PAC confirmaron que también asistirán a la vista para referirse al recurso del PAC.
En tanto, el abogado del extesorero insistió en que su cliente aún puede resultar absuelto: “Me parece que el recurso que también nosotros presentamos debió ser resuelto por el fondo, pero no sé cuál fue el razonamiento de la Sala".
“Va a depender mucho del tema de cómo lo aborde la Sala. Si el PAC está analizando que no hay perjuicio económico, que eso es una de las discusiones de fondo, si le dieran la razón, puede ser que se anule la sentencia, no le puedo decir si toda o parte, pero sí podría afectarla”, continuó.
Según Castro, el extesorero no tienen ningún tipo de medida cautelar y lo que se le impondría sería arresto domiciliario con monitoreo, porque así lo había aceptado el Tribunal de Apelaciones.
Bolaños, en tanto, tiene el beneficio de la ejecución condicional de la pena por cinco años.
