El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió, en diciembre pasado, una investigación sobre el origen del dinero que financió la campaña de Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), durante parte del 2021 y al margen de las finanzas del PPSD.
Tanto el aspirante presidencial como su candidata a diputada por San José, Pilar Cisneros, se han negado a decir públicamente quiénes aportaron dinero al fideicomiso privado que habría cubierto gastos como anuncios televisivos y vallas publicitarias, al menos entre julio y setiembre del año pasado.
La apertura de la investigación fue confirmada por Ronald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE. El funcionario detalló que el proceso fue abierto el 22 de diciembre anterior.
“En el marco de sus labores usuales de fiscalización, control y supervisión de las finanzas partidarias, este departamento consultó formalmente a la agrupación política y al propio señor Chaves Robles sobre los hechos divulgados en medios de prensa; respuestas que fueron brindadas oportunamente por ellos y que, a la luz de posteriores ejercicios de fiscalización, motivaron la apertura de una investigación administrativa preliminar”, afirmó Chacón.
El fiscalizador detalló que, además de monitorear el caso a través de los medios de comunicación, también se realizaron “estudios de solvencia económica a intervinientes en su financiamiento”.
Fideicomiso y gastos de campaña
El 21 de febrero de 2021, Chaves firmó un contrato de fideicomiso para captar y administrar fondos con la fiduciaria ATA Trust Company.
En ese acto, Chaves se presentó como vocero de un grupo de pensamiento y acción llamado Costa Rica Próspera. Como tesorero figuró Jack Loeb Casanova y como director de operaciones, Carlos Vásquez Landergren. Por parte de ATA Trust Company, firmó Alfonso Vargas Araya.
El fideicomiso, dice el contrato, se encargaría de recibir aportes de donantes en cuentas del Banco Nacional (BN) y poner los recursos a disposición de los dirigentes del grupo, para el pago de proveedores.
A la fecha, se desconoce cuánto dinero recaudó ese fideicomiso y cuál es su origen.
El 14 de enero anterior, en entrevista en el programa Zoom Electoral, de Trece Costa Rica Televisión (canal 13), el candidato rehusó revelar quiénes aportaron dinero para el fideicomiso.
“Eso no financió mi campaña, lo que financió —y así está en el contrato de fideicomiso— es un grupo de personas que, antes de ser yo candidato, queríamos explorar soluciones a la problemática nacional; eso separado de mi campaña.
“Simplemente esa no es información pública y no me corresponde revelarla porque hay una cláusula (...). Veremos qué piensa la gente”, dijo.
La Nación envió este jueves una consulta al equipo de Chaves para que dé a conocer quiénes financiaron su actividad proselitista en el 2021, pero la respuesta fue la siguiente:
“La candidatura de Rodrigo Chaves y su campaña es financiada de acuerdo a todas las reglas del TSE. Hemos contestado al Tribunal las preguntas que surgieron al respecto. Al ser esta información pública, la misma puede ser solicitada al TSE”.
Chaves efectuó gastos propagandísticos después de que anunció su candidatura por el PPSD, el 7 de julio del 2021, y antes de que su partido lograra abrir una cuenta bancaria e inscribir a sus candidatos, en octubre de 2021.
Por ejemplo, Chaves publicó anuncios proselitistas durante la transmisión de los partidos Costa Rica-México y Costa Rica-Jamaica, los días 5 y 8 de setiembre del 2021.
Además, previamente, la agencia de publicidad Madison Revolution había pagado $1.000 por utilizar el Estadio Nacional para grabar el anuncio de Chaves, el día 31 de agosto, según confirmó la administración de ese inmueble.
El 9 de setiembre, Chaves también colocó unas vallas publicitarias en las que mostraba a políticos de otras agrupaciones de espaldas.
El TSE adujo que, “en razón de encontrarse instaurada esta investigación preliminar, la documentación contenida en el expediente respectivo es de naturaleza confidencial”.
El Código Electoral establece que el financiamiento de origen privado a los partidos políticos, tendencias y precandidaturas debe ser público. También faculta al TSE a realizar auditorías sobre la fuente de esos recursos.
Al respecto, el artículo 123 señala: “Toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada en el momento de su recepción, mediante comprobante bancario o recibo oficial expedido por el partido político, en este caso firmado por el donante o contribuyente. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son anónimas. Solo podrán realizarse depósitos en forma personal e individual, de manera que se acreditará como depositante a la persona que realice la gestión bancaria en forma directa, salvo en los casos en que el partido político titular de la cuenta acredite fehacientemente la identidad de los contribuyentes”.
La legislación electoral costarricense también prohíbe que estructuras paralelas al partido político financien gastos proselitistas electorales, es decir, todos los recursos deben canalizarse a través de la agrupación política del candidato. “Ninguna persona o grupo de personas podrá realizar gestiones en este sentido a beneficio del partido político sin la debida autorización de este”, señala el artículo 126.
