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Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), afirmó que el Código Electoral establece normas suficientes para controlar el ingreso del dinero ilícito y el narcotráfico en la política costarricense.
En entrevista con La Nación, Zamora explicó que esa ley le permite, tanto al tribunal como a los órganos auxiliares y a los jueces, tener controles para evitar el ingreso del tráfico de drogas en el sistema electoral del país.
“El Código Electoral, promulgado en 2009, establece la prohibición de conductas y ejerce sanciones cuando se está ante un delito electoral. Eso nos ha permitido actuar con mucho mayor control y certeza”, aseveró.
Sin embargo, la jerarca no descartó las implicaciones que tiene ese fenómeno mundial en todos los países, en especial en aquellos que se rigen bajo un sistema democrático, cuyos cargos políticos se eligen de manera legítima por el respaldo del pueblo.
Según manifestó, estas conductas delictivas no solo lesionan la institucionalidad y la seguridad ciudadana, sino que también socavan los valores de una democracia, el respeto, la tolerancia, el gobierno electo por el pueblo y la transparencia.
“Cuando detectamos, a través del Departamento de Financiamiento, que puede haber dineros de origen ilícito, remitimos las relaciones de hecho al Ministerio Público. Es al Ministerio Público al que le toca valorar si hay o no una opacidad en esos recursos, si el origen es lícito o ilícito, y cuál es la ilicitud que los provoca”, enfatizó.
Zamora admite que existe una preocupación general en cuanto a que la ola de inseguridad penetre la política o las estructuras partidarias. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no ha sido un tema que se haya presentado en un proceso electoral en un nivel de gravedad “como para no poder manejarlo”.
El pasado 11 de abril, en el discurso de entrega de credenciales a los 84 nuevos alcaldes, la magistrada llamó a los jerarcas a enfrentar el narcotráfico y todo lo que alimenta esta actividad ilícita, así como la falta de oportunidades, la corrupción y “la cobardía de no ver los problemas y encararlos”.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que evaluó las elecciones municipales del pasado 4 de febrero, reportó preocupación de que grupos narcotraficantes financien a candidatos o partidos políticos en las campañas electorales del país.
Si bien el informe resaltó la transparencia y solidez del sistema electoral costarricense, señaló que persisten los problemas en el sistema de financiamiento de las campañas políticas por una excesiva dependencia de los recursos privados.
“La Misión tomó nota de una preocupación creciente de varios actores por el riesgo del ingreso del crimen organizado y, con ello, de fondos ilícitos (especialmente provenientes del narcotráfico) en la competencia política. Teniendo en cuenta lo anterior, la misión considera importante que se generen espacios de análisis para conocer la dimensión y enfrentar esta problemática”, cita el documento de la OEA.
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Narcotráfico y dinero ilícito en la política
En noviembre de 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó, mediante escuchas telefónicas, que sospechosos de integrar una banda dedicada al tráfico internacional de cocaína líquida pretendían financiar candidatos a alcalde para favorecer negocios en los cantones de Santa Ana y Pérez Zeledón.
Los sujetos, detenidos el 14 de noviembre, al parecer, lavaban dinero y exportaban la cocaína líquida mediante refrescos, destinados a Europa y Asia.
Según publicó Telenoticias y consta en el expediente 22-000088-0622-PE, dos sospechosos del conocido Caso Corona, hablaron el 25 de abril de montar personas en las alcaldías de Santa Ana y Pérez Zeledón, pues ya no tenían muchos proyectos para desarrollar en Poás de Alajuela ni “propiedades o capital que valga la pena para una inversión”.
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