La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, urgió a los diputados a aprobar el proyecto de ley que cambiaría el mecanismo de financiamiento de los partidos políticos. La jerarca calificó de prioritaria esa iniciativa, de cara a los comicios del 2026.
Se trata de la iniciativa que elevaría del 15% al 50% el porcentaje de anticipo de la deuda política y que destinaría un 20% del aporte estatal a un fondo especial bajo administración del TSE, el cual se distribuiría equitativamente, entre todos los partidos, para pagar pauta publicitaria en medios de comunicación.
En segundo término, pero no menos importante, Zamora abogó por la aprobación de un plan para regular el uso de troles en campañas y combatir la desinformación.
“Si pensamos en las elecciones del 2026, el financiamiento sería crucial, junto con las plataformas digitales; estos podrían ser los dos temas más urgentes”, declaró Zamora en una entrevista exclusiva con La Nación.
“No son reformas político-electorales, son muy moderadas, pero pueden producir cosas muy buenas en el sistema partidario, en el sistema de financiamiento, en el sistema del organismo electoral. La insistencia nuestra con los señores y señoras diputadas es que toquemos todo aquello del proceso electoral y del sistema electoral que debe cambiarse, que debe mejorarse, pero no cambiemos aquello que ha funcionado bien, de ahí la necesidad de que haya una discusión, un análisis profundo por parte de la Asamblea”, agregó.
Esas son dos de las cuatro reformas electorales que el TSE presentó, en marzo del 2023, a la Asamblea Legislativa, y que fueron abandonadas por los diputados, quienes han optado por impulsar su propia agenda, a pesar de las graves consecuencias advertidas por el órgano electoral.
En esa ocasión solicitaron apoyo al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, para promover el avance de las iniciativas. Sin embargo, las propuestas pasaron cinco meses a la espera de que algún diputado las llevara a corriente legislativa; hasta que, el 27 de agosto del 2023, la bancada del Frente Amplio (FA) anunció que las impulsaría.
Proyecto prioritario de cara a elecciones del 2026
La iniciativa sobre el financiamiento electoral se tramita bajo el expediente N.° 23.883. Además de elevar el monto de la deuda política anticipada del 15% al 50% en las elecciones nacionales, pretende extender este beneficio a los comicios municipales, donde actualmente no se contempla. Para ello, se planea reformar el artículo 96 del Código Electoral.
Hay que recordar que la Constitución Política estableció en su artículo 96 que el “Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos” y estableció que esa contribución equivaldrá al 0,19% del producto interno bruto del año trasanterior a las elecciones nacionales.
Es la distribución de ese monto la que se quiere cambiar no solo elevando el porcentaje anticipado, sino también cómo se debe repartir la suma que reciben los grupos políticos.
La idea es que hasta un 80% sea para financiamientos directos y gastos del partido, previa comprobación, así como un 20% para financiamientos indirectos, es decir, pauta contratada, pagada y distribuida por el TSE, de forma equitativa, entre todos los partidos.
El TSE también propone establecer que las agrupaciones destinen, como máximo, un 15% de la contribución estatal para sus reservas de capacitación y organización. Ese límite actualmente no existe.
Ese proyecto, de igual forma, prohibiría a los partidos reconocer gastos en bienes y servicios pagados a integrantes del Comité Ejecutivo o a sus familiares, así como personas jurídicas vinculadas.
Actualmente, agrupaciones como Renovación Costarricense (en estado inactivo) y Restauración Nacional contratan de forma permanente o por servicios, a familiares directos de la cúpula, una práctica que el TSE pretende impedir con esa reforma.
Según Zamora, el financiamiento electoral debe ser más austero y oportuno para que llegue a los partidos a tiempo, antes de que pase una elección. “Hoy no pueden acceder a la contribución adelantada; el monto es muy bajo y llega tarde porque los requisitos para obtenerla son muy engorrosos”, explicó.
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Prohibición de uso de troles
La segunda reforma prioritaria señalada por la jerarca del Tribunal sobre el uso de troles en redes sociales durante la campaña, busca prohibir propaganda a través de perfiles, cuentas y páginas falsas, o bien, cuentas administradas por una persona distinta al titular.
El proyecto de ley N.° 23.885 también autoriza al TSE a sancionar la desinformación y propaganda mediante troles.
Además, se otorga al órgano electoral la potestad de ordenar el retiro de propaganda en periodos de veda, o cuando se viole el artículo 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre propaganda a favor de la guerra y apología del odio nacional, racial o religioso que incite a la violencia. Esta regulación también se aplicaría, según la propuesta, a las plataformas de streaming, motores de búsqueda y redes sociales.
Los otros dos proyectos del TSE
La tercera reforma del TSE se tramita bajo el expediente N.° 23.884 y propone actualizar el número de personas necesarias para formar un partido político, con la intención de evitar la proliferación de los partidos “taxi”.
Se eleva el mínimo actual de 100 personas para partidos nacionales o provinciales a 150, mientras que la cantidad para partidos cantonales pasa de 50 a 75. Además, incorpora la supervisión del TSE en el proceso de constitución del partido.
Asimismo, la propuesta busca reformar el artículo 60 del Código Electoral para incluir, entre los requisitos actuales de inscripción, que los partidos políticos deben contar con adhesiones equivalentes hasta el 0,15% del total de votantes del padrón nacional, según la escala del partido político.
Actualmente, el Código Electoral establece que solo se necesitan 3.000 firmas para partidos nacionales, 1.000 para provinciales y 500 para cantonales.
Igualmente, incorpora que si un año después de que venza la estructura de un partido político, no hay actividad para su renovación, se declarará inactivo. Esto resultaría en el congelamiento de cuentas y operaciones de crédito. Si pasa un año más sin actividad, se cancelará su inscripción, y cualquier fondo en sus reservas se devolverá al Estado.
Mientras que la cuarta iniciativa reforma el artículo 96 de la Constitución Política para reducir el aporte estatal a los partidos políticos, del 0,19% al 0,11% del PIB.
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