Regular el uso de troles para combatir la desinformación en campañas políticas es una de las cuatro reformas planteadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que la bancada del Frente Amplio (FA) acogió para impulsarlas en el Congreso.
Los frenteamplistas también presentaron un proyecto para prohibir a los partidos la contratación de familiares de sus dirigentes y otro para reducir en forma definitiva el aporte del Estado a las agrupaciones políticas del 0,19% al 0,11% del producto interno bruto (PIB).
Además, plantearon una reforma para endurecer los requisitos para conformar una agrupación política. Por ejemplo, se fijaría un mínimo de 150 asambleístas para los partidos nacionales o provinciales, y de 75 asambleístas para los cantonales.
Como parte de esta última iniciativa, se exigiría un total de adhesiones equivalentes al 0,15% del padrón electoral para inscribir un partido, en lugar de las 3.000 firmas que se piden hoy, y se permitiría cancelar partidos que acumulen dos años sin renovar estructuras.
“Estos cuatro temas son de urgente discusión y por eso presentamos estos proyectos con el objetivo de abrir el debate e incorporar mejoras durante el trámite legislativo”, anunció el subjefe frenteamplista, Antonio Ortega.
Ortega alegó que se trata de modificaciones indispensables para tener una democracia más participativa, y para evitar que “la corrupción, los intereses mezquinos y los dineros sucios se metan a financiar campañas políticas”.
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La Nación consultó a la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) su posición respecto a los proyectos de reformas electorales. Al respecto, la congresista Vanessa Castro aseguró que se sentía orgullosa del protagonismo del TSE.
“El TSE demuestra que está presente, activo y leyendo constantemente el quehacer electoral. Sin duda regular troles y desinformación no es sencillo, pero tenemos que hacerlo por la salud de nuestra democracia.
“El Tribunal reconoce que el momento en que se da el financiamiento electoral es crucial, para impedir estructuras paralelas y recursos con procedencia no transparente. Lo recibo de muy buena manera, entendiendo lo que ocurre con los ‘partidos taxi’, o estructuras que se crean para ser alquiladas, lo cual es inmoral y poco ético”, declaró la diputada.
Ni familiares ni troles
El TSE planteó la necesidad de realizar cuatro reformas electorales ante situaciones específicas detectadas en los comicios del 2022.
Por el ejemplo, uno de los proyectos presentados por el FA propone aumentar el porcentaje de anticipo de la contribución estatal para los partidos políticos de un 15% a un 50%, y autorizar ese anticipo también para elecciones municipales.
Dicha modificación conllevaría también una prohibición de que se con ese dinero se contraten a familiares o empresas ligadas a miembros del partido político, por tratarse de un conflicto de interés.
Tal modificación obligaría a los partidos a establecer mecanismos estatutarios para revocar el mandato de integrantes de los jerarquías que infrinjan esa norma.
Otra reforma propuesta se enfoca en regular el uso de las redes sociales para las campañas electorales, pero principalmente el uso de troles y de todo tipo de mecanismos de desinformación que se utilicen mediante herramientas virtuales.
Específicamente, la iniciativa del FA plantea prohibir la propaganda por medio de perfiles, cuentas o páginas falsas, o cuentas administradas por una persona que no es el titular. En caso de incumplimiento, el TSE quedaría facultado para aplicar sanciones.
Como parte de ese misma reforma, se propone extender la veda electoral para los espacios digitales. Es decir, en los días en que la ley prohíbe propaganda en medios tradicionales, también aplicaría en las plataformas digitales.
Aunque el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, se había comprometido con los magistrados electorales a impulsar dichas iniciativas, habían pasado cinco meses sin presentarse a la corriente legislativa.
A inicios de julio, jefes de las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Progreso Social Democrático (PPSD) y el FA habían afirmado que tenían interés en reactivar la comisión especial sobre reformas electorales en el Congreso.
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