Las reformas electorales que propone el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tienen, en la historia política reciente, antecedentes que ilustran los cambios pretendidos por el órgano electoral.
El pasado 29 de marzo, a más de un año de las elecciones nacionales, los magistrados anunciaron cambios que consideran pertinentes por experiencias recientes en los procesos electorales y partidarios.
Los cambios tienen que ver con la formación de partidos políticos, así como el financiamiento, la fiscalización del dinero que reciben las agrupaciones políticas y la discusión política en las plataformas digitales.
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- Troles en elecciones 2022
Alberto Vargas Zúñiga, administrador del personaje ficticio Piero Calandrelli, destapó una red de troles que presuntamente operó durante la campaña electoral a favor del entonces candidato Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), hoy presidente de la República.
Vargas denunció que, a principios del 2022, el PPSD le habría ofrecido poco más de ¢1 millón para “inflar” la imagen de su aspirante presidencial, así como atacar a otras agrupaciones políticas y a medios de comunicación, de previo a la segunda ronda.
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Dijo que el ofrecimiento vino de parte de la entonces jefa de campaña, Joselyn Chacón, quien luego fue ministra de Salud. Sin embargo, adujo que no recibió lo prometido.
Según Vargas, el pago negociado fue de ¢145.000 semanales, durante ocho semanas (¢1.160.000 en total), comprendidas entre la primera ronda del 6 febrero y el balotaje del 3 abril.
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Con la reforma que pretende el TSE, las personas físicas podrán inscribirse para hacer propaganda a favor de los partidos políticos; sin embargo, quedaría prohibido el uso de páginas falsas o perfiles, cuyo administrador no esté identificado.
Además, se fijarían multas para quienes lo hagan de 10 a 50 salarios base, es decir, de ¢4,6 millones a ¢23 millones.
Para este proyecto, sería trascendental la colaboración por parte de empresas proveedoras de redes sociales como Meta (proveedora de Facebook e Instagram), Twitter o TikTok.
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- Papeleta histórica y partidos ‘taxi’
En las pasadas elecciones nacionales, 25 agrupaciones presentaron candidatos a la presidencia y 36 se presentaron en la papeleta para diputados.
Una cifra histórica de partidos políticos, entre ellos los conocidos como partidos “taxi” o “cascarón”, fue objeto de reflexión y análisis por parte de las autoridades electorales.
A eso se suma una cantidad importante de agrupaciones que pretende sumarse a la oferta en las elecciones municipales.
El TSE propuso endurecer los requisitos para la inscripción de nuevos partidos políticos. Para ello, se aumentaría la cantidad de adhesiones necesarias para conformar agrupaciones políticas, además que se aumentaría el número de asambleístas que participan en la constitución de un partido político.
En vez de las 3.000 firmas requeridas hoy para crear un partido nacional, se pediría el equivalente a un 0,15% del padrón electoral (5.300 actualmente).
- Intento por revocar a secretario general
En la resaca electoral del 2022, un movimiento del Partido Liberación Nacional (PLN), que respaldó la solicitud de la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014), pidió la renuncia del entonces secretario general Gustavo Viales, quien fue cuestionado por recoger unos documentos en el condominio donde luego fue detenido un presunto narcotraficante.
Ante la negativa de Viales de renunciar, una parte del PLN clamó porque la Asamblea Nacional revocara su nombramiento. Sin embargo, el exdiputado cuestionó la propuesta y amenazó con acudir al TSE si el órgano superior avanzaba con tal idea, pues la consideraba contraria a la ley.
Finalmente, Viales optó por renunciar a su cargo.
En una de las reformas planteadas por el TSE, se facultaría a las asambleas superiores de las agrupaciones políticas a remover a los miembros de su comité ejecutivo por una decisión meramente política.
- Contratación de familiares
Son varios los partidos políticos que contratan familiares durante las campañas o dentro de su planilla permanente. El caso de Restauración Nacional es uno de los más evidentes.
Juan Carlos Avendaño Salas, hijo de Carlos Avendaño, presidente de la agrupación, recibe mensualmente un salario por ¢3,3 millones por trabajar para la agrupación que actualmente no tiene actividad política, al tener sus estructuras vencidas.
Inicialmente, Restauración pretendió cobrar al TSE ¢4,3 millones de salario para Avendaño Salas, pero los magistrados rechazaron esa cifra por ser “visiblemente desproporcionado”, así que la agrupación bajó el monto que intentó le reconocieran.
Ante esta realidad, el TSE plantea que se prohíba la contratación de servicios y bienes a familiares del Comité Ejecutivo de los partidos.
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- Negativa de los bancos a dar información
En la pasada campaña electoral, el Banco Nacional (BN) se negó, ante una primera solicitud, a entregar al TSE información sobre el fideicomiso que financió, al margen de las cuentas del PPSD, la candidatura de Rodrigo Chaves.
Esa información solo fue posible obtenerla luego de que los magistrados emitieron una resolución, basada en jurisprudencia de la Sala Constitucional, para obligar a la entidad que lo hiciera, orden que fue acatada por el BN.
Es por eso que el TSE plantea que las oficinas estatales, tanto el Ministerio de Hacienda como los bancos, colaboren con el suministro de información de aquellos que intervengan en la dinámica económico financiera partidaria, quienes además estarían obligados a dar información que compruebe su solvencia económica.
- Partidos inactivos
Aunque una gran cantidad de partidos políticos aparece durante el periodo electoral, la gran mayoría cae en coma por inactividad o por vencimiento de estructuras.
Hay más de 10 partidos “en reposo”, pero no se pueden desinscribir y por lo tanto, pueden volver a la arena política en cualquier momento.
Por eso, las reformas incluirían la posibilidad de que las agrupaciones con más de dos años de vencidas sus estructuras (con vigencia de cuatro años) queden desinscritos.
- Altos gastos en organización
Los partidos políticos necesitan dinero para mantenerse en operación y capacitación durante los periodos electorales y no electorales. Es por eso que las agrupaciones que obtengan al menos 4% de los votos en una elección nacional o logren colocar un diputado, pueden cobrar contribución estatal que pueden usar para pagar la campaña política y para organización.
Cada partido, en su autonomía, define cuánto del dinero al que puede acceder lo deja para los gastos de los procesos electorales y cuánto para mantenerse en operación en los demás periodos.
El TSE propone fijar un tope del 15% para organización y capacitación, como lo hace la mayoría de partidos.
Actualmente, algunos grupos destinan más recursos para mantenerse en operación, en vez de pagar las campañas.
Por ejemplo, agrupaciones nacionales como Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Restauración Nacional o Renovación Costarricense destinan 50%, 60% y 80%, respectivamente, para gastos de organización y capacitación, por lo cual guardan millonarias reservas para sus gastos operativos.
Otras superan el 15% son el Frente Amplio, que destina el 25%, y Nueva República, con un 20%.
